Urgen acciones del Estado para el Chocó: Carrillo | El Nuevo Siglo
Foto archivo ENS
Jueves, 1 de Octubre de 2020
Redacción Política

Frente a la tragedia social y humanitaria que vive el departamento de Chocó debido al recrudecimiento de la guerra por la disputa entre grupos armados ilegales y los escenarios de pobreza, desigualdad y desempleo que ha dejado la pandemia, la Procuraduría General de la Nación, le pidió al Gobierno nacional acciones urgentes para atender a la población civil.

El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez participó en la #MesaPorLaVidaen la que quedó claro que “Chocó vive una tragedia social y humanitaria y no podemos ser inferiores a esta responsabilidad. Se requieren acciones inmediatas para un departamento que no puede seguir siendo ignorado por una realidad agudizada por los efectos de la pandemia”, dijo.

En su intervención en la décima Mesa por la Vida que realiza el Ministerio Público con apoyo de Usaid, Carrillo Flórez afirmó que el departamento de Chocó “parece el fortín del ELN” y dijo que es como si los cuarteles generales de esa guerrilla estuvieran en ese departamento. 

Enfatizó en la importancia de desplazar toda la institucionalidad a ese territorio y de definir acciones concretas de cara a la magnitud de la problemática que presenta el departamento, azotado por la presencia de los grupos ilegales y por las violaciones de los derechos humanos. 

“Este país no puede darse el lujo de seguir matando a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales. Las amenazas radican de esos grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico”, agregó. 

Según Carrillo, “las cifras no mienten: no son percepciones, no son especulaciones, es la realidad de lo que está viviendo el departamento”, y cuestionó que en la última semana se presentaron seis muertes violentas en Quibdó por la guerra de bandas criminales. 

El Procurador reveló que de acuerdo con la Personería, cerca de 14 mil personas han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento por enfrentamientos de grupos armados organizados, y que la Defensoría del Pueblo encendió  las alarmas por el desplazamiento masivo de 450 personas, de 7 comunidades indígenas Embera en el Alto Baudó.