El abismo venezolano | El Nuevo Siglo
Sábado, 22 de Octubre de 2016

La tormenta política que envuelve a Venezuela en lugar de amainar y facilitar el entendimiento entre los grandes bandos que dividen la opinión, es decir la revolución chavista y la oposición democrática, acumula cada vez más rayos y centellas. La oposición, que ganó la mayoría indiscutible en las urnas con erguida voluntad de cambio en democracia, se mueve dentro de los preceptos de la legalidad y el respeto a la ley. Pero desde el momento mismo en que se confirmó su triunfo, el Tribunal Supremo de Justicia desconoció las credenciales de los tres diputados indígenas ganadores en el estado Amazonas, cuyos escaños le permitían a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agrupa al antichavismo, tener en la Asamblea Nacional mayoría decisoria.

Cuando arrancó esa nueva Asamblea Nacional aceptó la injerencia del Tribunal, en el entendido de que el fallo era una grave equivocación judicial que se emendaría una vez actuaran los abogados de los diputados. Incluso se recuerda como en esa sesión de instalación del poder Legislativo se procedió a la elección de sus directivas, comisiones y órganos fundamentales, al tiempo que se puso sobre el tapete una ley para promover la libertad de los presos políticos, requisito este clave para ensayar a futuro una política de apaciguamiento y negociación entre las partes.

Pero esa estrategia no funcionó, aunque la propia Constitución Política Bolivariana, aprobada por iniciativa de Hugo Chávez, establece que los miembros del Tribunal Supremo deben ser elegidos por la Asamblea, siendo esta una de sus funciones de mayor responsabilidad política. Pero esta corporación legislativa no impuso esa facultad imperativa, postergando las definiciones y, sin percatarse, reconoció la competencia y legalidad del Tribunal, pese a su sesgo gobiernista. El chavismo, entonces, se apresuró a interponer denuncias contra los resultados de los comicios en varias regiones del país y, de la noche a la mañana, pese al descrédito, tanto el Tribunal Supremo como otras instancias jurídicas y electorales politizadas empezaron a recibir esas denuncias contra los opositores elegidos, lo mismo que, meses después, contra quienes empezaron a impulsar el referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República.

En una verdadera democracia, que es un sistema en el cual el electoral es el cuarto poder, no caben las decisiones judiciales para desconocer o violar los resultados electorales. Pero eso es, precisamente, lo que acaba de ocurrir en Venezuela con la anulación por decisión judicial ordinaria de la recolección de firmas en cinco estados para respaldar el revocatorio  al mandato de Nicolás Maduro. Una decisión judicial que desembocó, además, en un abrupto e ilegal congelamiento de todo este proceso democrático.

El mundo civilizado y demócrata se pronunció ayer en contra de la intervención de los tribunales para torcer la voluntad popular en las urnas, con la clara intención de atornillar en el poder a un gobernante que se ahoga en la impopularidad y la crisis social, política y económica. Además de ello, ya no se trata aquí solo de un golpe de estado a la institucionalidad o de una maniobra populista para reducir la oposición, sino que también se pisotea, por la misma vía judicial, una de las funciones esenciales de la Asamblea Nacional, como lo es la de aprobar el presupuesto general. En lugar de ello el chavismo improvisó una suerte de consistorio de bolsillo para darle vía libre al proyecto de gastos, inversión y funcionamiento.

El expresidente uruguayo José Mujica sostiene que Venezuela está siendo gobernada por dementes y demagogos delirantes, lo que puede ser parcialmente verdad, pero la cierto es que hay que reconocer que los acontecimientos se desarrollan de manera fría y calculada. No en vano, hace ya varios meses el Gobierno le pedía a los jueces que actuaran contra los jefes de la oposición y anunció que le cortaría los fondos a la Asamblea Nacional. De forma paralela, igualmente, instruyó a las autoridades electorales para que por todos los medios impidieran que el revocatorio se llevara a cabo en 2016, ello con la finalidad de conseguir que Maduro siga en el poder o que, en caso de ir a las urnas y perder allí seguramente, ser reemplazado por el Vicepresidente y el régimen siga mandando.

Como se ve, Venezuela ya no está al borde del abismo, sino que cayó al mismo. No se puede hablar de un sistema democrático ni de democracia en ese país. El Gobierno ha evidenciado pública y abiertamente que se desembocó en una dictadura para evitar ser sacado del poder por las mayorías. Esa es la triste realidad.