Turno para las Farc. Esa frase resume cómo termina esta segunda semana de “diálogo nacional” entre el Gobierno y los líderes del No que ganaron en el plebiscito que estaba destinado a aprobar o improbar el acuerdo final de paz con las Farc.
Como se sabe, en la primera semana de pos-plebiscito hubo una sucesión de hechos a un ritmo frenético, que incluyó desde el impacto inicial por el sorpresivo resultado de las urnas, la disposición de los bandos del Sí y el No a salvar el acuerdo, la reunión del presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, los rifirrafes entre los líderes de las respectivas campañas por las maniobras proselitistas de una y otra, la polémica propuesta para repetir el plebiscito en la región Caribe por el coletazo del huracán, los llamados nacionales e internacionales a no perder el esfuerzo negociador de cuatro años y, como si todo lo anterior fuera poco, el Premio Nobel de Paz al mandatario colombiano y un pronunciamiento de la Mesa de La Habana en torno a aceptar algunos ajustes al denegado acuerdo.
Ya esta segunda semana, digerido el resultado electoral, la cuestión fue a otro precio, pues de los discursos “políticamente correctos” sobre la disposición a corregir el acuerdo de paz, se tuvo que pasar a lo verdaderamente importante y sustantivo: el arranque de los diálogos entre el Gobierno y los distintos líderes del No para aterrizar las propuestas de ajuste al acuerdo habanero.
Como primera conclusión de esta segunda etapa pos-plebiscito hay que decir que si bien se mantiene el ánimo proactivo y conciliador de las partes, las distancias en materia de lo que se puede o no modificar del pacto con las Farc se mantienen casi en la misma dimensión que en la antesala de la cita en las urnas.
Y ello queda evidenciado, por lo menos, en los tres documentos que las comisiones del uribismo, el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez le presentaron formalmente al Gobierno esta semana y que, de entrada, dejan en claro que en algunos aspectos no esenciales del acuerdo con la guerrilla hay margen de acción para encontrar consensos respecto a las posibles modificaciones, pero en otros simple y sencillamente los inamovibles de lado y lado continúan siendo muy fuertes.
Justicia, el ojo del huracán
Sin embargo, el aspecto en donde más difícil se ve la posibilidad de que Gobierno y líderes del No encuentren un punto de consenso sobre el alcance del ajuste es, precisamente, el relativo al modelo de juzgamiento de los guerrilleros bajo el esquema de la justicia transicional.
Como se sabe, el acuerdo suscrito con la guerrilla -y que fue denegado en las urnas el pasado 2 de octubre- establece la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que debería investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
Para ello la JEP contaría con un Tribunal para la Paz que juzgaría a guerrilleros, militares, policías y civiles que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. La JEP no sólo desplazaría a la justicia ordinaria, a la que le quitaría toda competencia sobre estos procesos, sino que podía levantar la cosa juzgada de los procesos ya fallados y todas sus decisiones serían inapelables.
De igual manera, la JEP no tendría límite en el tiempo para conocer y juzgar los delitos no amnistiables ni indultables, como los de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos.
El acuerdo con las Farc sobre la JEP (que en sus distintas salas estaría integrada por magistrados colombianos y extranjeros) contempla que habría una ley de amnistía e indultos a los guerrilleros acusados de rebelión y conexos leves (dentro de los que se incluiría el narcotráfico). Pero el punto más importante es el relativo a las penas a quienes sean condenados por delitos graves y de lesa humanidad.
Según el acuerdo, las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz serían de tres tipos: 1. A quienes confiesen sus delitos se les impondrá una pena de 5 a 8 años con “restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”, lo que implica que en la práctica no habría cárcel. 2. Quienes reconozcan sus delitos tardíamente pero antes de proferir la sentencia, serán condenados a pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. 3. Quienes no reconozcan sus delitos pero sean condenados por el Tribunal tendrán una pena de cárcel entre 15 y 20 años en el caso de conductas muy graves.
Por último, el acuerdo establecía que la imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará a los cabecillas y guerrilleros desmovilizados para ejercer funciones públicas.
Las contrapropuestas
Sin embargo, tal como se esperaba de los líderes del No, que llevan mucho tiempo oponiéndose a la JEP, a la que acusan de fomentar un alto grado de impunidad, sus contrapropuestas para ajustar el acuerdo se alejan diametralmente de lo pactado en La Habana.
