La cementera colombiana salió al paso de las acusaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de cartelización y sostuvo que siempre sus acciones han estado ajustadas la ley y a las normas colombianas.

En un video enviado a los medios de comunicación, el presidente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle, aseguró que la empresa es cumplidora totalmente del ordenamiento jurídico del país. Calle dijo sobre el Informe Motivado de la Superindustria que habla de cartelización que Argos nunca incurrió en el delito de paralelismo consciente en la fijación de precios, que no es otra cosa que establecer precios artificiales al producto.

Calle sostuvo que Cementos Argos de forma oportuna presentarán sus alegatos, refiriéndose a los aspectos contemplados en el Informe Motivado, mostrando así su correcto proceder. “En Argos tenemos la tranquilidad del buen actuar, con la firme convicción de desarrollar nuestros procesos empresariales en forma responsable y transparente”, afirmó

Sobre los presuntos acuerdos de mercados con otros competidores de la industria, Calle aseguró que no es cierto el análisis pues la participación en al composición del mercado cambia constante y significativamente.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio Argos, Cemex y Holcim a partir de diciembre 2010 empezaron a vender el cemento a precios muy similares y a subirlos sostenidamente. En contraste, antes de iniciar el cartel, se observaba una línea de precios diferente para cada una de las compañías que inclusive iban en baja en los tres casos.

El precio del kilo antes del cartel estaba en menos de $300. Después de 2010 subió hasta $370 por kilogramo, un aumento del 30%. Además las compañías, según la Superintendencia se habrían repartido el mercado para lograr tener zonas exclusivas de comercialización.

El informe de la entidad de vigilancia y control señala que el informe, las tres empresas habrían fijado precios provocando el alza hasta en 36% del valor del concreto y, además, habrían establecido en zonas exclusivas para la comercialización del material, por lo que podrían ser multadas hasta por $70 mil millones por cada conducta imputada.