Un gobierno al lado de la gente. Esa promesa de campaña de la conservadora Liz Truss empieza evidenciarse a tan solo tres semanas como jefa de gobierno, al adoptar un plan de acción inmediata para frenar el alto costo de vida, jalonado por las facturas energéticas, y relanzar la economía británica.
De la congelación de precios en las tarifas de energía por dos años para los hogares, anunciada el pasado 8 de septiembre, tan solo dos días de asumir el mando, pasó esta semana a subsidiar la mitad de las mismas para las empresas y ayer complementó el plan con una inédita reducción de impuestos, así como una desregulación en el sector bancario.
Ante el Parlamento, el ministro de Finanzas Kwasi Kwarteng calificó este programa de choque como un “mini-presupuesto” urgente para luchar contra la inflación y amenazas de recesión. Destacó, al igual que lo hiciera semanas atrás la premier conservadora Truss, que la congelación de precios de energía representará un ahorro de unas 1.000 libras (1.232 euros) al año para un hogar medio, en comparación con la subida de 80% del tope tarifario que estaba prevista el 1 de octubre.
En cuanto las empresas, se prevé subvencionar 50% de las facturas eléctricas y de gas durante seis meses a partir de octubre, ayuda que busca impedir el colapso de los negocios y proteger los empleos.
Los precios del gas y la electricidad se dispararon desde el inicio de la guerra en Ucrania, a raíz de las limitaciones en el abastecimiento de hidrocarburos procedentes de Rusia. Por ello, “durante la peor crisis energética en generaciones, este gobierno está al lado de la gente”, enfatizó el titular de finanzas.
Kwarteng estimó en 60.000 millones de libras (unos 67.218 millones de euros) el costo para los primeros seis meses de las ayudas anunciadas para los particulares y las empresas.
Para relanzar la economía el gobierno Truss anunció por otra parte la anulación de un límite a los bonos para los banqueros, de 200% del salario anual hasta el momento, y una baja del porcentaje máximo del impuesto a las ganancias, de 45 a 40%.
"Necesitamos que los bancos internacionales creen empleos aquí (...) y paguen impuestos aquí en Londres, y no en París, Fráncfort o Nueva York", afirmó el ministro, poniendo fin a una regla heredada de la Unión Europea.
En momentos en el mercado laboral británico sufre de una escasez de mano de obra, el acceso al ingreso mínimo ("universal credit") estará acompañado de obligaciones para algunas personas que trabajan menos de 15 horas semanales.
Esto podría incluir el hecho de "postular a un empleo, participar en entrevistas de reclutamiento", según el funcionario, que quiere incitar a las personas mayores de 50 años a volver al mercado laboral, del que se fueron en grandes proporciones desde la pandemia, especialmente a raíz de enfermedades largas.
Menos impuestos y aportes sociales
De igual forma, el gobierno británico propuso un plan de rebaja tributaria que alcanzará los 44.795 millones de libras (50.970 millones de euros) para el ejercicio 2026-2027, en el que se incluye disminución en el impuesto de renta, así como en las cotizaciones a la seguridad social.
En este último aspecto, reversó el incremento de 1,25 puntos porcentuales que se aprobó el año pasado y con tal medida habrá una rebaja efectiva de 15.250 millones de libras (17.266 millones de euros) en los aportes que realizan los trabajadores.
Y aunque consciente de que será un golpe para las arcas públicas decidió cancelar el incremento del impuesto sobre sociedades del país, que se preveía subir al 25% desde el próximo abril. De esta forma seguirá vigente el 19% actual. Esto supondrá una disminución de ingresos en un horizonte a cinco años de 18.710 millones (21.182 millones de euros).
Londres también tiene previsto eliminar el incremento de 1,25 puntos porcentuales del impuesto que pagan los contribuyentes por los dividendos que reciben de las acciones. En un primer momento, la Hacienda británica recaudará 1.440 millones (1.630 millones de euros) menos, pero estima que en un horizonte a cinco años el impacto se reduzca a 885 millones (1.002 millones de euros).