El uribismo, por ejemplo, propone eliminar la JEP para ser reemplazada por un sistema de justicia transicional al interior de la jurisdicción ordinaria, creando para ello unas salas especializadas que se denominarían “Cortes para la paz”, las cuales orgánicamente estarían adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, teniendo a la Corte Suprema como superior jerárquico. También se crearían “Fiscalías para la paz”, dentro de la estructura del ente acusador. Y todos los magistrados serían colombianos.
La propuesta del Centro Democrático también establece que las “cortes de paz” tengan competencia sobre los actos de particulares y miembros de la fuerza pública, no solo mediante un mecanismo de “trato diferencial, sino siempre y cuando dichas personas se presenten voluntariamente ante las mismas, de lo contrario se les aplicará la jurisdicción ordinaria.
En cuanto a los guerrilleros, se propone que la responsabilidad de los cabecillas sobre los actos de sus subordinados debe fundarse en la doctrina de “autoría mediata en los aparatos organizados de poder”. Se amplía, de otra parte, la aplicación de la amnistía e indulto a terceros no combatientes, siempre y cuando entreguen cualquier material bélico que posean.
La parte más importante es la de las sanciones: el uribismo propone un mínimo de 5 años y un máximo de 20 años de privación de la libertad para quienes hayan cometidos graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, si se reconoce la responsabilidad en estos delitos, las sanciones serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en lugares de reclusión alternativos como granjas agrícolas. Si no hay confesión, las penas serían de 15 a 20 años.
Por último, las “cortes de paz” no podrán desconocer el principio de cosa juzgada y se permitirá la “homologación de condenas” por favorabilidad de quienes hayan sido condenados por la justicia ordinaria a pena superior a la contemplada en el mecanismo de justicia transicional.
Entretanto, la propuesta pastranista parte de la base de que se necesita la justicia transicional para el fin del conflicto y que no se pretende “ver a los cabecillas de las Farc tras las rejas con camisas de rayas”.
En ese orden de ideas su propuesta plantea la JEP debe articularse con la jurisdicción ordinaria mediante tres mecanismos: última instancia y recursos extraordinarios (casación y revisión) resueltos por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia; que las acciones de tutela serán revisadas por la Corte Constitucional; y que la administración de justicia estará a cargo de la Rama Judicial del Estado. También se propone un límite en el tiempo a la JEP que deberá actuar 2 años y los procesos no iniciados en este periodo deberán ir a la jurisdicción ordinaria.
En cuanto a la cosa juzgada, esta podrá ser reabierta únicamente para aplicar favorabilidad en las penas. A ello se suma que los jueces y fiscales serán nacionales. Sin embargo, ante la prevención de las Farc se propone introducir la figura del “amicus curiae”, que permite la participación de terceros, incluso extranjeros, quienes tienen la función de formular observaciones dentro un proceso o ejercer una veeduría técnica en un juicio, sin que puedan juzgar ni emitir fallos.
La “Unidad de Investigación” deberá estar articulada con la Fiscalía y la Comisión de la Verdad no puede tener implicaciones judiciales.
En cuanto a las penas, se propone dar aplicación al artículo 77 del Estatuto de Roma, que obliga la imposición de penas que impliquen reclusión, entendida esta como la permanencia en zonas que cuenten con restricción de la movilidad y monitoreo del Estado, en “zonas rurales de transición”, definidas geográficamente. Incluso se plantea que excepcionalmente, las penas podrían ser cumplidas en el exterior, tal como lo prevé el Estatuto de Roma.
Por último se indicó que las penas privativas de la libertad para quienes no declaren la verdad, previstas en el documento de la Habana son aceptables.
La tercera propuesta de ajuste fue la presentada por la excandidata Ramírez. Plantea que los responsables de delitos de lesa humanidad tendrán penas de reclusión en “colonias penales agrícolas” desarrolladas en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993.
En ese orden de ideas “quienes han cometido delitos de lesa humanidad tendrán una pena de reclusión de 6 a 10 años, en colonias penales agrícolas, de los cuales serán efectivos entre 3 y 5 siempre y cuando confiesen la totalidad de las conductas y satisfagan los derechos de la víctimas y cumplan la totalidad de las condiciones del Acuerdo. De lo contrario, los responsables perderán el beneficio de la parte proporcional de la pena suspendida”.
