Definición sobre explotaciones mineras se tomaría por comunidad y otras partes interesadas.

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Precisamente en un momento en que algunos mecanismos de participación ciudadana son materia de discusión porque a juicio de algunos se estaría abusando de éstos, como la revocatoria sin motivo de alcaldes y las consultas populares que se han perfilado básicamente contra la minería, el Senado iniciará el día de hoy con una audiencia en la Comisión Primera el estudio de una iniciativa que tiene por objeto modernizar el funcionamiento de estos instrumentos.

La iniciativa que fue radicada en julio pasado por el senador Roy Barreras (Partido de La U) modifica los procedimientos establecidos en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, leyes estatutarias que regulan los mecanismos de participación democrática, “con el fin de mejorar los procedimientos de deliberación pública que permitan la toma informada de decisiones y fortalecer el ejercicio de los derechos políticos”, reza la iniciativa

En el caso de las consultas populares han sido uno de los mecanismos de participación democrática más utilizados en el país. Desde el año 2013, diferentes municipios en los que se realizan actividades de economía extractiva las han realizado para prohibir actividades mineras y de explotación petrolera, sin embargo, indica el parlamentario Barreras en la iniciativa , “no en todos los casos ha sido vinculante la decisión ciudadana, por diferentes razones, que van desde unos derechos adquiridos por la compañía a través de unos compromisos del Estado colombiano, caso Piedras, Tolima,  hasta una indebida elaboración de la pregunta objeto de la consulta, caso Cajamarca, Tolima”.

Es por esto que esta iniciativa propone que los proyectos de alto impacto no solo ambiental sino también social, sean consultados a la comunidad mediante un proceso de licenciamiento, en el que participen todas las partes involucradas en el proyecto, se hagan las propuestas pertinentes y se tome una decisión concertada, en pro de garantizar el interés y bienestar generales.

“La decisión que surja de ese proceso de licenciamiento social se formaliza mediante acuerdo municipal o distrital o a través de una ordenanza departamental y esta decisión a su vez puede ser objeto de refrendación popular, de tal suerte que la participación de la ciudadanía pueda tener el efecto esperado antes de la puesta en marcha de los proyectos de alto impacto y no durante su ejecución”, explica el proyecto de ley.

Revocatoria de mandato

Este proyecto de ley estatutaria propone también dos reformas al mecanismo de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, y consiste en establecer la competencia de la Autoridad Electoral para definir una fecha exacta para la realización de todas las revocatorias del mandato que soliciten los ciudadanos con los requisitos establecidos en la Ley 1757 de 2015, de tal suerte que la Registraduría Nacional del Estado Civil prepare por una sola vez, para todo el país, toda la logística necesaria para que los ciudadanos acudan a las urnas en cada departamento, municipio o distrito, que así lo haya solicitado.

El senador Roy Barreras señala que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1757 de 2015, entre el año 1996 y 2014 se llevaron a cabo 114 procesos de revocatoria del mandato, en las urnas ninguna obtuvo el umbral aprobatorio requerido.

En lo corrido de este año se han convocado 107 revocatorias del mandato.

Todos estos procesos de revocatoria, realizados en diferentes fechas, le cuestan al país $98.353.000.000 y el único resultado obtenido ha sido una baja participación ciudadana, indica el proyecto de ley del Parlamentario del Partido de La U.

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