"El 65% de créditos para el Llano tuvo otro rumbo” | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 11 de Septiembre de 2019
Redacción Política

El 65% de los recursos de la línea de crédito de Bancoldex dirigida a empresas de la Orinoquia y a algunos municipios de Cundinamarca directamente afectados por el cierre de la Vía al Llano habría tenido otro rumbo, denunció la senadora Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Esos recursos se habrían quedado en manos de empresas de Envigado y Medellín, en Antioquia, así como en Bogotá, el departamento de Caldas y los municipios de Soledad y Barranquilla, en el Atlántico, entre otros, que en nada han padecido las consecuencias del cierre del corredor vial que ya completa cerca de 100 días, conforme a lo denunciado por Martínez.

La congresista llanera detalló que de los $200.000 millones que hacían parte de esta línea especial de crédito, el Gobierno nacional reportó una ejecución cercana a $185.000 millones (lo que equivale al 92,6% de los recursos). Afirma que lo que en principio parecía una buena noticia para la región de los Llanos y su sector productivo, terminó siendo una gran frustración para los empresarios.

Entre las irregularidades encontradas está que de los $107.000 millones entregados para pymes y grandes empresas de la zona afectada por el cierre de la vía, $69.000 millones se desviaron a empresas de otras regiones, es decir, el 65% de estos recursos beneficiaron a empresas cuyos domicilios no guardan ninguna relación con la actividad económica en el Llano. De esta manera Guaviare apenas logró un crédito de redescuento por $73 millones, Vichada solo obtuvo un desembolso por $25 millones y el Meta –el mayor afectado– tan solo ha sido beneficiado con el 35% de los recursos, representados en 102 créditos aprobados con un valor promedio de $369 millones cada uno, cifra que se contrasta con un solo desembolso en Envigado que ha sido por $3.000 millones.

En lo que respecta a la línea de crédito para microempresarios, se reportó que se ejecutaron la totalidad de los recursos ($75.000 millones) a través de intermediarios, quienes aún no reportan los usuarios finales.