Se agrega que en el evento en que los miembros de las Farc no confiesen su responsabilidad algún delito, serán juzgados por la jurisdicción ordinaria con las penas previstas en el régimen penal general.
La excandidata plantea crear una Sala Especial de Paz al interior de la Corte Suprema de Justicia, para que aplique el mecanismo de justicia transicional previsto en el acuerdo por el término de 15 años como tribunal mixto, conformado por magistrados nacionales y extranjeros, preferiblemente provenientes de la Corte Penal Internacional o con experiencia en derecho penal internacional, con las proporciones ya previstas en el Acuerdo. Este organismo será de cierre, en relación con los delitos que juzgará la JEP.
Elegibilidad política, otro pulso
El otro gran tema de diferencia entre el acuerdo final de paz suscrito con las Farc y las contrapropuestas planteadas por el uribismo, Pastrana y Ramírez, principalmente, tiene que ver con el tema de la elegibilidad política.
El acuerdo establece que las Farc deben pasar a convertirse en un partido político y para ello debe dejar la totalidad de las armas y cumplir con los requisitos establecidos por la ley para colectividades políticas, excepto el haber obtenido un número determinado de votos en elecciones de Congreso.
Aunque no habrá asignación de curules a dedo a ese nuevo partido político, se plantea una fórmula para que participen en los procesos electorales de 2018 y 2022 asegurando una representación mínima en el Congreso. Se establece así que habrá una representación mínima de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. Si el partido político derivado de las Farc no alcanzara el umbral electoral, en todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar 5 curules. Pero si obtienen en las urnas 5 o más escaños, no se les asignará ninguna adicional.
Igualmente se planteaba en el denegado acuerdo que durante el procedimiento legislativo especial para aprobar las leyes y reformas constitucionales derivadas del pacto, las Farc podrían designar a tres voceros en Senado y Cámara, siempre y cuando fueran ciudadanos que no tengan condena penal o sanción disciplinaria encima y, obviamente, no se encuentren en armas.
Igualmente se crean 16 curules extraordinarias en la Cámara para las zonas fuertemente golpeadas por el conflicto armado (sin la participación de candidatos de partidos ya establecidos en el Congreso), se proyecta una reforma política y electoral, al tiempo que se plantea crear un Estatuto de la Oposición y la no criminalización de la protesta social.
Sobre este aspecto de la elegibilidad política y de las 10 curules fijas para las Farc, el uribismo plantea, primero, que se quiere desligar la obtención y conservación de personería jurídica con la obtención de un umbral en las elecciones de Congreso, abriendo el espacio para el fortalecimiento de las microempresas electorales que tanto daño hicieron al país.
Se recalca, en segundo lugar, en su propuesta que las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las Farc no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o delitos graves.
También sostiene que todos los partidos pueden competir por esas 16 curules extraordinarias. Igualmente objeta que la adopción de un Estatuto de la Oposición se condicione al acuerdo con las Farc, planteando que sea fijado como prioridad nacional multipartidista. Igual argumento plantean para que la reforma política y electoral sea tramitada por el Congreso y no sustentada en comisiones externas derivadas del acuerdo de La Habana.
Asimismo, el Centro Democrático advierte que el proyecto de ley de amnistía busca la conexidad entre la protesta social y política y los delitos que en su nombre se hayan cometido.
En cuanto a la propuesta de Pastrana, el primer documento presentado esta semana no contempla sus sugerencias en cuanto a los puntos de participación política y víctimas, que serán planteadas en una segunda entrega en próximos días.
Ramírez, a su turno, plantea que los responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser congresistas ni Presidente de la República. Igualmente establece que la participación en política de las Farc debe darse en igualdad de condiciones con los demás partidos.
También advierte que se debe garantizar el ejercicio de la protesta sin institucionalizar las vías de hecho, en referencia a un punto del acuerdo con las Farc que se establece que los disturbios se tratarán con civilidad.
Otras diferencias
¿Aceptarán las Farc algunos de los ajustes propuestos por los líderes del No? Esa es la gran pregunta que empezará a dilucidarse a partir de la próxima semana, una vez jefe negociador gubernamental Humberto de la Calle Lombana presente en la Mesa a los delegados de las Farc los tres documentos ya referenciados, así como otros planteamientos derivados de los diálogos días atrás de Santos con otros líderes impulsores del No, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que el Presidente se había comprometido a “purgar” el acuerdo de paz de cualquier riesgo de “ideología de género”. También está el pliego de ajustes presentado por varios movimientos en representación de las víctimas de las Farc, que igualmente piden cambios de fondo.
