Dice el refrán popular que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, debes poner las tuyas a remojar. Es una sentencia sabia de prudencia que aconseja poner cuidado a lo que está pasando en el vecindario, para asegurarse de no repetir la mala historia ajena en cuerpo propio.

La vecina cuyas barbas hemos visto pelar desde hace rato es la democracia venezolana. Desde que el coronel Hugo Chávez Frías se apoderó  por vía electoral y conforme a las reglas de la democracia del poder en Venezuela, su único y definido propósito fue el de eternizarse en el poder nacional por sí o por interpuesta persona. Chávez ganó todas, menos una, de las elecciones a las que se sometió. De esa manera entregaba una apariencia de legalidad de su mandato, al tiempo que iba minando todas las instituciones de su país hasta convertirlas en una extensión de sus deseos personales.

Hoy, cuando la crisis del desabastecimiento en los mercados, de la escasez  de medicinas y de la absoluta anulación de cualquier iniciativa privada han llevado al pueblo venezolano a manifestarse públicamente contra la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro, el mayor problema que tiene Venezuela es la inexistencia de instituciones públicas sólidas e independientes que puedan ser árbitros imparciales y legítimos del enfrentamiento entre la oposición y el gobierno como para permitir una salida pacífica y segura al conflicto que los enfrenta.

Chávez, Maduro, Diosdado y hasta el inquietante general Padrino, han construido un Tribunal Supremo y un Consejo Nacional Electoral de bolsillo que se han dedicado sistemáticamente a desconocer los triunfos electorales de la oposición y especialmente a reducir al mínimo las atribuciones y los poderes de la Asamblea Nacional. Las mayorías que a voto limpio lograron la oposición en la Asamblea, se han visto ignoradas a punta de leguleyadas  del gobierno Maduro, secundadas casi que automáticamente por el Tribunal Supremo, una corte de bolsillo del régimen.

Esas son las barbas que Colombia debe ver para no poner a remojar las suyas. Algunos miembros de la clase política nacional, sin distingos de partido o ideología, tienen la malhadada costumbre de instrumentalizar la justicia de acuerdo a sus pequeños intereses. El  Consejo de Estado que unos alaban por absolver a Piedad Córdoba, es el mismo que odiarán si absuelve a Fernando Londoño. El Fiscal que el uribismo adoró por anunciar mano dura contra las Farc es el mismo que hoy odian por acusar a Santiago Uribe.

Nada más peligroso para cualquier país que una justicia politizada o en manos de políticos. En semejante situación todos somos víctimas.

El verdadero acuerdo sobre lo fundamental, como diría Álvaro Gómez, debería ser uno en el que todas las fuerzas políticas pacten dejar la justicia en paz y a salvo de su injerencia. La solidez e independencia de las instituciones públicas es lo único que mantiene la democracia funcionando conforme a una de sus reglas básicas: Reglas ciertas, resultados inciertos.

No hay nada más "castrochavista" o Trumpista que presentar una demanda ante una Corte y estar dispuesto a aceptar su resultado solo si le es favorable.

@Quinternatte