5 puntos a renegociar en acuerdo con Farc | El Nuevo Siglo
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Lunes, 3 de Octubre de 2016
Unidad de análisis

Los alcances de la justicia transicional encabezan el listado, sobre todo en el tema de la restricción efectiva de la libertad y el no juzgamiento de civiles ni militares. Entregar fortuna ilícita y lucha antidrogas, otros asuntos.

 

1.RESTRICCIÓN EFECTIVA DE LA LIBERTAD: el hecho de que el acuerdo de justicia transicional pactado en La Habana establezca la posibilidad de que los guerrilleros que confiesen delitos graves y de lesa humanidad no tengan que ir a prisión ni tener una medida real y tangible de restricción de la libertad, fue una de las banderas de los partidarios del No. Aunque ningún grupo sublevado en armas negocia un pacto de paz que implique que sus cabecillas o combatientes terminen presos, habría que endurecer este aspecto del acuerdo, así ello implique que los guerrilleros no vayan a cárceles comunes pero sí a colonias penales agrícolas con limitación real de la libertad, incluso por poco tiempo o con algunas flexibilidades penitenciarias. En cuanto a las amnistías por rebelión y conexos leves para la mayoría de los guerrilleros rasos, estas serían amplias pero no cobijarían delitos de narcotráfico ni secuestro.

2.TRIBUNAL ESPECIAL NO JUZGARÍA A MILITARES NI CIVILES: otro asunto de honor de los contradictores del acuerdo de paz con las Farc. Al considerar innecesario crear una jurisdicción especial de paz, proponen mejor activar una división especial en la Fiscalía y la Rama Judicial (similar a como funciona la ley de Justicia y Paz que procesa a los paramilitares). Esta división debería conocer y tramitar, dentro de los cánones de la justicia transicional, los delitos cometidos por los guerrilleros con ocasión del conflicto armado. De igual manera, los civiles, militares y policías serían juzgados por la justicia ordinaria, dentro de un marco jurídico diferencial y benévolo. Podrían acceder a la alternatividad penal pero determinada por un juez ordinario y no por un Tribunal Especial de Paz, como el planteado en La Habana. La cosa juzgada se mantendría, es decir que tampoco se podrían reabrir procesos ya fallados que tengan relación con la guerra

3.ELEGIBILIDAD POLÍTICA RESTRINGIDA: otro de los puntos más criticados del acuerdo final de paz es la posibilidad de que los cabecillas subversivos accedan automáticamente a 10 curules en el Congreso por dos periodos legislativos, sin importar que los futuros parlamentarios hayan cometido o sean condenados por delitos de lesa humanidad por el Tribunal de Paz. Para una parte de la opinión pública no sólo estos cabecillas y guerrilleros deben tener una restricción efectiva de la libertad, sino que no deben ocupar cargos públicos ni de elección popular hasta que hayan cumplido una pena. Incluso el uribismo ha planteado la posibilidad de que se otorguen curules especiales a la guerrilla o que esta compita en las urnas en igualdad de condiciones al resto de candidatos y partidos. En todo caso, los titulares de los escaños deberían ser desmovilizados que no tengan antecedentes, investigaciones ni condenas por delitos graves y de lesa humanidad.

4.ENTREGA PREVIA DE BIENES Y FORTUNA ILÍCITA: los partidarios del No tenían como una de sus principales banderas el hecho de que las Farc no han entregado los múltiples bienes muebles e inmuebles así como las cuantiosas sumas de dinero en efectivo o depositadas en paraísos fiscales derivadas del secuestro, la extorsión y el narcotráfico… Aunque el Gobierno siempre respondió que se estaba rastreando la fortuna de la guerrilla pero que no se encontraban pistas, e incluso el propio Fiscal General lanzó una estrategia al respecto, lo cierto es que las Farc replican que no hay tal riqueza escondida. Apenas si han mostrado disposición de devolver algunas decenas de miles de hectáreas y fincas apropiadas por la fuerza o mediante redes de testaferros. Una renegociación obligaría a que dicha entrega de bienes y dineros sea más tangible y cuantiosa para poder reparar a las víctimas.

5.LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: el acuerdo final de paz no establece una limitante a los operativos antidroga, aunque sí privilegia el enfoque de una erradicación voluntaria de los narcocultivos. El problema es que en menos de dos años la extensión de sembradíos ilícitos se duplicó en Colombia y no pocos analistas sostienen que una de las razones es la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato, bajo la tesis de que se trata de un herbicida que puede ser cancerígeno. Para el uribismo es necesario que se retome esa estrategia sobre todo en las zonas en donde operan las Farc y hay alta densidad de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, como Nariño y Putumayo.