Por culpa de Medimás suspenden a Supersalud | El Nuevo Siglo
Foto Supersalud
Jueves, 19 de Octubre de 2017
Redacción Web
Norman Julio Muñoz habría autorizado el inicio de operaciones de la EPS que no cuenta con una red que prestadores de servicio en el país.

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La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional por tres meses al superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás EPS sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país.

Así mismo, por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS por las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento.

La medida cautelar adoptada por tres meses contra Muñoz Muñoz, que le será notificada al presidente Juan Manuel Santos, busca evitar que el Superintendente en ejercicio de su cargo siga reiterando la falta.

“La valoración de la medida preventiva en lo que respecta al presupuesto de la reiteración o continuación de la conducta, cobra vigencia en tanto se observa que las funciones propias del cargo de Superintendente Nacional de Salud le permitirían adoptar las medidas administrativas para garantizar el derecho fundamental a la salud a los usuarios de Medimás EPS y como quiera que hasta el momento no las ha adoptado, este despacho observa que con la permanencia en el cargo de Norman Julio Muñoz Muñoz, la posible falta se reiteraría”.

En el proceso, la Procuraduría pudo establecer que a la Superintendencia de Salud llegaron más de 15 mil quejas, peticiones, reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa promotora de salud Medimás S.A.S., sin que se hubieran tomado acciones.

 

Había que intervenir

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, había solicitado en la semana a la Superintendencia Nacional de Salud la inmediata intervención forzosa administrativa de Medimás EPS, debido a la inexistencia de red de prestadores de servicios que impiden garantizar la atención en salud, violando los derechos fundamentales de cerca de 5 millones de  afiliados.

“Esta intervención busca colocar a la entidad en condiciones de cabal y estricto cumplimiento de sus obligaciones como EPS o establecer si debe ser liquidada”.

El jefe del Ministerio Público advirtió que Medimás no garantiza el plan obligatorio de salud de sus usuarios, quienes ya venían padeciendo la mala atención y los problemas de Cafesalud por casi dos años.

“Lo que la Procuraduría busca es tener una actuación oportuna en función de la protección de los afiliados a esta EPS, sus familias y sus derechos fundamentales. No vamos a esperar otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar. Estos colombianos, reitero, no aguantan un mes más en estas condiciones”.

Carrillo Flórez cuestionó los incumplimientos de la EPS, que a diario se ven reflejados en demoras en la atención o en las consultas médicas especializadas, retrasos para la programación de cirugías, no entrega de medicamentos, no pago de enfermedades por incapacidad laboral ni licencias de maternidad, desatención a fallos de tutela, no prestación de servicios de urgencias, entre otras omisiones, que suman más de 10.000 quejas ante la misma Superintendencia en los 34 primeros días de operación, con corte a 4 de septiembre.

A esto se suma las 5.000 peticiones de información, que en su mayoría tienen relación con solicitudes de traslado a otra EPS.

“La falta de atención idónea y de una red suficiente para la prestación de servicios de salud, no solo afecta a los afiliados en general, sino lo que es aún más grave, los derechos de población vulnerable y de especial protección constitucional como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo”.

El jefe del ente de control señaló que de los 29 departamentos donde opera Medimás, la Procuraduría cuenta con certificaciones expedidas por 27 entes territoriales donde la EPS no tiene contratada una red de prestadores de servicios.

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