Complicadísima, por decir lo menos, la situación que se vive al encarar y tratar de encausar las alteraciones del orden público, en especial la protesta social tan de moda por estas calendas. Tanto la fuerza de policía como las autoridades con funciones de policía, de todo orden, que de alguna forma tienen compromisos con esta situación que amenaza salirse de madre, para convertirse en arma no solo de protesta, sino recurso para subvertir el orden con fines inconfesables, deben unir esfuerzos, limar asperezas y entender que solo con la unión y acuerdos bien consensuados, estudiados, contrastados y probados, se lograra neutralizar estas demostraciones de fuerza y poder, que buscan desestabilizar administraciones municipales, departamentales y aun nacionales, apalancadas  por subterfugios pueriles a ojos de la ciudadanía y las autoridades, pero moviendo trasfondos  protervos, acordados y programados con lujo de minuciosidad y compromiso.

Ante la vandalización a la Catedral Primada de Bogotá, en medio de una protesta con ribetes sociales y feministas, totalmente ajenos a la violencia, nos percatarnos cómo las directrices que actualmente deben observar los miembros de fuerza pública facilitan el irrespeto y agresión, generada por la seguridad que acompaña a los manifestantes de que la fuerza pública no actuará en su contra, ni siquiera en defensa de su integridad, dando paso este comportamiento al caos, anarquía, violencia y agresión física a los miembros de la policía. Dicho escenario de seguro se calcará en diferentes sectores del país, con protagonistas de impensable procedencia, razón por la cual recomendamos la revisión de protocolos, pero como lo venimos sosteniendo, acordada entre todo tipo de autoridades.

Es saludable hacer una evaluación de las actuaciones, protagonizadas por diferentes superioridades que hacen presencia física o abstracta en esos escenarios, pues ante el fragor del momento, no se ahorran en conceptos, ordenes o epítetos, descalificando, desautorizando o relegando al mando actuante, generando un ambiente de enfrentamiento, y desplantes personales que, en verdad, no tiene por qué existir entre personas con una responsabilidad consensuada y un fin común. Estas expresiones, producto del descontrol, transmiten a la ciudadanía una sensación de desgobierno en la dirección de operaciones propias de la Policía Nacional, como en el caso que nos ocupa.

Descargar en una institución toda la responsabilidad de un procedimiento no es acertado administrativa ni políticamente y mucho menos cuando se buscan alternativas que permitan direccionar la actuación, de acuerdo a nuevos protocolos que no se han probado y aún están en el plano de su implementación e instrucción. La filosofía y doctrina policial se van acuñando con el paso de los años y la experiencia, por lo tanto, la improvisación en materia operativa y procedimientos de policía está proscrita. Sin capacitación y entrenamiento no esperamos resultados satisfactorios.