En medio de una ebullición política que hacía tiempo no se vislumbraba en el país, incluidas las aristas de la reforma tributaria, las posibilidades de un acuerdo entre los sectores del Sí y del No, que permanecen más activos después del plebiscito, han dejado de verse con la claridad que alcanzó a palparse después del 2 de octubre.

A tres semanas del batacazo que dio el triunfo al No, contra todos los pronósticos, las encuestas y la gran mayoría de medios de comunicación, el ambiente se ha vuelto confuso e impropio de las necesidades de buscar el consenso político, que a todas luces es lo sensato. Pero, al parecer, falta mucho o se ha vuelto indescifrable.

Al mismo tiempo, el Premio Nobel de la Paz que en su momento sirvió de aliciente para un gobierno debilitado en las urnas, hoy parece un galardón de antaño y ha dejado de actuar como el motor que se pretendía, de acuerdo con las motivaciones de la academia noruega.

El guayabo del posplebiscito se mantiene, sin embargo, en toda la línea y todavía no es claro el resultado aplicable del mensaje electoral dado por la mayoría de los colombianos. En principio, es obvio que en los términos precisos de la democracia el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc dejó de existir. No es sólo lo dicho en la sentencia de la Corte Constitucional al respecto, sino igualmente en los postulados fundamentales del sistema político. Si bien esta semana se dio un margen final de 55.651 votos de diferencia, subiendo un poco el No frente al preconteo, la cifra continúa siendo sorprendente frente a la campaña que había sido estimulada básicamente por la propaganda oficial. En todo caso la justa electoral se tomó, en su momento, como un síntoma de madurez del sistema democrático colombiano, y así lo sigue siendo a ojos de cualquier espectador desprevenido.

No obstante, el escenario posterior, antes que galvanizar la polarización, lo que ha hecho es fomentarla y acrecentarla. De algún modo, con tantos voceros caracterizados del No, lo que han pretendido los del Sí es generar maniobras divisionistas y con ello impedir una propuesta conjunta. Que, sin embargo, en todos los documentos presentados ha tenido de vasos comunicantes la reforma integral de la justicia transicional, núcleo del Acuerdo de La Habana, y que tanto el Gobierno como las Farc han denegado al unísono.

En estos días el Gobierno emitió alocuciones sucesivas, en un programa llamado “El Presidente Escucha”, en el que da cuenta de sus gestiones con los partidarios del Sí y el No en busca de un rápido consenso para salvar el acuerdo.  

Lo importante es que se respete el dictamen popular. Hay casos muy cercanos de los riesgos que implica desconocerlo. Por ejemplo, esta semana, en Venezuela, terminó por darse el golpe a la fachada democrática cuando el Consejo Nacional Electoral prohijó el zarpazo final al referendo revocatorio de Nicolás Maduro. No podría, desde luego, decirse lo mismo en Colombia, sobre los resultados del plebiscito, pero ciertamente está en juego la democracia si el mandato de renegociar los postulados del Acuerdo de La Habana no se cumple con el debido tino y sindéresis.

Los planteamientos del No, en diferentes documentos de peso, apuntan a que prevalezca la justicia ordinaria como ámbito general de la justicia transicional, sin que ello suponga eliminarla. Por el contrario, la intención parecería ser usar los mecanismos internos para los mismos propósitos internacionales que se incluyeron en el pacto de Cuba. De hecho en algunas propuestas se mantiene una especie de veedores del exterior, pero en todas ellas, una más extensivas y otras más restrictivas, se deja de lado un tribunal con magistrados foráneos y que así mismo tenga una temporalidad indefinida y una jurisdicción especial que anule, tanto la cosa juzgada, como que no tenga responsabilidades dentro de la estructura nacional. También se habla de restricción efectiva de la libertad, bien en granjas agrícolas, bien en territorios delimitados, a diferencia de la amplitud convenida en el acuerdo denegado.

A ello, en general, el Gobierno y las Farc han dicho que no. El Presidente, por su parte, ha sostenido que está dispuesto a escuchar, cerrando el término de las propuestas el jueves pasado, pero dentro de la viabilidad propia de lo que considera posible después de un lustro de negociaciones con las Farc. Lo anterior fue duramente contestado por los sectores caracterizados del No que calificaron el asunto como si el Primer Mandatario quisiera fijarle un nuevo pulso al país. Tan es así que de reuniones previas en el posplebiscito, se pasó en estos días a un estado confrontacional en ascenso y que desdibuja la cordialidad antedicha. De suyo, al final de la semana, el expresidente español José María Aznar sugirió que el presidente Santos debía renunciar y asumir la responsabilidad política plena, un poco en consonancia con lo que ya se había dejado escuchar en los corrillos del No.

Estos sectores se han venido sintiendo desestimados en sus iniciativas, mientras que los del Sí no sólo han prohijado marchas, algunas espontáneas y otras montadas, que han copado efectivamente varias plazas del país pidiendo: ¡acuerdo ya!

En tanto, el Jefe de Estado ha dicho que está en la búsqueda de salidas constitucionales y efectivas. En principio, una de ellas, por lo menos acorde a la sentencia de la Corte Constitucional, sería la de llevar al Congreso el acuerdo reciclado en cierta medida, puesto que el votado el 2 de octubre no tiene vigencia alguna. Se buscaría, por igual, tumbar el artículo quinto del denominado fast track, a objeto de salvar la vía expeditiva que fue denegada, del mismo modo, en la votación del plebiscito. En realidad, no sería bueno para el país nada que no sea absolutamente transparente y adecuado al curso normal de las instituciones. Si se trata de una paz estable y duradera, que es el propósito principal, lo peor para ello serían atajos que signifiquen, por el contrario, una paz con fórceps.

En medio de lo anterior hay, evidentemente, una pugna por los tiempos. De un lado está el Gobierno, con sus facultades constitucionales plenas sobre el orden público y toda salida negociada, que tiene apremios tributarios y de índole militar para organizar el cese al fuego bilateral y dejar preparada la desmovilización monitoreada por la ONU.  Pero, de otro lado, los sectores del No aducen que debe trabajarse básicamente, sin pausa pero sin prisa, en el reajuste efectivo del acuerdo de La Habana, so pena del desconocimiento de las urnas. Para ello, en una movida intempestiva, el expresidente Álvaro Uribe se mostró partidario de hablar con las Farc y crear una mesa técnica antes de llevar el nuevo acuerdo de paz al Congreso. Las Farc descalificaron de inmediato la propuesta y el Gobierno dejó pasar el tema en el mutismo.

Visto lo anterior, como se dijo, hay una ebullición política incandescente. Lo importante es que en ella no se vaya a estropear, en modo alguno, la democracia y los postulados constitucionales. Nada más pero nada menos.