La sentencia del alto tribunal dejó en claro que lo negociado, si bien no es intocable, sí limita la capacidad legislativa y reglamentaria de los próximos tres gobiernos. Pero al mismo tiempo, es evidente que por constituyente primario se puede cambiar a fondo o incluso derogar lo acordado. Es allí en donde la contienda por la Casa de Nariño y el Congreso toma un vuelo distinto. 

_______________

El fallo esta semana de la Corte Constitucional avalando el acto legislativo que se tramitó para dar estabilidad jurídica, por los próximos 12 años, al acuerdo de paz firmado con las Farc, no solo impacta la campaña presidencial sino que ratifica a ese pacto y sus implicaciones como el eje central de la contienda proselitista.

Lo que el Alto Tribunal determinó en su sentencia es que los próximos tres gobiernos en Colombia que legislen, decreten o reglamenten asuntos relacionados con el pacto habanero, están obligados a guardar coherencia con el contenido del mismo.

Es decir, que el pacto no es “intocable”, pese a la interpretación que le daban varios sectores gobiernistas, sino que hay una obligatoriedad de que cualquier acto legislativo, ley, decreto o reglamentación que se dicte al respecto, de aquí al 2029. no debe ni puede contrariar los compromisos, el contenido, los principios y el espíritu de lo suscrito con la guerrilla tras cuatro años de negociación en Cuba.

En ese orden de ideas, hablar de un “blindaje” definitivo a lo negociado con las Farc -hoy ya desarmadas, desmovilizadas y convertidas en partido político- no resulta un cien por ciento cierto, toda vez que, como se dijo, cualquiera de los próximos congresos o gobiernos puede impulsar reformas legales, constitucionales y reglamentarias sobre la materia.  Por ejemplo, bien podría determinarse la ampliación del número de magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz o impulsar reformas procedimentales a los actos legislativos, leyes y decretos ya dictados al amparo del ‘fast track’, pero que requieren nuevos desarrollos normativos para asegurar el cumplimiento de lo negociado.

En otras palabras, la reglamentación es un “medio” para cumplir un fin: la implementación de lo suscrito.

El mismo comunicado de la Corte explicando el fallo sobre este acto legislativo deja en claro que la expresión “obligación” se refiere a “una obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo”.

¿Puede reformarse?

Ahora bien, el fallo de la Corte en modo alguno restringe la posibilidad de que el acuerdo de paz negociado pueda ser reformado a fondo o incluso derogado por la vía del constituyente primario. Es decir,  que mediante convocatoria de plebiscito, referendo o consulta popular, tramitados al amparo de la ley 134 de 1994 y sus ajustes posteriores, se puede proceder a cambiar lo pactado, dado que el constituyente primario tiene preeminencia para modificar la Constitución en cualquier circunstancia de tiempo, modo y lugar.

Esta alternativa es absolutamente viable porque, como lo ratificado la Corte esta semana, el acuerdo de paz no es un cuerpo normativo en sí mismo y tampoco hace parte de la Constitución ni del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, no es una norma jerárquica superior ni tiene carácter preeminente sobre los mandatos que tome el constituyente primario en desarrollo de su ejercicio soberano de la democracia directa y participativa. 

De igual manera, en caso de acudirse al constituyente primario no se podría alegar la causal de “sustitución de la Constitución” para oponerse a la reforma del acuerdo por la vía de mecanismos de participación popular.

En ese orden de ideas, durante los próximos 12 años la Corte sí puede derogar cualquier acto legislativo, ley, decreto, reglamentación o norma de menor jerarquía que considere va en contra del espíritu, contenido o principio de lo pactado. Pero no podría el Alto Tribunal hacer lo mismo si la reforma en cuestión se hace mediante un mecanismo de democracia directa y participativa, que tiene un mayor estatus a la democracia indirecta y representativa que encarnan el Congreso y la Presidencia de la República.

Y ahora…

Así las cosas, la campaña presidencial no quedó restringida ni amarrada por el fallo de la Corte. Todo lo contrario: la puja por la sucesión de Juan Manuel Santos será ahora más fuerte entre quienes buscan asegurar el cumplimento de lo negociado y aquellos que proponen ajustarlo a fondo.

