Para poder generar 1,4 millones de empleos en dos años se requiere invertir $50 billones, para poder desarrollar 10.000 proyectos en todos los sectores de la economía. Esta es la propuesta parte de un grupo de economistas liderados por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en conjunto con el exviceministro de empleo, Mauricio Olivera, entre otros.
El programa que se denomina Empleo de emergencia ya: una medida contra la crisis. Tiene dos líneas de acción. La principal consiste en la implementación de proyectos de empleo de emergencia, con la que se pueden crear 1,4 millones de nuevos puestos de trabajo mediante el desarrollo de 10.000 estrategias públicas para generar trabajo de emergencia en dos años.
Una característica central del programa es el protagonismo de los municipios y departamentos, que tienen responsabilidades explícitas en el diseño, articulación y ejecución; a su vez, el Gobierno nacional apoya el trabajo de las autoridades locales.
Las prioridades son: generar empleo formal de mano de obra no calificada; crear puestos de trabajo para mujeres, jóvenes, población afro e indígena. Asimismo, los proyectos deben ser desarrollados en actividades que promuevan el desarrollo regional, la seguridad alimentaria del país, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y, en general, la construcción de capacidades regionales para la transformación social.
Presupuesto
Cada proyecto tendría un presupuesto de hasta $3.000 millones y un periodo máximo de ejecución de un año. Por lo menos 80% del presupuesto es asignado a salarios. A su vez, son proyectos de alta intensidad laboral que pueden crear individualmente 140 puestos de trabajo: 100 empleos de tiempo completo (salario mínimo), 20 de medio tiempo (medio salario mínimo) y 20 para jóvenes profesionales (1,5 salarios mínimos).
La implementación de los 10.000 proyectos laborales de emergencia puede crear un millón de empleos (salario mínimo), 200.000 para jóvenes profesionales y 200.000 de medio tiempo.
El primer paso en el programa consiste en la asignación de los recursos a cada uno de los 32 departamentos y 23 ciudades, así como en áreas metropolitanas. La asignación se hace en función del tamaño actual de su población desempleada.
Una vez asignados los recursos, las gobernaciones abren una convocatoria pública para que los territorios presenten sus proyectos, diseñados a nivel municipal y con una formulación que debe atender los objetivos del programa, además de las características técnicas de los proyectos.
Participación
Es crucial señalar que el diseño de los proyectos se hace a través de presupuestos participativos de emergencia, que aseguran la participación activa y responsable de las comunidades. Son ellas las que mejor conocen sus necesidades y las que pueden velar por el manejo transparente de los recursos. Estos presupuestos participativos cuentan con el respaldo administrativo de las gobernaciones en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en temas metodológicos, de estructuración financiera y contable.
La selección de los proyectos financiables luego estará a cargo de las gobernaciones de los departamentos. Estas clasificarán los proyectos presentados por los municipios de acuerdo con los criterios de priorización. La administración correspondiente debe hacer la selección de manera totalmente pública, con el apoyo de un comité técnico en el que participan las universidades, las cámaras de comercio y asociaciones ciudadanas que ayudan a garantizar la transparencia.
La transparencia en todo este proceso es fundamental: las gobernaciones harán seguimiento permanente a la ejecución con el apoyo del DNP. Todos los proyectos deben integrar un componente de lucha contra la corrupción con diferentes tipos de controles y mecanismos para compartir información sobre el programa. Los reportes de gestión deben ser públicos, por lo que se debe crear una plataforma en la que cada comunidad y cualquier ciudadano puedan hacerle seguimiento a los proyectos de cualquier municipio en el país.
Esta propuesta incluye una segunda línea de acción de generación de empleo en el sector privado; esta iniciativa consiste en subsidios y créditos asignados a las empresas, a través de una convocatoria competitiva que prioriza: Micro y Pymes, la recontratación de trabajadores que perdieron su empleo entre marzo y septiembre del presente año, así como la contratación de mujeres y jóvenes.
Esta línea puede apoyar la generación de cerca de dos millones de empleos, a la vez que puede optimizar y focalizar el apoyo tanto a los trabajadores como a las empresas más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo. Sabemos, por ejemplo, que las compañías con menos de 10 empleados explican casi el 70% de las pérdidas de empleo del mes de agosto.