Sin embargo, convencer a las Farc de re-negociar este acuerdo en puntos tan sensibles como el jurídico o el de la participación política no será nada fácil y hay quienes sostienen que prácticamente es imposible, dado que se trata de aspectos esenciales dentro de su estrategia para dejar la lucha armada y no reinsertarse como facción derrotada.
Prueba de ello es lo dicho esta semana por el máximo jefe de las Farc, alias ‘Timochenko’, en torno a la imposibilidad de un posible ajuste al modelo de justicia transicional pactado. "Sería un exabrupto revivir una discusión que nos tomó un año y medio, y que fue de las más duras y difíciles. En ella se recogieron opiniones de muchas personas y organizaciones de víctimas. Incluso, ese acuerdo fue refrendado por Santos y mi persona, y luego hubo que renegociarlo. Me parece que se sale de contexto comenzar de nuevo, sería pensar en otros seis años. El país no está para eso”, afirmó el cabecilla en declaraciones a Caracol radio.
A ello deben sumarse trinos como los de alias ‘Pablo Catatumbo’, otro de los negociadores subversivos: “el debate post plebiscito debe centrarse en encontrar salidas sensatas y realistas, no en maniobras politiqueras” o “Cada vez queda más en evidencia que CD (uribismo) no tiene otra propuesta que oponerse tercamente a Acuerdo sin ofrecer salidas a la crisis generada”.
¿Aceptarán las Farc otras propuestas de ajuste hechas por los líderes del No? Nadie lo sabe. Se trata de planteamientos que tienen que ver con que el Fondo de Tierras no afecte propiedad de terceros tenedores de buena fe; que el narcotráfico no sea delito conexo al político; que no se reviva el acto legislativo de paz, con su fast track legislativo y las facultades extraordinarias al Presidente; limitar los alcances supra o para-constitucionales del acuerdo, es decir que no se incluyan en el bloque de constitucionalidad o se inscriban ante entes internacionales; mecanismos más eficaces para que la guerrilla entregue fortunas ilícitas para reparar a las víctimas; revelar toda la información sobre narcocultivos, rutas y carteles; redefinición del concepto y alcance de la “Reforma Rural Integral” contemplada en el acuerdo; no cambiar naturaleza de las zonas de reserva campesina; limitar el impacto presupuestal y fiscal de todas las reformas derivadas del pacto habanero; los peros a las modificaciones del sistema catastral; reservas sobre mecanismos de participación ciudadana que limitarían acciones de autoridades locales y regionales; quitar excesos en las garantías a la llamada “protesta social” que podrían terminar en debilitamiento de la autoridad estatal; y muchas objeciones a los mecanismos de implementación y verificación, así como a si debe citarse o no a las urnas para aprobar o no el nuevo acuerdo…
Visto todo lo anterior, se entiende porque es dable concluir que el turno es para las Farc. Será esa guerrilla la que tenga la última palabra y de su disposición a aceptar algunos de los ajustes propuestos por los líderes del No dependerá la suerte del proceso de paz, que por ahora se mantiene en el limbo, aunque con un cese el fuego bilateral que ya se amplió hasta el 31 de diciembre, sustentado en múltiples marchas y actos ciudadanos y de todos los sectores urgiendo que no se rompa la tregua mientras se renegocia.
La polémica en Colombia entre el Gobierno y los líderes del No pasa así a un segundo plano, ya que La Habana y, sobre todo, las Farc son las que tienen ahora la palabra. Es secundario en ese escenario el pulso entre Santos y Uribe en torno a si el primero no quiere cambiar puntos clave de un acuerdo que fue negado en las urnas o si las propuestas del segundo distan de ser “realistas y posibles” para salvar el acuerdo… También pierde eco la controversia en torno a si hay demasiado afán del Gobierno para buscar una propuesta de ajuste consensuada o si el uribismo quiere dilatar el “diálogo nacional” pensando en los comicios de 2018… Al final, todo depende de qué estén dispuestas a ceder o no las Farc y, en caso de hacerlo en mucho o menor grado, si los colombianos podrán decidir, de nuevo, en las urnas sobre el futuro del proceso de paz.