Si ganan los primeros, la sola llegada a la Casa de Nariño no les asegura que el pacto no será tocado en temas sensibles, pues seguramente se enfrentarán a un plebiscito o referendo para forzar esas reformas. Y si los triunfadores son de la orilla que quiere corregir el acuerdo estructuralmente, es claro que por vía gubernativa o parlamentaria no podrán hacerlo, sino que también deben acudir al constituyente primario.

De allí que, ahora más que nunca, el ganador de la elección  debe asegurar, de paso, una coalición parlamentaria amplia y dominante para cumplir su cometido, sea cual sea. Y a ello tendría que sumarse que la coalición del nuevo Presidente tiene que ser tan fuerte que le permita proceder al poco tiempo a impulsar un plebiscito o referendo, o a bloquearlo.

De esta forma, si esta semana algunas voces del Gobierno indicaron que el fallo del Alto Tribunal dando estabilidad jurídica a lo negociado en La Habana por los próximos tres gobiernos, dejaba con “los crespos hechos” a quienes quieren hacer “trizas” el acuerdo -en referencia tácita al uribismo-, lo que en realidad produjo esta sentencia es todo lo contrario.

En el Congreso, sobre todo después de que la Corte, en mayo pasado, flexibilizará el alcance del ‘fast track’, determinando que los parlamentarios sí podían ajustar autónomamente los articulados de los proyectos relacionados con la paz, lo que se ha visto es que tanto el uribismo como otros sectores críticos buscan morigerar o limitar mucho de lo negociado, pero no acabarlo de un plumazo.

Ahora, por el contrario, si un gobierno impulsa un referendo para ajustar lo negociado en La Habana, es seguro que buscará modificaciones de fondo, estructurales o incluso derogar de tajo las gabelas políticas, jurídicas y económicas dadas a la guerrilla. Esa es la gran diferencia a partir del fallo de la Corte esta semana.

Una prueba de este nuevo escenario político es la campaña que ya está adelantando el uribismo para convocar un referendo que permita derogar parte de la JEP, pese a que la misma todavía no está constituida. 

Como se sabe, el acto legislativo que creó esta legislación durante el primer semestre en el Congreso todavía no tiene  fallo de exequibilidad en la Corte y sólo se conocerá a mediados de noviembre. A ello se suma que la ley estatutaria reglamentaria está en trámite parlamentario y tras el agitado debate en las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y Cámara, solo hasta la próxima semana llega a plenarias, en donde el pulso será sobre los ajustes al articulado hechos por sugerencia del Fiscal General. E incluso después será necesario que los magistrados del alto tribunal se den su propio reglamento y este sea adoptado por ley en el Congreso.

 

Las posturas

Para ilustrar mejor este nuevo escenario a partir del fallo de la Corte esta semana, se podría tomar como ejemplo lo que fue ese debate en las comisiones Primeras. Por ejemplo, Cambio Radical, partido fundado por el hoy candidato presidencial por firmas, Germán Vargas Lleras, advirtió reiteradamente que es necesario ajustar a fondo la JEP, así como la composición del Tribunal de Paz, tras considerar que muchos de sus magistrados tienen un claro sesgo político e ideológico de izquierda.

Si Vargas Lleras llegara a ganar la contienda presidencial esos ajustes a la JEP –que incluso forzaron que esta semana Cambio Radical fuera sacado de la coalición de Gobierno- no pueden tramitarse por vía de acto legislativo, ley o decreto o legislación menor, pues seguramente serían declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Debería, en su defecto, impulsar un plebiscito o un referendo para lograr ese propósito, necesitando no solo el apoyo del Congreso para viabilizar la convocatoria, sino una fuerza política suficiente para superar el umbral mínimo de participación de cualquiera de esos dos mecanismos y, además, que el Sí se imponga al No.

Igual podría decirse de las dudas que tienen algunos sectores conservadores respecto no solo a la justicia transicional y la participación en política de los desmovilizados, sino frente a la reforma al régimen de tierras, que si bien no ha sido radicada al amparo del ‘fast track’, al estar contemplada en el acuerdo de paz debe tramitarse así sea por vía ordinaria. 

Es más, la derrotada propuesta de la precandidata presidencial de la Alianza Vede, senadora Claudia López, en torno a que la participación política de los cabecillas y desmovilizados de las Farc solo se permitiera cuando hubieran sido condenados por la JEP, solo podría concretarse en el próximo gobierno por la vía de constituyente primario.

Incluso, los contradictores de algunas de las propuestas de la Fiscalía para ajustar la reglamentaria de la JEP estaban advirtiendo esta semana que para viabilizarlas, debido a que presuntamente contrariaban el espíritu del acuerdo, era necesario optar por uno de dos caminos.

