La necesidad de Bogotá de tener una bancada en el Congreso que se haga sentir, en pro de la ciudad que representa, parece tener eco. Muchas veces se ha insistido en comparar a paisas o costeños con los representantes elegidos en la capital para decir que estos poco se unen y se quedan cortos y absorbidos por los temas de carácter nacional.
No obstante, esta vez, por fin, se aprueba, en el primero de cuatro debates, una reforma al Estatuto Orgánico, base de la organización administrativa de la capital, conscientes de una Bogotá nueva y compleja, que transita día y noche y convive no con tres sino con más de siete millones de habitantes.
Esto implica un revolcón en la figura de los alcaldes locales y de sus competencias y en una mejor agrupación de las localidades, muchas de las cuales tienen una población similar a ciudades capitales de departamentos.
El alcalde local, que en otras épocas, se denominaba alcalde menor, quien debía ser la cabeza más visible y más cercana a la comunidad, se quedó concentrado, en múltiples funciones de inspección de policía, dejando en segundo plano la planeación y ejecución local y la interacción con la comunidad.
Hoy, la gestión de los alcaldes locales se centra en gran medida en vigilar que se cumplan las normas de construcción, comercio y uso del espacio público y en también en ejecutan el plan de desarrollo local -que incluye la reparación de la malla vial de vías terciarias y de los parques de bolsillo, entre otros- como de velar por la seguridad ciudadana, de la mano del comandante de policía de la localidad.
En el tema de las anheladas obras de malla vial local y andenes, que son la permanente queja del habitante bogotano, la administración actual está entregando una inversión de más de tres billones de pesos en conjunto con las veinte localidades. Se trata de mil kilómetros de vías puntuales sólo atinentes a las alcaldías locales. El avance es cierto, en medio de un rezago en la infraestructura vial de grandes proporciones.
Sin embargo, sería importante que la reforma no solo se concentrara en las competencias de los alcaldes locales asociadas a la participación ciudadana - como canal primario entre las demandas y las necesidades comunitarias y las decisiones de la administración distrital, como asegura el representante José Daniel López, coautor de la iniciativa- sino que haya voluntad política de elevar el presupuesto asignado a las localidades, a través de los Fondos de Desarrollo Local, para que dentro del mayor control a la corrupción, puedan desarrollar proyectos de mayor envergadura.
A su vez, junto a la posible nueva delimitación de localidades, se hace indispensable que la asignación del presupuesto a las alcaldías locales se amplíe no sólo con base en el número de habitantes sino también por la población flotante, que incide fuertemente en el estado de calles, andenes y del espacio público en general.
Así las cosas, es bienvenida la Reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, hoy complemento del acuerdo aprobado por el Concejo, por disposición del Consejo de Estado, que precisó las competencias de las alcaldías locales e incluyó la opción a la ciudadanía de decidir sobre el 10% del presupuesto, en la onda del presupuesto participativo.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI