Concluyendo que ha habido crímenes de lesa humanidad, esta semana se publicó el informe de la Misión de los Hechos sobre Venezuela para investigar las presuntas violaciones de DD. HH. Aunque no tiene efectos judiciales, las 400 páginas sirven de base para abrir una nueva etapa ante la Corte Penal Internacional
___________
Era abril de 2017. En Miraflores, Nicolás Maduro cumplía poco más de tres años. La oposición, con el deseo de revocarlo en la Asamblea Nacional, pero bloqueada por los organismos cooptados por el chavismo, había convocado a protestas diarias para presionar por la apertura de un proceso revocatorio, el hambre y la represión. En el desenlace de ellas, tras dos meses y medio de represión, el saldo fue trágico: 124 muertos y miles de detenidos.
En apariencia, y tal vez algo en el fondo, el chavismo respetó las formas democráticas hasta junio de 2017. A partir de ese mes la oposición empezó a hablar de dictadura, y mayoritariamente la comunidad internacional también adoptó el término. Gobernada por un régimen dictactorial, Venezuela fue incluida en los radares de organismos internacionales por las presuntas violaciones a los derechos humanos y acompañó aquella lista compuesta por países como Myanmar, Filipinas, China y Corea del Norte.
Dos años más tarde, los organismos internacionales empezaron a materializar su preocupación. En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) creó la Misión de los Hechos sobre Venezuela para investigar la denuncia por las presuntas violaciones de DD. HH., un paso más luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) un año ante había abierto investigación preliminar por conductas ilegales y contra la dignidad humana en las protestas de 2017.
Meses después de iniciada la investigación, esta semana la Misión publicó un documento de más de 400 páginas cargado de revelaciones sobre las violaciones perpetradas por el régimen chavista. Para los investigadores Marta Valiñas, Paul Seils y Francisco Cox, en Venezuela, “lejos de ser actos aislados”, hubo “crímenes que se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
Esta es la primera vez que en una investigación oficial de un organismo internacional se dice explícitamente que en Venezuela ha habido “crímenes de lesa humanidad” y se da a entender que estas prácticas han sido “sistemáticas” para reprimir a la oposición e imponer un estado policial que solo representa los intereses del régimen.
Esta es la primera vez que en una investigación oficial de un organismo internacional se dice explícitamente que en Venezuela ha habido “crímenes de lesa humanidad”
Francisco Cox, en entrevista con el portal venezolano Tal Cual, explica que ha habido múltiples pruebas que conducen a demostrar la sistematicidad en delitos, como la tortura. Agrega que se usaron “métodos que tienen nombres particulares que no había escuchado antes, como la crucifixión o el pulpito -esposar pies y manos juntos-” para torturar a opositores.
Para llegar a estas conclusiones, la Misión reunió centenares de entrevistas, fotos y videos. Las entrevistas, que en total fueron 274, se condujeron de manera telefónica desde Ginebra, hecho que fue juzgado por el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, quien aseguró que esto le restaba credibilidad a la investigación. Para corroborar los patrones de conducta de los funcionarios del Estado, “también se examinaron otros 2.891 casos de violaciones de DD. HH. sobre la base de información directa y secundaria”.
Hecha la investigación, 48 casos de 223 analizados dan cuenta de los patrones de sistematicidad en la conducta de los agentes del Estado venezolano, elemento determinante para considerar un crimen de “lesa humanidad”. Para el investigador Cox “existen motivos razonables para creer” que han existido delitos de lesa humanidad en Venezuela. “Una es la represión, el silenciamiento y el aplastamiento de la oposición; y la otra es una política, en el contexto de lucha contra la delincuencia, de aceptar ejecuciones extrajudiciales”, comenta en “Tal Cual”.
¿Ha sido Maduro la cabeza del aparato represor en Venezuela? En su informe, la Misión constata que el líder chavista dio órdenes directas al director del Sebin -policía política- para ir “contra un objetivo”, dotándolo de “recursos, información y medios para cumplir esa orden”. “Estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo la Misión, señalando directamente a Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.
“Estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo la Misión
En consecuencia, la cadena de mando se mantuvo. Sin embargo, la Misión no debe juzgar si se cumplieron estos y otros elementos para alegar la sistematicidad. Ante todo, su fin es probatorio. Numerosas pruebas recolectadas en este caso le permitirían a la CPI abrir la fase de investigación y enjuiciamiento en el caso de Maduro, dejando atrás el examen preliminar abierto en su contra en 2018.
La CPI, para adquirir competencia, tendría que analizar si el investigado violó alguno de los delitos contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Esta condición no parece difícil de cumplir en la medida en que la norma incluye tortura, violación y traslado forzoso de la población, tres delitos que parecieran ser fáciles de evidenciar en el caso de Maduro.
En un país dominado por un régimen autoritario y con una oposición a punto de romper su unidad, el informe tiene consecuencias políticas importantes. A nivel de represión, los funcionarios chavistas tendrán más recato a la hora de implementar medidas represivas al saber que los organismos internacionales ya han probado sus conductas en contra de los DD. HH. Es claro también que la Misión, en aplicación de la jurisdicción universal, ordena iniciar acciones legales en otros Estados donde viajen o residan funcionarios vinculados a la comisión de delitos de lesa humanidad.
El régimen de Maduro ha interpuesto más de 118 recursos y comunicaciones para bloquear el avance del examen preliminar en la CPI. Por más tácticas y una red de aliados importantes en el Consejo de Seguridad -que discutirá el informe de la Misión este 23 de septiembre-, el líder chavista está cada vez más cerca de ser investigado por la CPI.
Augusto Pinochet, Alberto Fujimori, Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo parecen ser el reflejo de su futuro, tras la confirmación, clara y certera, de un presente que ya ha copiado en sus formas represivas los relatos dictatoriales del siglo XX.
*Pablo Uribe Ruan es candidato a MPhil en la Universidad de Oxford.