Ya se están adelantando las medidas necesarias para enfrentar las afectaciones que han dejado las inundaciones en los 17 municipios del Chocó, que han producido cerca de 12.713 familias damnificadas, así como para atender la crisis de los hospitales de Quibdó, los más importantes de este deprimido departamento, que estaban al borde de la parálisis por falta de recursos.
Así lo indicó a EL NUEVO SIGLO el gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar Jaramillo.
Por las inundaciones provocadas por los desbordamientos de los ríos dejando a su paso damnificados y cerca de 100 viviendas averiadas, el pasado jueves la Gobernación decretó calamidad pública.
El acto administrativo que declara la situación de calamidad pública por un término de 6 meses, “considera que es oportuna y necesaria la inmediata intervención, en aras de salvaguardar a la población afectada y recuperar la infraestructura afectada, brindando un apoyo en coordinación con las autoridades municipales y mitigar futuros daños en lugares en donde se ha detectado situaciones de riesgo y vulnerabilidad”.
De igual forma, el pasado jueves la Corte Constitucional adelantó una inspección judicial en Quibdó para revisar la ejecución de las órdenes contenidas en diferentes decisiones encaminadas a solucionar la crisis que se presenta en los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia de esa capital.
El examen adelantado por el alto Tribunal a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760/08 contó con la asistencia de organismos de control, el Ministro de Salud, el Superintendente Nacional de Salud, congresistas de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, el Gobernador de Chocó, el Gerente del plan “Todos somos Pazcifico” el Alcalde de Quibdó y el Personero Municipal de Quibdó, entre otras autoridades.
Calamidad pública
El gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, indicó sobre las inundaciones que “se ha dispuesto atención de la emergencia de manera efectiva por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. De manera puntual ha estado el director nacional de esta Unidad, el doctor Carlos Iván Márquez, y se han dispuesto recursos por cerca de $1.231 millones para atender la emergencia, principalmente en temas relacionados con frazadas con la atención puntual de esa emergencia en los 17 municipios”.
Añadió que en un consejo departamental de gestión de riesgo se determinó atender de manera prioritaria inicialmente las consecuencias de la emergencia y en segundo lugar ya se está trabajando por parte de este organismo, la gobernación y los municipios afectados en un censo sobre personas afectadas y los daños que han producidos las inundaciones.
El Gerente del Plan Todos Somos Pazcífico indicó que “hay que hacer el diagnóstico de cuáles son los daños en infraestructura, en infraestructura colectiva, en infraestructura de la familia, para así conforme a esos daños se valida la información en el consejo departamental de gestión del riesgo y mirar lo que hay que atender por parte de los tres niveles de gobierno. Aquí lo importante es concentrarnos inicialmente en la emergencia y por supuesto en la valoración de los daños”.
Escobar Jaramillo explicó que los $1.231 millones que se han destinado para atender esta emergencia en el departamento del Chocó “irán dirigidos principalmente a los temas que permiten atender rápidamente la emergencia, como la alimentación, frazadas, los kits de atención de estas 12.713 familias”.
Frente a la declaratoria de calamidad pública en el departamento que hizo la Gobernación por seis meses por las graves inundaciones, Escobar dijo que si es necesario se podría prorrogar por un tiempo más, pues este mecanismo permite agilizar la gestión de los recursos.
“Por supuesto dada la valoración de los impactos de mediano y largo plazo que originaron la calamidad, pues se verá si es necesario extender a un mayor tiempo la emergencia”.
Hospitales de Quibdó
La Corte Constitucional decidió ir a la capital chocoana para verificar por su propia cuenta si se ha avanzado en las medidas para superar los problemas que afectan el goce efectivo del derecho a la salud de los habitantes del Chocó, pues consideró que gran parte de la información que han entregado las diferentes entidades involucradas en el tema no cumple con los requisitos necesarios para evaluar el cumplimiento de las órdenes relacionadas en diferentes Autos.
En ese sentido, Luis Alfonso Escobar Jaramillo indicó que “la Corte evidenció que efectivamente el Gobierno nacional ha avanzado tanto a través del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud que tiene a su cargo la liquidación del hospital. Hemos logrado avanzar de manera significativa en inversiones, que ya están mostrando la evidencia en el hospital San Francisco de Asís y en el Ismael Roldán unos avances significativos en materia de provisión de medicamentos, en materia de adecuación de los espacios de maternidad, de atención infantil, de los quirófanos”.
Añadió que desde la firma en agosto que permitió levantar el paro cívico en todo el departamento reclamando atención del Gobierno central, “en estos tres meses hemos ido avanzando de manera significativa y tenemos el compromiso de dejar el Hospital San Francisco de Asís cero kilómetros. Es decir se van a asumir los pasivos, que son cerca de $37 mil millones, y le queda la responsabilidad al departamento de crear la nueva ESE San Francisco de Asís, la cual asumirá el compromiso de prestar el nivel dos desde la operación cero kilómetros”.
Agregó que se ha cumplido desde el Gobierno nacional con los pasivos así como con inversiones para el hospital y “hay un avance que se miró allí significativo en la prestación del servicio. Faltan los servicios de segundo nivel, de trauma, de otras especialidades, y en la medida que se avance en recuperar ingresos para ampliar y habilitar esos servicios, se irá haciendo”.