El primero, convencer a los voceros de las Farc de la necesidad imperante de realizar esos ajustes y que, entonces, le dieran su visto bueno desde la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (Csivi).

O, segundo, aprobarlas en el Congreso pese a la oposición de las Farc y dejar que sea la Corte cuando revise su constitucionalidad la que determine, de un lado, si la ley estatutaria está en línea con nuestro ordenamiento constitucional y legal, y, de otro, si lo legislado “guarda coherencia” con los compromisos, contenidos, principios y espíritu del acuerdo final.

Discurso complicado

 

Ahora bien, si a los candidatos y partidos que proponen ajustar de fondo el acuerdo de paz el fallo de la Corte esta semana los obliga no solo a ganar la Casa de Nariño sino a acudir después a un plebiscito o referendo para concretar las modificaciones que prometen en campaña, en la otra orilla, es decir en la de los aspirantes y colectividades que  abanderan el respeto integral a lo negociado, la marea tampoco asoma fácil.

Si algo demuestran la mayoría de las encuestas de los últimos meses es que el nivel de apoyo al acuerdo de paz y su aplicación práctica es cada día menor. Y eso que todavía el grueso de la población no está consciente de la gran cantidad de gabelas políticas, jurídicas, económicas, sociales e incluso institucionales que el pacto otorga a los desmovilizados.

Será muy complicado para cualquier aspirante presidencial salir a defender en plaza pública que los guerrilleros de las Farc pueden ocupar curules pese a ser culpables de delitos atroces; que no pagarán ni un día de cárcel; que los desmovilizados tendrán derechos a ayudas superiores a los 24 millones de pesos; que por ocho años tendrán 10 curules aseguradas en Senado y Cámara; que no podrán ser extraditados por ningún motivo; que su partido político tendrá financiación especial; que continúan con el poder de veto sobre el proceso de implementación normativa que desarrolle el  acuerdo…

Sería ingenuo desconocer que cuando la opinión pública empiece a enterarse a fondo de cada uno de esos detalles del pacto, la oposición aumentará. Por más que los candidatos partidarios del acuerdo y de su cumplimiento al pie de la letra tengan a su favor la bandera de que es mejor ‘una paz imperfecta que una guerra perfecta’, lo cierto es que las encuestas evidencian que el grueso de los colombianos apoya la salida negociada al conflicto pero no quieren pagar un precio tan alto en materia de amplios márgenes de impunidad y gabelas a los guerrilleros.

¿Y los del centro?

El fallo de la Corte también debe poner a pensar a las campañas y precandidatos que tratan de ubicarse en el centro del espectro político, alejándose tanto en la orilla santista como de la uribista, o que tratan de no ser matriculados en las franjas de centro derecha o de centro izquierda.

Se sabe que el uribismo, Cambio Radical e incluso un sector de los conservadores son de la línea de ajustar a fondo el pacto, en tanto que la coalición que piensan construir el partido de La U y el liberalismo se ubica en la otra orilla. Es decir, en cumplir al pie de la letra lo pactado.

En el juego de la coaliciones de uno y otro lado es evidente que precandidatos como Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Juan Carlos Pinzón son de la tesis del ajuste a fondo, en tanto que Clara López, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo están por la línea de honrar lo suscrito, así no estén de acuerdo con algunos de los elementos negociados.

¿Es viable que algún candidato busque ubicarse en el centro de este escenario? Es muy difícil, aunque hay quienes ven un posible tercer escenario.

“Algunos de los candidatos y precandidatos que no son de la línea santista ni la uribista buscan afanosamente diferenciarse de una y otra. Deben, entonces, situarse en una posición intermedia… Por ejemplo, si definen cuáles son los asuntos del pacto que exigen ser reformados, deberían tratar de convencer a las Farc de la necesidad de tales modificaciones para salvar todo el proceso, ya se trate de elementos procedimentales o estructurales”, sostiene un estratega político que pidió la reserva de su nombre porque ya trabaja para una de las actuales campañas.

Agregó que el santismo y el antiuiribismo pueden estar en medio de una pelea “de corto vuelo” porque el debate sobre la JEP podría no llegar a la recta final de la campaña si la Corte, en su fallo de mediados de noviembre, “peluquea” y ajusta el acto legislativo que creó este sistema de justicia transicional.

