Ante la disminución de recursos para la salud contemplados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación que cursa en el Congreso, el Consejo Nacional Gremial señaló que “reconocemos que el sistema necesita algunos ajustes para continuar con su mejoramiento, pero un paso en falso afectaría a todos los hogares del país y, con mayor dureza, a los de las personas con menos recursos”.

Esta posición del CNG tiene que ver con la discusión que se ha presentado por los recursos de la salud. El gobierno anterior dejó dicho en el proyecto de presupuesto que al sector le faltaban $8,1 billones para funcionar adecuadamente en 2023. Sin embargo, la ministra de Salud, Carolina Corcho dijo que el faltante sería por $6,6 billones que dejó Duque más $1,5 billones que el actual Gobierno quiere gastar de más en el sistema. Pero la ministra también dice que la cuenta se puede rebajar y que más bien necesita solo cerca de $4 billones.

Sobre estas cuentas de Corcho, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo le dijo: “tiene un presupuesto bastante amplio, estamos discutiéndolo y de hecho es posible que el Gobierno saque algunos recursos este mismo año para pagar faltantes, estamos viendo con la Dirección de Presupuesto cómo podemos solucionar. Obviamente hay faltantes, pero en ese y en otros sectores”.

Solicitudes

Asimismo, el centro de estudios económicos, ANIF, le recordó a la ministra Corcho, que “el equipo técnico del Ministerio de Salud de la administración pasada había realizado una solicitud adicional por $8,1 billones en el marco del debate por el presupuesto para 2023. Con esos recursos adicionales se iba a atender el incremento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) cercano al 15%, financiar los presupuestos máximos, las actividades de promoción y prevención, las pruebas covid y cubrir el gasto en atención a la población migrante indocumentada, entre otros aspectos”.

De otro lado, el CNG señala que “valoramos mucho los esfuerzos que ha hecho el país durante las últimas décadas para lograr construir un sistema de salud con una cobertura que hoy alcanza a más del 95% de la población con estándares de calidad y cobertura reconocidos internacionalmente. Por eso, cualquier modificación del sistema debe partir de una evaluación rigurosa y objetiva de los resultados obtenidos y de las oportunidades de mejora. No es recomendable experimentar en materia de salud pública, ni apostar a modelos que no han sido probados en otras latitudes o que, habiéndolo sido, no han dado resultados positivos”.

Indica el gremio empresarial que “una reducción de los recursos destinados a financiar el aseguramiento en salud, al Sistema General de Participaciones y al rubro de presupuestos máximos, lo sometería a riesgos innecesarios y, eventualmente a situaciones de crisis que no serían consecuencia de errores conceptuales en su diseño, sino de la falta de las apropiaciones presupuestales indispensables para atender el compromiso ineludible de las necesidades de salud de los colombianos en condiciones de dignidad”.

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Diálogos

De otra parte, establecer un espacio de diálogo para buscar que se asignen los recursos necesarios para la garantía de la salud como derecho fundamental en 2023, le solicitó la alianza Aliadas al Gobierno nacional y al Congreso de la República.

La solicitud en cabeza de Acemi y Gestarsalud, dos de los gremios que hacen parte de Aliadas, tiene como propósito revisar los recursos que el Ministerio de Salud considera que se requieren para la garantía de las atenciones a los colombianos el próximo año.

“A los gremios les preocupa que el presupuesto de la salud para 2023 no contenga los montos suficientes de acuerdo con los requerimientos y necesidades de los usuarios (…) Al incluir las anteriores variables en el costo de los servicios de salud, más la mayor frecuencia en requerimientos de los usuarios en 2023 por el agravamiento de la línea salud-enfermedad ocasionado por la pandemia Covid, la profundización de los niveles de pobreza, y el envejecimiento natural de las poblaciones, aumentan los costos de las atenciones en salud por lo que el sistema debe estar preparado”, sostienen y por ello le solicitan al Gobierno nacional “revisar los requerimientos realizados al Congreso de la Republica y evitar de esta forma el desfinanciamiento del sistema”.