La JEP (Justicia Especial para la PAZ) imputó a 10 militares por 46 casos de falsos positivos cometidos en Dabeiba, Antioquia, ente 1997 y 2007. 

Ocho de los 10 integrantes del Ejército Nacional que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba y  reconocieron ante la JEP la imputación proferida el pasado 11 de julio, a través del Auto de determinación de hechos y conductas. 

Se trata del coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; del Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); de Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y de dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79). 

De igual manera, se les atribuyó responsabilidad, en calidad de máximos responsables por su participación determinante, a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.

En sus reconocimientos escritos, los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, también aceptan responsabilidad individual” y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables". Así mismo, muestran su disposición de realizar acciones tareas y actividades “con la finalidad de reparar los daños causados”.
 
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se prepara para fijar los términos de la audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe. 

Es decir, los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país por los crímenes documentados en Dabeiba. Se trata de un escenario de priorización, en el cual confluye un macrocaso nacional (03), que investiga los 'falsos positivos', con uno territorial (04), que priorizó la región de Urabá. 

Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel. 

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Estos son algunos de los fragmentos textuales de los reconocimientos enviados a la JEP: 

“Reconozco que influí en aquellos que no querían participar en esos hechos y aún más, motivé a los que lo hacían, recordándoles el plan de bienestar y permisos que estaba ordenado por el comandante de la Brigada CR JORGE ALBERTO AMOR PAEZ , que consistía en permisos y felicitaciones para el personal que diera resultados operacionales, y en muchas ocasiones ser tenidos en cuenta para viajes al exterior, como ocurrió con el sargento Coral, a quien se le dio un viaje a EE.UU., para hacer un curso, como premio a los resultados operacionales ilegales realizados, y como también sucedió en mi caso, que también me fue otorgado un viaje al exterior, dos días después de haber presentado un resultado extrajudicial el 21 de junio de 2006”.
 
“Si yo hubiese puesto en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes, muy seguramente miles de vidas de seres humanos inocentes, no se habían presentado, por ello vengo aquí no solo a reconocer mi vil responsabilidad en todos los hechos y las conductas consagradas en el AUTO 01 del 2022, sino mi responsabilidad general por este patrón marocriminal, lo hago después de analizar, que mi silencio, mi cobardía, mi actuación criminal, mi deseo de honrar y darle gusto a mis superiores, generó esta práctica inhumana, que ocasionó miles de muertos y millones de víctimas indirectas, a quienes afecté”, dijo Efraín Enrique Prada Correa

Por su parte, Jaime Coral Trujillo, dijo:  “Reconozco que con mis acciones causé daños morales, emocionales y en la salud mental y física, así como la estigmatización y revictimización padecida por los familiares de las víctimas, también reconozco que hubo afectación al patrimonio familiar y económico, así como los daños diferenciados por la condición de género”.

Otro testomonio fue el de Fidel Iván Ochoa Blanco quien aceptó la responsabilidad por las muerte y desaparición forzada de Edinson Lexander Lezcano. 

 “Me permito indicar que acepto responsabilidad por la muerte y desaparición forzada de Edinson Lexander Lezcano Hurtado ocurrida el 18 de mayo de 2002 en la vereda Alto Bonito del municipio de Dabeiba, Antioquia (…) Quiero reconocer que yo solo me limité a decirle a ese Sargento Villalba que no contara conmigo para eso (asesinar), pero tan poco hice nada para evitar el asesinato de esas dos personas, además que hice el desafortunado reporte del supuesto combate y también en la investigación de la justicia penal militar no fui capaz de decir la verdad (por miedo a que fueran a hacerle algo a mi novia) como habían ocurrido los hechos”.