El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió hoy la recolección de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El CNE "acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial", señaló el poder electoral en referencia a sentencias que dejaron sin efecto un primer recaudo de rúbricas para solicitar la consulta en varios estados.

La decisión se tomó luego de que la justicia de ese país anulara en cinco estados la recolección de firmas.

Los tribunales penales de Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure y Monagas "anularon" por "fraude" la recolección de firmas del 1% del padrón electoral, que realizó en abril la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para promover el referendo, anunciaron los gobernadores oficialistas de esos estados y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

La MUD debía recaudar cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) del 26 al 28 de octubre, para que se convocara el revocatorio.

"Fenecen, desaparecen todos los efectos de la recolección de firmas, hasta tanto reparen, hasta tanto hagan su tarea sin hacer trampa", aseguró Cabello, quien ante miles de partidarios en Monagas pidió "prisión" para los acusados del fraude.

Sin aludir directamente a las sentencias, Maduro se refirió a las supuestas irregularidades. "Hicieron un fraude gigantesco (...) la tramposería sale", dijo antes de partir a una gira por Oriente Medio.

Desde hace días, la MUD venía advirtiendo de posibles decisiones contra el proceso por parte de la justicia, a la que acusa de estar controlada por el gobierno al igual que lo afirma del CNE.

La alianza opositora no reaccionó aún. Más temprano afirmó que está lista la logística para la próxima etapa, en la que dice estar segura de superar holgadamente el mínimo exigido, dada la impopularidad del presidente socialista por la grave crisis económica.

Polémicas sentencias 

El CNE había advertido que el incumplimiento del 1% del padrón electoral en al menos una de las 24 regiones (23 estados más el Distrito Capital) echaría por tierra el proceso.

"Un Tribunal Penal no puede anular un proceso comicial. Solo podría investigar supuestos delitos electorales", aclaró el constitucionalista José Ignacio Hernández.

Pero el también constitucionalista Juan Manuel Rafalli estimó que estos fallos podrían obligar a repetir la recolección, aunque anotó que "es muy raro que un tribunal con competencia penal vaya a afectar un proceso electoral de carácter nacional".

"Habría que esperar a ver cómo actúa el CNE. Un tribunal penal debería dictar medidas contra los agentes del delito, pero no contra un proceso", declaró a la AFP.

El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, aseguró que "ningún tribunal" tiene potestad de parar un "proceso electoral".

"Que tribunales de diferentes estados simultáneamente publiquen idénticas sentencias" es "prueba del fraude que se está cometiendo", aseguró Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

Hace meses, el oficialismo interpuso ante los tribunales 8.600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.

"Ellos han sido fraudulentos siempre" "¿No metieron 50.000 muertos ahorita en el fraude que hicieron? ¿No falsificaron la firma de 500.00 personas ahorita en la recolección de firmas?", señaló Maduro.

Más cuesta arriba 

El oficialismo ha advertido en reiteradas ocasiones que buscará cerrar el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019.

La oposición la tiene cada vez más difícil. El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que deberá recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los estados, por lo que con solo uno que no cumpla la meta, el proceso quedará invalidado.

La oposición considera arbitraria esa medida, al señalar que la Constitución establece el 20% sobre el padrón nacional. También insiste en que la presión ciudadana obligará a hacer el referendo este año para que haya nuevas elecciones.

Pero el CNE ya adelantó que, si se cumplen los requisitos, la consulta se haría a partir de febrero de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente. 

Según la firma Datanálisis, un 76,5% de los venezolanos reprueba la gestión del presidente y 62,3% votaría por revocarlo.

Para la oposición, ese rechazo llevó al CNE a aplazar hasta 2017 las elecciones de gobernadores que debían hacerse este fin de año, pues podrían darle buena parte de las 23 gobernaciones, 20 de las cuales están actualmente en manos del oficialismo.