Mientras estudia la validez de 50 pruebas que iban a ser tenidas en cuenta en el juicio contra la excontralora Sandra Morelli, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió la audiencia que tenía prevista para este lunes.

Entre las pruebas que la Fiscalía pidió no tener en cuenta se encuentran 36 testimonios, entre ellos el del entonces contralor Edgardo Maya.

Morelli es investigada por presunto detrimento patrimonial al autorizar en 2012 arrendar una nueva sede de la Contraloría General en el edificio Gran Estación II, al occidente de Bogotá.

El ente investigador intenta probar que Morelli habría favorecido a un sólo proponente y habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial que ascendería a 12.000 millones de pesos.

La excontralora es acusada de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

También figuran una serie de documentos entre los que se destacan los planos de diseños técnicos realizados en la sede de Gran Estación II, y los registros de viajes de Morelli al exterior.

Para la Fiscalía, se trata de pruebas “impertinentes y repetitivas que desgastan la administración de justicia”.

De acuerdo con la defensa de Morelli, llama la atención que esas mismas pruebas iban a ser tenidas en cuenta por el ente acusador contra la excontralora para demostrar la supuesta “falta de rigor en la celebración del contrato de arrendamiento”.

Como se recordará, la Contraloría General funcionaba en la carrera décima con calle 15 en el centro de Bogotá, pero ante el deterioro de la edificación y las afectaciones de salud que sufrían los funcionarios, Morelli decidió vender la sede y trasladarla a Gran Estación.

Posteriormente se conoció que el propietario de la nueva sede de la entidad tenía problemas judiciales, a lo que se unió la investigación que le abrió el entonces fiscal Eduardo Montealegre.

Morelli siempre sostuvo que era una persecución y ante lo que calificó como falta de garantías, tan pronto terminó su periodo al frente del organismo de control, decidió viajar a Italia en donde estuvo por algún tiempo y respondió a las citaciones a través de videoconferencia.

Posteriormente regresó al país para atender el proceso y expreso que “confió en la justicia del mi país” y por ello se ha hecho presente en las diferentes diligencias programadas por la Corte Suprema de Justicia.

El inicio de juicio, previsto para el 23 de abril de 2016, fue aplazado porque la defensa de Morelli argumentó ante el alto Tribunal que no ha conocido la totalidad del material probatorio aportado por la Fiscalía y es necesario unos días para poder establecer las acciones que emprenderá en el juicio.

“La Fiscalía entregó 65 gigas de material y cuando lo fuimos abrir fue imposible leerlo porque no existía físicamente el material como tal y el descubrimiento como lo dice la norma, tiene que ser completo”, agregó el abogado Pérez en su momento.

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