Las denuncias penales por violencia intrafamiliar sumaron 99.805 en todo el país entre enero y octubre, reveló el fiscal Néstor Humberto Martínez.
“Esto representa un incremento del 20,41% respecto al mismo período de 2015 y convierte este delito en el de mayor incremento en el presente año”, dijo.
Martínez añadió que, en cuanto a número de denuncias, la violencia intrafamiliar es el tercer delito de mayor ocurrencia en el país, después del hurto y las lesiones personales.
Además, se ha podido determinar que mientras en 2008 el 2,3% de las mujeres víctimas de homicidio habían denunciado previamente violencia intrafamiliar, ahora estas son el 10%.
Ante esa situación, la Fiscalía decidió priorizar las investigaciones sobre violencia intrafamiliar y anunció que se imputarán cargos contra 3.015 personas en todo el país y se ordenó la captura de 650 de ellas.
Las órdenes de captura se expidieron contra 387 presuntos reincidentes en el delito de violencia intrafamiliar y contra otros 263 que lo habrían cometido por primera vez.
Actualmente la Fiscalía tiene activos 85.715 casos de violencia intrafamiliar. Las víctimas son en su mayoría mujeres (80,6%) y el 19,4%, hombres.
Del total de víctimas, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes representan el 6 por ciento y los adultos mayores, el 3,2%.
Según Martínez, la Fiscalía “actuará con toda decisión en contra de los responsables de la violencia intrafamiliar y por eso decidió priorizar su investigación y sanción”.
Asimismo, el Fiscal General insistió en que es muy importante que las víctimas colaboren en los procesos penales en la etapa del juicio, de tal forma que los responsables de ese delito puedan ser debidamente sancionados.
La Fiscalía General está trabajando en el diseño de una estrategia de lucha contra la violencia intrafamiliar, en cuya elaboración se tendrá en cuenta la voz de las organizaciones de víctimas y las de expertos en el tema. Para el efecto, la vicefiscal María Paulina Riveros ha convocado una reunión con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre. Allí se evaluará la situación actual, la necesidad de atención psicosocial y medidas que prevengan la ocurrencia de esos casos.