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El ambicioso plan de ayuda de la premier Truss que beneficiará a los trabajadores es la modificación de los tramos por el impuesto sobre la renta (IRPF). Actualmente, en Reino Unido existen cuatro tramos: uno del 0%, para ingresos de hasta 12.570 libras (14.231 euros), otro del 20% para los ingresos de entre 12.571 y 50.270 libras (56.914 euros); uno del 40%, para los ingresos que excedan la cuantía anterior y hasta 150.000 libras (169.825 euros); y uno del 45% para los contribuyentes más ricos, los que ingresan más de 150.000 libras al año.
La nueva propuesta contempla eliminar ese último tramo del 45%, por lo que los individuos de mayor renta dejarán de pagar 2.065 millones (2.338 millones de euros) en impuestos en un horizonte a cinco años. Por otro lado, el segundo tramo se reducirá en un punto porcentual, hasta el 19%.
El Gobierno espera que el impacto inicial de esta medida suponga un ahorro para los trabajadores de 5.270 millones de libras (5.967 millones de euros), aunque la aceleración del empleo provocará que el impacto final de esta medida en el año 2026-2027 sea positivo en 45 millones de libras (51 millones de euros).
Otra medida clave es la remodelación de las compras exentas de IVA para los turistas, modernizando el esquema de Irlanda del Norte y digitalizándolo en Gran Bretaña. Esto bajará los ingresos tributarios en 2.060 millones (2.332 millones de euros).
También prevé modificar un gravamen similar al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales español que solo afecta a la adquisición de vivienda. Así, duplica el valor exento hasta las 250.000 libras (283.000 euros). En el caso de compra de primera vivienda, el valor de la propiedad exenta de este tributo se eleva hasta las 425.000 libras (481.172 euros).
La premier británica defendió esta agenda de rebaja de impuestos no sólo ante la oposición británica sino inclusive ante el presidente de Estados Joe Biden, con quien se reunió a mediados de esta semana en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
"Estoy harto de la economía del goteo. Nunca ha funcionado", había tuiteado Biden antes de su reunión con Truss, argumentando que los cortes tributarios benefician especialmente a los ricos.
A ello respondió la mandataria británica insistiendo en que “no acepto el argumento de que cortar impuestos sea injusto…Lo que sabemos es que la gente de mayor ingreso suele pagar más impuestos. Así que cuando reduces impuestos suele haber un beneficio desproporcionado porque esas personas ya pagan más impuestos".
Tanto la premier como su ministro de Finanzas insistieron en que, pese a su costo, esta política tendrá "beneficios sustanciales" para la economía británica y para atajar inflación.
El plan de choque presentado ayer estuvo precedido de otras dos grandes decisiones: una hoja de ruta de urgencia para el sistema sanitario público y el fin a la moratoria a la fracturación hidráulica.
Como se sabe el servicio sanitario público gratuito (NHS), institución muy querida por los británicos que data de 1948, está al borde del colapso, agravado por la pandemia del covid-19 y años de austeridad.
Denominado "Nuestro plan para los pacientes", el paquete de medidas presentado esta semana busca facilitar el acceso a la atención médica, especialmente este invierno, con el objetivo de que los pacientes puedan obtener una cita con su médico de cabecera "en dos semanas" y "el mismo día" para los casos más urgentes, según explicó la ministra de Sanidad, Therese Coffey, en la Cámara de los Comunes.
También se creará un fondo de 500 millones de libras (unos 573 millones de euros o dólares) para desarrollar la atención domiciliaria y liberar camas en los hospitales.
De otra parte, el gobierno derogó una moratoria a la fracturación hidráulica en el país, un método de extracción de gas y petróleo que fue suspendido en 2019. "Para reforzar la seguridad energética del Reino Unido, se levantó la moratoria a la producción de gas de esquisto en Inglaterra", explicó un comunicado oficial el jueves, en el que añade que las futuras solicitudes de autorización de perforación se examinarán según "las necesidades nacionales y mundiales de gas" y solo donde "exista un apoyo a nivel local".