Una vez más se está hablando de la posibilidad de impulsar una reforma judicial. Se trata, sin duda, de uno de los anhelos más marcados y reiterados de la última década. Se puede contar, por más de una veintena, los proyectos de ley y acto legislativo que han sido radicados y discutidos en el Congreso, la gran mayoría de ellos hundidos durante el trámite y los pocos que lograron ver la luz en el legislativo declarados luego inexequibles por la Corte Constitucional debido a vicios de forma y fondo.
Durante este Gobierno, por ejemplo, han sido dos los proyectos de reforma judicial de amplio espectro discutidos en el Congreso. El primero, tristemente célebre por cuanto hubo de acudirse a una inédita objeción presidencial para hundirlo luego de una escandalosa conciliación entre las comisiones de Senado y Cámara, durante la cual le fueron introducidos varios ‘orangutanes’, que de haber entrado en vigencia hubieran implicado una ventana de impunidad y un desquicio de la institucionalidad de esta rama del poder público. El segundo, fue el contenido en la llamada “Reforma al Equilibrio de Poderes” que tuvo un trámite bastante accidentado en el legislativo y que pese a que múltiples sectores habían advertido sobre su abierta inconstitucionalidad terminó siendo aprobada, pero en cuestión de apenas unos meses la Corte tumbó todo el grueso del articulado que modificaba temas relacionados con la justicia, dejando a lo último apenas sobreviviendo unos pocos aspectos como el de la prohibición de la reelección presidencial inmediata que, paradójicamente, era el objetivo inicial de la iniciativa . Sin embargo, Gobierno y parlamentarios le fueron colgando, cual arbolito de navidad, un sinnúmero de arandelas que finalmente fueron declaradas inexequibles.
Ahora, de nuevo, las altas Cortes y el Congreso han decidido volver a intentar una reingeniería de la rama. Bajo el ambicioso título de “Misión Justicia” se ha pedido a distintas instancias judiciales, políticas, legislativas, de la Academia, centros de estudios y sectores ciudadanos, que presenten sus respectivas propuestas para una reforma de amplio espectro, con el fin de compilarlas y poder construir un proyecto coherente, estructural, integral y funcional antes de marzo próximo y llevarlo al Parlamento para su análisis y aprobación.
Según voceros de los máximos tribunales jurisdiccionales este nuevo impulso está llamado a ser el más importante y efectivo de los últimos años, no sólo porque es el primero en el que las altas Cortes y la rama en general son los promotores y tendrán la iniciativa principal en los posibles ajustes, sino porque ya hay lecciones aprendidas tras lo que pasó con el proyecto hundido mediante objeciones presidenciales y la implosión que registró la llamada “Reforma de Equilibrio de Poderes”.
Por igual, es claro que cualquier reingeniería al sistema judicial colombiano, cuyas falencias están sobre diagnosticadas desde hace un buen tiempo, debe tener en cuenta, como elemento sustancial, la arquitectura en materia de administración de justicia derivada de los procesos de paz que están en curso. Sería ingenuo desconocer que, por ejemplo, en la negociación de La Habana los máximos tribunales jurisdiccionales no tuvieron incidencia directa alguna e incluso cuando las tratativas se cerraron, hace dos meses, varios de los presidentes de las altas Cortes advirtieron sobre el riesgo de una especie de “justicia paralela”, sobre todo en lo relativo a los alcances omnímodos y omnipresentes de la Jurisdicción Especial de Paz que se pactó entre el Gobierno y las Farc.
Además de todo lo anterior, es absolutamente claro que así como el país está urgiendo un aparato judicial eficiente para enfrentar los fenómenos de macrocriminalidad derivados de flagelos como la violencia guerrillera, el narcotráfico, las bacrim, la corrupción de cuello blanco, el contrabando y otros delitos de alto espectro, también está urgiendo una respuesta más eficiente y tangible frente a la creciente inseguridad urbana que afecta a la mayoría de los habitantes, víctimas de robos de teléfonos celulares, atracos, fleteo y otros.
Como se ve, es obvio que el país requiere una reforma de fondo al sistema de administración de justicia. Sin embargo, concretar esta urgencia dependerá, en gran parte, de que el proyecto que se construya no sólo sea coherente y progresivo en materia de respeto al debido proceso y la administración pronta de justicia, sino de la capacidad que tengan las altas Cortes, el Gobierno y el Congreso para lograr un acuerdo base sobre los cambios a aplicar y que dicha columna vertebral no sea luego desfigurada o viciada en el trámite parlamentario, que ha sido sin duda el pecado original y fatal de casi todas las iniciativas discutidas al respecto en la última década. Ese es el gran reto.