Un nuevo y duro campanazo sobre la situación ambiental del país dio el viernes la Contraloría General de la República al entregar su informe anual sobre el estado actual de este sector en el país.
Tras evaluar la política pública y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales, el ente de control fiscal advirtió una importante reducción en materia de inversión, reflejada en un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018.
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Según el contralor Carlos Felipe Córdoba, en la presentación del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (Ierna 2019-2020), “las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.
Según este Informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente.
Entre estas debilidades se mencionan los vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica, deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales para hacer presencia en todo el territorio así como la escasa planificación de las áreas protegidas.
Además, según la Contraloría, “hay incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas”.
“Según la Contraloría, ‘hay incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas’”
Desfinanciación
Tras lo anterior la Contraloría señaló que “se ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con la contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos; el precario estado de los ecosistemas marinos y manglares; el aumento de la deforestación; y el bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”.
Para la Contraloría, “la realidad ambiental de nuestro país presenta todas las carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.
Asegura el ente de control fiscal que “al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presentó una reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la Contraloría significa que “la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país”.
El rubro para inversión, que es el que financia los programas y proyectos para la protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018, situando este sector como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional.
CAR no ejecutan
Otras conclusiones de la evaluación que realizó la Contraloría sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, es que “se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR (corporaciones autónomas regionales) para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos. Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%)”.
Asegura el informe que “diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones. Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%”.
“Para la Contraloría, ‘la realidad ambiental de nuestro país presenta todas las carencias que aún la política pública no ha logrado corregir’”
Esto, según la entidad fiscalizadora, “quiere decir que $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia”.
Al respecto, EL NUEVO SIGLO quiso consultar al director de Asocars, Ramón Leal Leal, pero no fue posible localizarlo.
Por otra parte, en el informe también se considera relevante la iniciativa del Ejecutivo de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 la reforma a las CAR, para lo cual ya cursa en el Congreso el respectivo proyecto de ley que incluye la unificación del manejo presupuestal de estas entidades, ya que su falta de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución de los recursos públicos puestos a su disposición para la preservación del medio ambiente.
El carbono
Asimismo, el organismo de control señaló que “después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI)”.
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Expuso el informe que “el recaudo de impuesto por parte de la DIAN para el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones, de los cuales el 45% corresponde al Medio Ambiente, es decir, $549.891 millones. Sin embargo, los recursos permanecen ociosos en la Tesorería General de la Nación no obstante que tienen destinación específica, para la protección del Medio Ambiente”.
Se concluyó que la forma en que se ha sido implementado el mercado de bonos de carbono no da certeza sobre la reducción de emisiones y por eso hay abruptas variaciones de sobreoferta o excesiva demanda.
“El organismo de control señaló que “después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes”
Las denuncias ambientales
- Al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a llegar al cero por ciento de la deforestación neta en 2020. Sin embargo, no existen cifras claras sobre el avance hacia esa meta porque no existe un reporte oficial del Ideam. En 2018 el área deforestada era de 197.159 hectáreas.
- En materia de reforestación, el Gobierno nacional, en enero de 2020, se comprometió a sembrar 180 millones de árboles al 2022, lo que representaría una extensión de 140.000 a 270.000 hectáreas en total, equivalentes a un promedio de 35 a 67 mil hectáreas por año.
- El país cuenta hoy con contratos que dan acceso a los recursos genéticos sin garantizar los beneficios monetarios y no monetarios a los que tienen derecho las comunidades étnicas.
- La falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de patentes resultado de la biopiratería.
- La Autoridad Nacional Pesquera informó que entre los años 1975 al 2016 el recurso pesquero del río Magdalena ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y bocachico, entre otras, perdiendo su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores de su área de influencia.
- El río Magdalena presenta deterioro ambiental de su sistema de humedales y a partir de actividades como producción agropecuaria.
- De los 263.684 vehículos nuevos registrados en Colombia en 2019, sólo el 1,2% trabaja con tecnologías híbridas eléctricas, lo que afecta sensiblemente las metas ambientales definidas por el Plan Nacional de Desarrollo en su línea de Transporte sostenible.
- El conpes 3943 proyectó en 2018 la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030, pero según el PND para cumplir esa meta durante los próximos ocho años tendrían que ingresar 593.400, es decir, un promedio de 74.175 por año.