Cataluña: elecciones el 21 de diciembre

Foto Agence France Press
Tras la proclamación de la independencia, La Moncloa destituyó el gobierno catalán y disolvió el Parlamento.
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El jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció este viernes las primeras medidas contra la "escalada de desobediencia" en Cataluña (cuyo Parlamento declaró la independencia) que incluyen el cese de su gobierno, la disolución del Parlamento y elecciones regionales para el 21 de diciembre.

"Estas son las primeras medidas que ponemos en marcha, para evitar que los hasta ahora responsables de la Generalitat puedan seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y de agresión a nuestra Constitución", anunció Rajoy en un mensaje en el Palacio de la Moncloa.

Rajoy habló pocas horas después de que el Senado autorizara al gobierno español la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le extendió poderes extraordinarios para preservar la unidad del país ante del desafío independentista en Cataluña.

Así, el jefe de gobierno conservador destituyó al presidente catalán, el secesionista Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de su Ejecutivo, y dijo que los ministerios de Madrid asumirán las competencias de cada consejería homóloga catalana.

"Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña. Y el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas" que serán "limpias, libres y legales" continuó Rajoy.

Las medidas buscan "evitar el secuestro inadmisible de una mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al resto de españoles", dijo Rajoy, que calificó este viernes de "jornada triste, en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley", en referencia a la declaración de independencia del Parlamento catalán.

Otras medidas comprenden la destitución del director general de la policía regional catalana Pere Soler, de los representantes del gobierno catalán en Madrid y Bruselas, y la "extinción" de las "conocidas como embajadas" catalanas en el mundo.

Rajoy resaltó que estas medidas fueron tomadas con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del partido de centroderecha Ciudadanos.

Senado

El jefe del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, pidió este viernes al Senado autorización para destituir al presidente regional catalán Carles Puigdemont y a todo su equipo, para frenar su proyecto independentista.

Pido "proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros" del ejecutivo regional, dijo Rajoy, provocando aplausos del hemiciclo. Igualmente pidió potestad para disolver el Parlamento catalán, a fin de convocar elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses.

Minutos antes el  gobierno español había obtenido la autorización del Senado para aplicar una amplia batería de medidas con las que intervenir la autonomía catalana y atajar el proyecto independentista de sus actuales autoridades.

Las disposiciones se amparan en el artículo 155 de la Constitución española, nunca empleado de lleno, y ya están en vigor, al haber sido publicadas este mismo viernes en el Boletín Oficial del Estado.

Entre esas medidas, el ejecutivo central de Mariano Rajoy prevé destituir al gobierno regional y tomar el control de la policía.

Gobierno catalán

El gobierno de Rajoy podrá cesar a la totalidad del ejecutivo regional catalán, que tiene como presidente a Carles Puigdemont y como vicepresidente a Oriol Junqueras.

Sus funciones quedarán en manos de los ministerios, o bien de "los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la nación".

Igualmente, Rajoy tendrá potestad para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones "en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado". Actualmente, dicha competencia le corresponde a Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Más allá del gobierno catalán, el ejecutivo de Rajoy va a poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en los organismos y entidades dependientes de la Generalitat.

Policía catalana

Cataluña cuenta con su propia fuerza de policía, los Mossos d'Esquadra, que en condiciones normales depende exclusivamente del consejero regional de Interior. Sólo en caso de operativos desplegados por motivos de especial gravedad puede depender del Estado.

El ejecutivo de Rajoy puede sin embargo ahora "dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento" a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos.

Incluso, "en el caso de que sea necesario", los miembros de la policía catalana "serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", esto es, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las finanzas

Ya en septiembre, el gobierno central intervino las cuentas de la Generalitat, para intentar en vano impedir el referendo del 1 de octubre. La medida sigue vigente.

Ahora tiene autoridad para ejercer todas las competencias financieras, presupuestarias y fiscales, y asegurarse así de que ni un solo euro de los impuestos locales o el dinero enviado desde Madrid sea desviado a la financiación del proyecto independentista.

Telecomunicaciones

Rajoy obtuvo igualmente asumir "las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales".

Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.

El ejecutivo había pedido también controlar los medios de comunicación, a saber, la televisión y la radio públicas (TV3 y Catalunya Ràdio). En virtud de una enmienda, dicha proposición se cayó del texto.

Parlamento

El Senado establece por otro lado algunas limitaciones a la actividad del Parlamento catalán, de mayoría independentista.

En virtud de éstas, una vez destituido Puigdemont no podrá celebrar ninguna sesión de investidura de un candidato a sucederlo.

Igualmente, la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat.

El gobierno había solicitado poner bajo su completa tutela la actividad parlamentaria, para asegurarse de la constitucionalidad de todo texto tramitado en la cámara. Sin embargo, esta propuesta también quedó en nada, pues los controles inicialmente pedidos son "contrarios a la Constitución", indicó el Senado.

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