PROCESOS JUDICIALES
Asesinatos de líderes sociales: 94% sin condena

Foto Anadolu
La denuncia se presentó durante el 165 período de audiencias de la CIDH que sesiona hasta el viernes en Montevideo.

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El 94 por ciento de las investigaciones por asesinatos a líderes sociales se encuentran sin condena en Colombia, informó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en la apertura del 165 período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumple en Montevideo, Uruguay.

El Cajar aseguró que sólo 28 casos tuvieron condenas en los últimos ocho años y que son 450 las investigaciones asumidas por la Fiscalía de Colombia durante ese tiempo por asesinatos a líderes sociales.

Los casos archivados superan a los resueltos por el organismo judicial en Colombia y el 67 por ciento de los demandantes consideran pésima la actuación de la Fiscalía en sus investigaciones, según el colectivo de abogados.

De acuerdo con el Cajar, las investigaciones de la Fiscalía requieren de una sola política definida para abordar los casos de asesinatos de líderes que reemplace a las estrategias que se han probado ineficaces.

El colectivo criticó la ausencia del Ministerio de Justicia en el diseño de una política nacional para la seguridad de personas amenazadas en el proceso de implementación del acuerdo de paz, firmado por el gobierno y la guerrilla desmovilizada de las Farc en noviembre de 2016.

La Fiscalía colombiana aseguró en la audiencia que no puede afirmarse que haya inoperancia en sus investigaciones y presentó un informe donde se resaltan las condenas a excombatientes de las Farc y a agentes del Estado por sus crímenes en el conflicto.

El organismo informó que condenó a 1.091 personas por ejecuciones extrajudiciales entre las que se encuentros 14 fallos contra coroneles de las fuerzas armadas colombianas.

“Hay más condenas a agentes del estado en 2017 que en años pasados”, aseguró la Fiscalía.

Las audiencias de la CIDH se cumplen del 23 al 27 de octubre en Montevideo e incluye una agenda con denuncias de organismos de la sociedad civil de Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos contra sus gobiernos.

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