Cada vez que en Colombia se habla sobre las dimensiones de la corrupción, en especial de la que se enquistó en la administración pública para esquilmar multimillonarias sumas, el sentimiento general no sólo es el de indignación y estupefacción, sino mayoritariamente de impotencia.
La semana pasada, en medio de todo el frenesí alrededor del proceso de paz y el movido escenario pos-plebiscito, el fiscal general Néstor Humberto Martínez hizo una preocupante reflexión sobre lo que implica la corrupción en Colombia y cómo esta es una amenaza a la democracia misma.
Según el jefe del ente acusador, la calidad de la democracia depende de la calidad de la representación en el Gobierno y en las corporaciones públicas. En ese orden de ideas, la colombiana sufre una grave amenaza si la representación política no privilegia el debate de las ideas y termina siendo capturada por quienes acuden al foro solamente para servir sus intereses personales y para acceder a las rentas del Estado en su propio beneficio. Para Martínez Neira hay profunda preocupación por la irrupción en la vida colombiana, en los últimos lustros, de una clase emergente, cuyo único ideario es el enriquecimiento desmedido a partir de la apropiación del patrimonio ajeno o del patrimonio público.
Su consigna -dijo- es el “todo vale” y corresponde a una herencia que el narcotráfico ha dejado en la sociedad colombiana: la cultura del dinero fácil.
En ese escenario identificó, de un lado, a quienes llegan a la administración pública con el propósito de llenar sus alforjas, acudiendo para ello al cobro de comisiones, haciendo pliegos licitatorios a la medida de sus amigos, contratando una y otra vez la misma obra, adjudicando contratos a dedo y a precios exorbitantes, robándose los recursos públicos o dejando que otros se los roben. Y en el otro lado están, según el Fiscal General, los ciudadanos que en la vida privada también remontan los límites de la axiología y en su relacionamiento con el Estado son la otra cara de la corrupción, bajo el entendido que para el cohecho se necesitan por lo menos dos partes: los que piden y los que pagan.
Puntualizó que todo este fenómeno corrupto está deteriorando cada vez más la democracia en lo local y si nada se hace esos nuevos protagonistas de la política municipal llegan al nivel de la democracia departamental para finalmente capturar la vida nacional e imponer su filosofía en la que “lo público es lo privado de esta clase emergente de la dirigencia nacional”.
La reflexión del Fiscal General desde el punto de vista axiomático del efecto de la corrupción en lo público se produce apenas semanas después de que el anterior Procurador General tasara en 20 billones de pesos el monto de recursos oficiales afectados anualmente por este flagelo. Un dato bastante revelador viniendo de quien en sus casi 8 años de gestión disciplinaria sancionó cerca de 3.000 funcionarios oficiales, entre ellos 1.635 alcaldes, 1.108 concejales, 21 ediles, 66 gobernadores y 23 congresistas.
Y qué decir de la Contraloría, que en reciente informe al Congreso advertía que sólo en las auditorías de 2015, esa entidad encontró mil hallazgos fiscales por valor de $1 billón. Incluso la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción profirió 15 fallos con responsabilidad fiscal en cuantía de $108.412 millones.
Las visiones e informes de los entes de control penal, fiscal y disciplinario explican, en parte, los resultados del último Índice de Transparencia Nacional 2013-2014 que evaluó 85 entidades de las tres ramas del poder público y órganos autónomos de regulación y control. Según este, las calificaciones en promedio sólo logran un nivel de riesgo medio de corrupción con 67,4 sobre 100 puntos. Los menores están en los órganos autónomos encargados de controlar y vigilar, con una calificación promedio de 71,9/100, mientras que las ramas Judicial y Legislativa muestran las alertas más graves, al obtener promedios deficientes de 59,1/100 y 34,9/100 respectivamente. La rama Ejecutiva, a su turno, obtiene apenas un promedio de 68,1/100.
Como se ve, la corrupción continúa siendo, de lejos, el principal enemigo de la viabilidad colombiana y por más que se ganen batallas contra la violencia, el narcotráfico, la exclusión social o la inseguridad urbana, mientras este flagelo no sea derrotado, el Estado, en su conjunto, continuará siendo visto por muchos no como un referente de autoridad y orden, sino como botín.