Este documento sería entregado por el Registrador Nacional en las dos próximas semanas. Posteriormente, la Cámara alta cuenta con 30 días para pronunciarse sobre la conveniencia o no de la realización de esta jornada en contra de uno de los peores flagelos del país

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En las dos próximas semanas el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, entregaría al Senado la certificación donde consta que la consulta anticorrupción que promueve el Partido Alianza Verde cumplió con los requisitos, como son  al menos contar con  1'762.080 firmas válidas de respaldo así como presentar las cuentas sobre su financiación. Una vez llegue a sus manos este documento la Cámara alta tiene un mes para entregar un concepto sobre la conveniencia de la realización o no de esta jornada en la cual se espera que los colombianos decidan en las urnas sobre siete puntos, entre estos reducir los sueldos de los congresistas.

Al ritmo que se está tramitando esta iniciativa y de acuerdo con los tiempos establecidos en la ley, además contando con que el Senado de la República le dé luz verde, se estaría votando en el mes de febrero próximo, pocas semanas antes de las elecciones parlamentarias.   

La representante a la Cámara, Angélica Lisbeth Lozano Correa, una de las promotoras de la consulta anticorrupción, dijo a EL NUEVO SIGLO que “estamos esperando la certificación final para que entre al trámite de la plenaria del Senado… esperamos que salga en los próximos 15 días”.

La Parlamentaria del Partido Alianza Verde dijo que esperan que el Senado se pronuncie sobre la conveniencia de la consulta anticorrupción antes de que finalice el presente periodo legislativo, el próximo 16 de diciembre.

Lozano explicó que una vez que el Registrador Nacional entregue la certificación  acerca del cumplimiento de los requisitos de ley para el trámite de la consulta anticorrupción, “cuando entre al Senado tiene plazo de un mes para tomar la decisión”.

A mediados de septiembre pasado, la Registraduría terminó  de verificar las más de las 4,230.000 firmas ciudadanas de respaldo a esta iniciativa que entregó el Partido Alianza Verde. Un total de 3’092.138 firmas fueron aprobadas al determinar el organismo su validez.

Ahora la consulta irá a un único debate en la plenaria del Senado y si es avalada se requiere que unos 11 millones de colombianos acudan a la cita y que al menos la mitad más uno (cerca de seis millones) voten por el Sí a cada una de las siete preguntas para que se vuelvan de obligatorio cumplimiento para el Congreso y la Presidencia de la República.

Se han escuchado voces en el sentido que lo más conveniente es que esta iniciativa se votara en el presente año para que no coincidiera con las elecciones parlamentarias, pero los tiempos que establece la ley para la revisión de los apoyos, el visto bueno del Senado y la posterior convocatoria del Presidente de la República, hace poco probable que se haga antes de febrero de 2018.

La consulta anticorrupción es una iniciativa ciudadana que tuvo eco en el Partido Alianza Verde, la cual inició su trámite desde principios de este año, pero con antecedentes a finales de 2016, cuando era generalizado el malestar por el crecimiento de este fenómeno con hechos tan escandalosos como los multimillonarios sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena y la olla podrida que se destapó permitiendo detectar las coimas que pagó la constructora brasileña Odebrecht para hacerse a contratos.

También estaba para la Alianza Verde la frustración que le había generado el hecho de que más de cinco proyectos con medidas contra la corrupción que radicó en el Congreso terminaron hundiéndose o empantanados en su trámite.

En ese sentido, la consulta anticorrupción que promueve esta colectividad y sus parlamentarios recoge los objetivos de cinco proyectos, como es el caso del proyecto de ley de transparencia, archivado en tres oportunidades; dos veces el que reduce los salarios de los parlamentarios; dos veces el que pone límites a la reelección en corporaciones públicas; así como una iniciativa sobre contratación pública.

El pasado 26 de julio los senadores de la Alianza Verde, Claudia López y Antonio Navarro, la representante Angélica Lozano y el presidente de esta colectividad, Antonio Sanguino, entregaron en la Registraduría cerca de 150 cajas que contenían 4'312.653 firmas de ciudadanos en respaldo de la consulta anticorrupción.

 

Este alto número de firmas hace que la iniciativa sea hasta el momento la que tenga el mayor respaldo ciudadano en la historia del país.

Los tiempos

La revisión de la autenticidad de las 4'312.653 firmas que entregó el Partido Alianza Verde fue realizada por la Registraduría dentro de los 45 días calendario que fija la ley.

Vencido este plazo que tiene la Registraduría y tras constatar que esta iniciativa de consulta popular  alcanzó las  1'762.080 válidas exigidas, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo,  debe certificar el número total de respaldos consignados, el número de apoyos válidos y nulos y, finalmente, si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos.

Cuando se haya expedido dicha certificación, la Registraduría enviará al Senado la exposición de motivos de la consulta popular de origen ciudadano.

 El Senado se pronunciará sobre la conveniencia o no de la convocatoria a la consulta popular, para lo cual tiene un plazo de un mes contado a partir del cumplimiento del requisito previo.

Es decir que el Senado a finales de noviembre venidero daría eventualmente su visto bueno a la realización de esta consulta, que busca convertirse en un mandato ciudadano contra uno de los peores flagelos como es la corrupción.

Dentro de los 8 días siguientes del concepto del Senado el Presidente de la República fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación del mecanismo de participación ciudadana.

La ley establece que la Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva, en este caso el Senado de la República.

Es decir que la consulta anticorrupción se haría probablemente en la segunda quincena de febrero próximo.

 

Siete medidas

En la consulta anticorrupción  los colombianos decidirían en las urnas:

 

1. Reducir de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes el sueldo de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin ningún tipo de beneficio y sus contratos serán terminados unilateralmente.

3. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.

4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.

5. Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa, de manera periódica y detallada.

6. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos.

7. Limitar al máximo 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso.

 

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