Puigdemont declaró la independencia y un minuto después dijo que la suspendía. La secesión no es aún una realidad. Parece, por lo dicho, que comienza una etapa de diálogo. Pero Cataluña ya tiene su arma para negociar: una declaración firmada de secesión

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¿Transitoriedad de la independencia? ¿Diálogo? En su comparecencia al Parlamento Catalán, Carles Puigdemont, jefe de gobierno de esa región, dejó el campo abierto para que los interrogantes sobre el futuro de esta comunidad autónoma española sigan sin resolverse.

Una hora después de lo agendado, en un martes con cara de domingo en la noche, lúgubre, Puigdemont llegó al Parlamento con una agenda en cuero que tenía un discurso que iba marcar un antes y un después en la historia de Cataluña.

En un tono sobrio, el jefe de gobierno saltó del catalán al castellano y de nuevo al catalán para describir los motivos que lo llevaron a la ruptura total con Madrid. “Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente”, dijo, en medio de los sollozos aplausos de la coalición independentista y el silencio sepulcral de la oposición, liderada por los partidos Ciudadanos y el PSOE (socialista).

 “Llegados a este punto asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, decretó, una sonora y totalizadora frase. Pero la alegría para los partidarios de la independencia fue de escasos segundos. Después de anunciar la independencia, Puigdemont le pidió al Parlamento que suspendiera “la declaración para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”.

Las caras largas quedaron inmóviles en la Plaza Lluís Companys, el fusilado líder catalán que se convirtió en polémica tras las declaraciones del portavoz del Partido Popular, que comparó su destino con el que, eventualmente, le tocaría a Puigdemont, en caso de seguir su intención secesionista.

Los independentistas querían, sí o sí, la consolidación de la república en un decreto. Pero no fue así. Por eso, la CUP –partido radical- anunció, tras la presencia del presidente catalán en el legislativo, que se había perdido una oportunidad para irse de España.

Embudo dialéctico

La declaración de Puigdemont fue un paño de agua tibia en medio de un incendio que no da señales, al menos ahora, de parar. También se convirtió, por su carencia de fundamento jurídico, en un precedente legal difícil de explicar.

Miquel Iceta, líder del PSOE en Cataluña, resumió la contradicción del líder separatista en una frase: “No se puede suspender una declaración que no se ha tomado”. Así es. Puigdemont declaró la suspensión de la independencia sin haber firmado la misma.

Una hora después, tras las intervenciones a favor y en contra de la independencia, Puigdemont, con bolígrafo en mano, firmó la independencia. La mirada cautiva de su vicepresidente, Oriol Junquera, lo resumía todo. Sí, la independencia. Pero no ahora.

La suspensión de la independencia puede significar muchas cosas. Una de ellas que, en teoría, la ley de Referendo terminaba su vigencia y le daba paso a la ley de Transitoriedad, que estipulaba los pasos para convertirse en un estado-nación.

La otra consecuencia es que eventualmente la próxima semana empezará un diálogo, no anunciado, pero en la cabeza de todos los españoles. “Para emprender un diálogo, para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña”, dijo Puigdemont al respecto.

De momento, ninguna de las partes ha demostrado una voluntad clara de negociación. Todo lo contrario. Cada día son más las apelaciones al desencuentro, la polarización y la falta de consenso.

Se estima, de acuerdo a las especulaciones de los últimos días, que alguna de las autoridades europeas será la mediadora.

La UE respalda a Rajoy

Mariano Rajoy comparecerá hoy en el Congreso de los Diputados para hablar de Cataluña. Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos alarmantes.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría dijo en el Senado que "vivimos uno de los momentos más importantes y difíciles de nuestra democracia", restaurada con las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978 tras la dictadura franquista.

El gobierno español recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió al ejecutivo catalán que "no anuncie una decisión que vuelva tal diálogo imposible".

Las presiones nacionales e internacionales, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, influyeron en Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar la crisis.

En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.

En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue el presidente regional Francesc Macià en 1931, y el segundo su sucesor Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.

Ante este horizonte, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.

"Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica". 

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