“… Creo que hay un maximalismo político y electoral de los dos bandos que protagonizan la polarización en Colombia… De uno y otro lado se habla de que si se modifica el acuerdo se rompe el proceso de paz, o de que si se aplica lo negociado se acaba con el estado de derecho… Pero vea la paradoja: ya la Corte ha emitido fallos que, de un lado, otorgan seguridad jurídica del acuerdo pero, de otro, ha tumbado varios decretos y hasta flexibilizado el ‘fast track’, y no veo que el proceso se haya roto o que el estado de derecho colapsara”, precisó la misma fuente.

Respecto a lo que defina la Corte sobre la JEP, el estratega dijo: “¿cree realmente que las Farc van a volver a las armas porque no les gustó lo que decida el Alto Tribunal, o que los sectores críticos del acuerdo logren organizar un paro nacional porque crean que el visto bueno a esta legislación es un golpe de estado?... Como le digo, hay maximalismo y fatalismo de lado y lado, pero es más por la cuestión de la campaña que por realidades objetivas”.

Todos contra todos

Como se ve, la campaña presidencial y para Congreso ahora no solo están más unidas que nunca, sino que a partir del fallo de la Corte de esta semana es muy posible que aumente su ritmo y la hora de las definiciones.

Ya el uribismo dijo que antes del 19 de noviembre definirá su candidato, o ese mismo día, en una consulta popular abierta, este debe ser señalado. Esta semana la baraja de sus cinco aspirantes abrió la posibilidad de ampliarse, luego de la inscripción como militante del exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien no descartó oficializar su precandidatura. Y, también, se afirma que antes de que termine este mes se resolverá la suerte de la suspendida precandidatura de Oscar Iván Zuluaga. 

Por el lado de los liberales ya quedó claro que solo serán cuatro sus aspirantes (Humberto De la Calle, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco y Edinson Delgado Ruiz), luego de confirmarse que ni Juan Manuel Galán, Viviane Morales ni la aspiración a última hora de Sofía Gaviria fueron admitidas por esa colectividad.

Por los lados del conservatismo antes de que termine este mes se podría definir si irá a una consulta popular abierta el 19 de noviembre con sus dos precandidatos (Ubeimar Delgado y Rubén Darío Lizarralde), ya que está claro que ni Ramírez, Ordóñez o Pinzón aceptaron la invitación a postularse a noviembre de esa colectividad. La bancada parlamentaria considera que medirse en las urnas con esos dos nombres sería riesgoso.

En cuanto a La U el próximo viernes será clave. Pues ese día tiene lugar su convención nacional y allí medirán fuerzas los sectores parlamentarios que quieren una alianza con Vargas Lleras y aquellos que prefieren irse en coalición con el candidato liberal, ya sea De la Calle o Cristo.

De Clara López y Gustavo Petro lo único que se sabe es que están intensificando sus campañas de recolección de firmas pero no quieren avanzar todavía nada en materia de posibles coaliciones. Y en cuanto a la alianza López-Fajardo-Robledo, se afirma que poco a poco se vislumbra que los tres no llegarían a una consulta interpartidista en marzo y posiblemente se definan antes, por algún mecanismo, a favor de la candidatura del exgobernador antioqueño. Tras ello se buscaría una alianza o una consulta interpartidista, en marzo, con otros aspirantes como López o Petro, si es que la exministra de Trabajo no termina antes en llave con la coalición de liberales y La U.

Estamos a punto, entonces, de entrar en la fase de todos contra todos. El banderazo para la antepenúltima etapa de la campaña será el próximo 19 de noviembre. Luego arrancará el juego de las coaliciones, ya sea de cara a consultas interpartidistas el mismo día de las elecciones parlamentarias o con aspirantes ya decididos para ir directo a la primera vuelta presidencial en mayo.

Lo único cierto es que en todas esas instancias proselitistas el acuerdo de paz y su implementación serán el principal punto de debate, por encima de la corrupción, la inseguridad o la crisis económica. La premisa es sencilla: si el país está polarizado alrededor del acuerdo de paz con las Farc y su implementación, la balanza de las urnas en la lucha por el poder se definirá por ese asunto. El fallo de la Corte esta semana no hizo más que ratificar esa hoja de ruta.

Síganos en nuestras redes sociales:

@Elnuevosiglo en Twitter

@diarionuevosiglo en Facebook

Periódico El Nuevo Siglo en Linkedin