El proyecto de reforma tributaria estructural radicado ayer, después de un año de expectativa y controversia gaseosa sobre sus alcances, debe ser visto como lo que es: una propuesta para discusión en el Congreso y, por lo tanto, susceptible de ser modificado, enriquecido o recortado, según los consensos que se vayan logrando durante su trámite entre el Gobierno, las bancadas y todos los sectores políticos, económicos, sociales, institucionales, gremiales, regionales y locales que aporten ideas y exhiban capacidad propositiva al que apunta a ser, sin duda, el ajuste impositivo más ambicioso de la última década.

Desde estas páginas urgimos en reiteradas ocasiones sobre la importancia de aterrizar el articulado de la reforma y, a partir del mismo, generar una discusión amplia y objetiva sobre sus objetivos. Ello, como se sabe, no fue posible pese a que la Comisión de Expertos que confeccionó el Gobierno para sugerir las modificaciones a todo el sistema de impuestos había entregado sus conclusiones a comienzo de año. Sin embargo, la estructuración del proyecto tardó muchos meses y el espacio para la socialización y análisis previo prácticamente no existió. Hoy la realidad es que el Senado y la Cámara tendrán menos de siete semanas para auscultar cada uno de los 311 artículos que contiene la reforma. Esa circunstancia obliga desde ya a fijar de inmediato las reglas de juego en las comisiones económicas conjuntas, empezando no sólo acordar un cronograma de trabajo de lunes a viernes, sino para abrir espacios que permitan a distintos sectores exponer opiniones fundadas sobre las modificaciones propuestas a la estructura tributaria y de recaudo. Nada más lesivo para el país que dejarse presionar por la premura del tiempo y acudir al ‘pupitrazo’ indirecto para sacar avante una iniciativa que tendrá un impacto directo o indirecto muy alto en el bolsillo de todos los colombianos.

Es muy apresurado emitir opiniones sobre las principales propuestas del proyecto. De entrada llama la atención plantear cárcel para los grandes evasores de impuestos, el aumento de la tarifa del IVA del 16 al 19 por ciento, el impuesto para las gaseosas y bebidas azucaradas, así como para los cigarrillos. De igual manera tendrá mucho debate el tributo que se plantea para los llamados combustibles fósiles, especialmente en lo relativo a la gasolina y el diésel. También generará intensas discusiones la mecánica para la simplificación del impuesto de renta a personas naturales y la creación del llamado monotributo destinado a formalizar a los pequeños comerciantes. Habrá que analizar a fondo la eficacia de los mecanismos que se plantean para reducir la carga impositiva de las empresas con el fin de que puedan generar más empleo de calidad. La reducción en la tarifa de imporrenta que se propone, así como las deducciones que se autorizan por bienes de capital para expandirse, mejorar operaciones y modernizarse, deberán estar claramente compensadas con la eliminación de otro tanto de billonarias exenciones a muchos particulares y sectores no prioritarios.

Es evidente, de otro lado, que la intención del Gobierno es aumentar la base de colombianos declarantes en más de 500 mil personas naturales y para ello se está planteando reducir el piso de ingresos a partir del cual debe declararse renta. Sin duda este será uno de los aspectos más controversiales tanto en las comisiones económicas como en las plenarias, e igual pasará con propuestas muy puntuales como la de  aplicar IVA a las plataformas tecnológicas internacionales, la compra de vivienda nueva para estratos altos, el impuesto a dividendos y otras propuestas más contenidas en la compleja iniciativa radicada ayer… Así como se valora el hecho de que no se ampliara el rango de productos de la canasta familiar gravados, también llamó la atención que algunas propuestas para dar una mayor dosis de equidad y progresividad al sistema tributario colombiano, sugeridas por la Comisión de Expertos, al final no se incluyeron.

Como se dijo, el proyecto es un punto de partida y no una camisa de fuerza ni mucho menos una imposición, como bien lo precisó el Gobierno. Es claro que el hueco fiscal  que arrastra la Nación es abultado y se requieren nuevas fuentes de recursos para morigerarlo y mantener la economía colombiana como una de las más seguras y estables de la región. Igual es urgente sostener el ritmo de la inversión social e infraestructura, acompañado, claro está, de un apretón tangible en los gastos del Estado a todos los niveles. Por ahora, le corresponde al Congreso realizar un análisis serio y profundo de este ajuste impositivo. Si bien el tiempo es muy corto, no puede ser inferior a esa responsabilidad. Lo importante es que el debate tributario por fin se abrió de manera puntual y concreta, y hay que darlo.