Defensa medioambiental | El Nuevo Siglo
Miércoles, 4 de Enero de 2012

 

*Hay avances, pero falta mucho

*La nueva Unidad de la Fiscalía

 

 

Si algo ha quedado demostrado en la última década es que la preservación del ambiente ya dejó de ser esa causa romántica de los ecologistas de antaño para convertirse en un asunto de seguridad nacional para todos los países.

Las fuentes hídricas, la seguridad alimentaria, la explotación sostenible de recursos naturales no renovables, políticas de reforestación, métodos de producción limpia, aumento de la restricción a focos de contaminación, incremento de las compensaciones económicas por la persistencia de estos últimos y la importancia estratégica de la biodiversidad, entre muchos otros aspectos, son hoy por hoy asunto central de la soberanía y la viabilidad nacional a corto, mediano y largo plazos. Las difíciles y trabadas discusiones de los países más desarrollados, las potencias emergentes y los menos acaudalados, como quedó recientemente demostrado en la accidentada cumbre de Durban y el poco avance en la ratificación y modernización del Protocolo de Kyoto, ponen de presente cómo el tema ambiental tiene un peso geopolítico cada vez más decisivo.

Colombia, por su riqueza en recursos naturales renovables y no renovables y su altísima biodiversidad, es una potencia ambiental. Sin embargo, lamentablemente, también arrastra el lastre de ser una nación en donde el deterioro del entorno natural es muy pronunciado por efecto de altos niveles de contaminación de fuentes hídricas, métodos de producción industrial, agrícola, de infraestructura y comercial anacrónicos y deficientes, alarmantes índices de deforestación y urbanización desordenada, así como graves atentados contra la flora y fauna, entre otros muchos atropellos al ambiente. Las tragedias invernales del último año son evidencias del elevado costo en vidas y recursos que tiene que pagar el país por su alto grado de depredación del entorno natural.

Precisamente para hacer frente a esta amenaza la legislación colombiana ha avanzado en las últimas dos décadas, aunque para algunos expertos no tanto como debiera. Sin embargo, en los últimos meses se han producido noticias muy importantes en este campo. De un lado, fue resucitado el Ministerio de Medio Ambiente, que en mala hora y en el marco de una decisión contraria a la lógica administrativa moderna había sido reducido a una dependencia de otra cartera. Asimismo, fue reforzada toda la estrategia para mitigación a los efectos del cambio climático, de forma tal que los lineamientos de ese modelo sean reflejados efectiva y tangiblemente en los marcos de desarrollo industrial, urbanístico, de servicios públicos y de infraestructura en todo el país. También se avanzó en la tipificación de nuevos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, como quedó establecido en la Ley 1453 de 2011, de Seguridad Ciudadana. Por igual, ya está abierto un debate a fondo sobre la urgente reforma que debe aplicarse a la treintena de Corporaciones Autónomas Regionales, cuyo funcionamiento deja mucho qué desear.

Y ahora, como un complemento a todo lo anterior, la Fiscalía anuncia la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que le permitirá destinar personal especializado en la investigación y castigo a quienes afecten el derecho de todos los colombianos a un ambiente sano, o que de alguna manera deterioran o agotan injustificadamente los recursos naturales. También tendrá la responsabilidad de obtener la reparación del daño social, económico y cultural causado por la comisión de delitos como aprovechamiento ilícito de recursos naturales, contaminación ambiental, pesca y caza ilegales, invasión de áreas de importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos minerales y otras conductas para las que el Código Penal establece penas cada vez más altas.

Como todavía falta mucho camino para frenar la depredación –suicida- ambiental en Colombia, no sólo hay que endurecer los castigos y fortalecer la institucionalidad para hacer cumplir la legislación, sino producir un cambio mental a todo nivel sobre la urgencia de preservar el entorno natural y aplicar modelos verdes y limpios de desarrollo. Y aunque los pasos dados recientemente son positivos, no hay que cejar en ese empeño vital.