Cuando Piedad dijo que Gustavo era un mal ser humano, muchos no le creyeron, pero ahora sí y de los 10 millones, creo que van en la mitad los que votaron fervorosamente por “el cambio” que ya están arrepentidos. Eso de “hacerle chancuco” a una placa (documento público auténtico) del gobierno anterior para refrendar una sensible obra del sistema “Sacúdete al Parque”, en Sucre, trastocando los apellidos Duque y Palacios allí insertos para cambiarlos por Petro y Prada, aunque podría constituir un tipo penal de falsedad material en documento público (Código Penal, art. 287), parecería un juego de niños comparado con lo que hicieron contra Colombia Petro y su canciller, Álvaro Leyva, al retirar el apoyo a la candidatura para la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en cabeza del exministro Fernando Ruiz, porque allí estaríamos frente a una burda traición diplomática (art. 457 ídem).
Más allá de la vindicta contra todo lo que provenga de la anterior administración, pierde Colombia, pues con al menos 20 votos cautivos en la causa de los 35 países miembros de la OPS, hubiésemos alcanzado tal dignidad internacional por primera vez en 120 años de su creación. Pero primó la ira contra Uribe sobre los intereses de la Patria. Allí está pintado el gobierno del cambio, en solo un par de actitudes que demuestran su maledicencia.
De resto, hay que mirar lo que está pasando en 18 departamentos con la violación a la propiedad privada, cuando indígenas y campesinos (con infiltración de venezolanos desadaptados, bacrim, guerrillas, disidencias y toda suerte de delincuentes) están pescando en río revuelto para apoderarse de tierras ajenas porque saben que tienen patente de corso de un gobierno faltón, que quebranta uno de los principios fundamentales constitucionales (art. 2) que ordena a las autoridades de la República “Proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes...” y el art. 58 en que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles…”
Pero las autoridades, por debajo del presidente, están esposadas, no pueden reaccionar ni utilizar las armas, ni bombardear campamentos narcoterroristas; frente a la vulneración descarada de la propiedad privada están llamados a convertirse en “cómplices inocentes”, pues el art 91 constitucional los protege al decir que “en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta”… a menos de que se trate de “los militares en servicio… respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”.
Y hasta allí llegamos, sufriendo los rigores de la típica “patente de corso envuelta en teflón”, pues si a un alcalde y a un senador ninguna actuación judicial -menos una providencia- le salpica, menos a un “Presidente de la República, Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa” títulos con los que lo encumbra -y protege- la propia Constitución.
Post-it. Pagó el madrugón para ver el último adiós a la Reina Isabel en la Abadía de Westminster: fastuosidad, cuento de hadas, en medio de una ceremonia que exalta lo mejor de la condición humana, pues no todo tiene ser guerra, miseria y salvajismo.