A pocos días de una citación de la Fiscalía para imputarle cargos, ayer se conoció que la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, viajó a Washington (Estados Unidos) para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares, argumentando que contra ella hay una persecución política y no existen garantías procesales en la investigación que se le adelanta por supuestamente estar involucrada en las recientes amenazas al mandatario departamental encargado, Jorge Enrique Vélez.

Por esto último la Fiscalía citó a la señora Pinto a una audiencia de imputación de cargos el próximo jueves. El pasado lunes, la exgobernadora rindió interrogatorio en el búnker de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá. A su entrada al sitio dijo que “soy una víctima más de una serie de situaciones que se han montado para poderme culpar de algo que no he hecho porque soy indígena, porque soy mujer y porque represento a las minorías en este país”.

Se conoció que Pinto abandonó el país el pasado martes en compañía de uno de sus abogados con rumbo a Washington para la presentación formal de su solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Héctor Carvajal, abogado de Pinto, dijo que “se encuentra en la ciudad de Washington ante la CIDH presentando una solicitud de protección de medidas cautelares". 

El gobernador (e) y Superintendente de Notariado Vélez denunció amenazas que recibió en su correo y en su celular, conminándolo a abandonar el departamento y dejar la labor que le encomendó el presidente Santos mientras que hay nuevas elecciones.

Las intimidaciones se produjeron justo cuando Vélez escudriña las cuentas del departamento en sectores como salud y educación.

En junio pasado, el Consejo de Estado anuló la elección de Pinto al considerar que estaba inhabilitada para ocupar el cargo.