En marzo, estudiantes tendrán voceros

Hasta un máximo de 25 representantes estudiantiles nacionales serán elegidos el 3 y 4 de marzo próximo en Manizales (Caldas), por parte de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE), como voceros ante el Gobierno para adelantar el diálogo sobre un nuevo proyecto de la reforma a la Ley 30 de educación superior.
Ayer la MANE sostuvo en Ibagué su primer encuentro del año en donde se definió el mecanismo para la escogencia de estos voceros, el primer paso que tienen previsto los estudiantes en la construcción de un proyecto cuyo articulado estaría listo para octubre de este año, de acuerdo con el cronograma que definieron el 3 de diciembre pasado, cuando además de los tiempos se estableció la metodología para la interlocución con el Gobierno frente a esta reforma.
Sobre la escogencia de los jóvenes que cumplirán con esta interlocución, Sergio Fernández, vocero de la MANE-Bogotá, indicó que “discutimos el mecanismo para la
composición del comité operativo de la MANE, que será el que designe a los voceros para interlocutar con el Gobierno”.
Este comité operativo de la MANE “será conformado por delegados de cada una de las universidades, y entre cada uno de estos delegados, cualquiera podrá proponerse para ser interlocutor y tener la aprobación mayoritaria de los demás delegados”, indicó Fernández.
Posteriormente, según lo definido por la MANE, entre los meses próximos de febrero y marzo se realizarán encuentros por universidad, solamente con la comunidad universitaria. Luego se adelantarán encuentros regionales en los que, además de la comunidad universitaria, participarán otros sectores sociales y políticos.
Luego, en junio, se reunirá el Consejo Nacional Programático para la Educación Superior, “en donde saldrá la exposición de motivos del proyecto alternativo construido por la comunidad universitaria y por la sociedad en general”, explicó Fernández.
En tanto que para octubre próximo, los estudiantes ya tendrán el articulado de la propuesta alternativa de reforma a la Ley 30 de Educación Superior, que entre sus aspectos fundamentales contemplara educación gratuita y de calidad.
El pasado 11 de noviembre el Ejecutivo se vio obligado a retirar el proyecto de reforma a la educación superior por la presión de los estudiantes universitarios, que ajustaron más de un mes de cese de actividades junto con las 22 universidades públicas que hay en el país.
A comienzos del año anterior el Gobierno nacional dio a conocer su propuesta de reformar la Ley 30 con el objetivo de mejorar la calidad, incrementar la cobertura y la financiación.
El proyecto preveía la inversión de capital privado en la financiación de la universidad pública, lo cual generó el inmediato rechazo del estudiantado y de los rectores de las universidades financiadas por el Estado, así como de un sector congresional de la Mesa de Unidad Nacional (coalición de gobierno).
En consecuencia el Gobierno retiró del proyecto el componente de la inversión privada en la universidad pública, lo cual no fue suficiente para frenar el inconformismo de los educandos, que ya organizados en la MANE se canalizó en la determinación que presentarían su propio proyecto y que irían a paro hasta que el Gobierno retirara la iniciativa que hacía tránsito en el Legislativo, como efectivamente ocurrió.