El anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla del Eln es, sin duda, una buena noticia, toda vez que cualquier medida que signifique avanzar a que continúe cesando la violencia en Colombia es positiva. Ya el país ha pagado una alta cuota de sangre y dolor, en tanto que la lucha armada para imponer ideologías y formas de gobierno se ha evidenciado en este siglo XXI como una vía arcaica, bárbara y, sobre todo, estéril.

De entrada debe destacarse que se procede al inicio de la negociación bajo el mismo prerrequisito que se tuvo en 2012 con las Farc. Es decir, que la guerrilla proscribe la práctica del secuestro y se compromete a liberar a todos los plagiados antes del acto formal del arranque de la mesa, que para el caso del Eln funcionará en Quito pero podría ser itinerante en otros países garantes y acompañantes. No se trata de un hecho menor, todo lo contrario: confirma que ya las autoridades y la sociedad colombiana no admiten bajo ninguna circunstancia, justificación o causa la privación abusiva e ilegal de la libertad, que termina siendo principio básico e innegociable de nuestra democracia y orden institucional. Es más, bien podría decirse que así como el Gobierno fija unas “líneas rojas” para delimitar los asuntos y políticas que no serán objeto de tratativas con la subversión, la renuncia al secuestro hace las veces de “línea base” a partir de la cual es posible dialogar con la guerrilla, siendo inviable cualquier gestión por debajo de esa condición.

Ahora bien la negociación con el Eln será tanto o más difícil que la llevada a cabo con las Farc. Esta última tardó varios años en cerrarse pero aun así el acuerdo final sometido a consideración de la ciudadanía fue negado, obligando a las partes a mostrar disposición para su ajuste, al mismo tiempo que debe reconocerse, en el núcleo de los acuerdos, el resultado adverso del plebiscito, sin ver frustrado el esfuerzo de los cuatro años. Esto es absolutamente clave, ya que tanto el Ejecutivo como el Eln deben aplicar las lecciones aprendidas de lo ocurrido con las Farc, no solo en cuanto a la metodología misma de las  tratativas, la participación de terceros y el papel de la comunidad internacional, sino principalmente frente al hecho sustantivo de que al final todo lo que pacte igualmente tendrá que someterse a las urnas.

Debe entenderse, en todo caso, que el Eln es una guerrilla tan antigua y autónoma como las Farc, y que tiene intereses diferentes, comenzando precisamente porque su punto central consiste en el diálogo con la sociedad civil, aparte del Gobierno. Igualmente fue el Eln el primero en hablar en Colombia del Derecho Internacional Humanitario, lo mismo que en traer a cuento los temas ambientales, cuando estos eran una novedad en el país. Por supuesto, esta agrupación subversiva también inauguró la nefanda voladura de oleoductos, inclusive contaminando las aguas con crudo, pero al mismo tiempo sería innegable que también fue la primera en poner sobre el tapete la discusión del tema de minería e hidrocarburos.

No obstante, todavía es muy temprano para empezar a establecer similitudes y diferencias en las agendas de negociación de La Habana y Quito por estar la primera contenida en un farragoso y laberíntico texto de 297 páginas- denegado en las urnas- y la segunda formulada en seis puntos bastante genéricos lo que implica que es muy difícil puntualizar las temáticas específicas a discutir. Sin embargo, de la agenda inicial es fácilmente observable que tiene más insumos que la de las Farc.

Pero aun así, en principio resulta interesante que el Gobierno y el Eln hayan decidido iniciar la negociación abordando dos temas que serán neurálgicos en el proceso.  De un lado la participación de la sociedad civil frente a la Mesa. Establecida en el punto uno de la agenda, dejará ver la activación de sendas comisiones y delegaciones no necesariamente vistas en el proceso con las Farc. Y, de otra parte, la discusión sobre “las acciones y dinámicas humanitarias en el conflicto armado”, que pueden ser entendidas como la disposición  de las partes a avanzar, de forma paralela a la discusión de fondo, en medidas de desescalamiento del conflicto, más que un cese el fuego inmediato.

Son muchas las expectativas, como también las naturales preocupaciones y reservas que tiene el país frente a lo que será el proceso de paz con el Eln. Pero, a no dudarlo resulta un activo fijo en el balance nacional involucrarlo dentro de una paz integral, ahora que el acuerdo con las Farc será asimismo renegociado.