Para enfrentar la crisis de la justicia se ha propuesto en los últimos días desde la renuncia masiva de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la convocatoria de una Constituyente y la realización de un referendo como mecanismo de participación para que la ciudadanía se pronuncie, según ha planteado el Procurador general. También dijo que una Constituyente en medio de la polarización y del debate electoral que se aproxima sería un salto al vacío, en lo cual tiene razón. Pero lo propio puede decirse de la convocatoria del referendo que se plantea. Si no hay un consenso entre los partidos políticos, las propias cortes, los estamentos que hacen la vida del país y las distintas expresiones de la sociedad, pues francamente resulta muy difícil sacar adelante un referendo de esas características en medio de la actual coyuntura, cuando se requiere del 25% del censo electoral.

La verdad es que a estas alturas, finalizando el gobierno, y con la proximidad de las elecciones del Congreso en marzo y las presidenciales en mayo de 2018, impulsar un mecanismo como el referendo enfrentaría muchas dificultades que no lo harían muy viable. La crisis de la justicia será materia de debate entre los candidatos presidenciales y unas de las prioridades de la agenda del próximo Gobierno. Por lo pronto, las autoridades deben empeñarse en adoptar medidas de carácter inmediato con las facultades de que disponen y apoyar para darle agilidad a las investigaciones que se adelantan sobre los episodios de corrupción que están estremeciendo al país.

Lo ideal sería que el Gobierno que asuma en agosto de 2018 convocara una Constituyente, si tenemos en cuenta los fallidos intentos que se han hecho para reformar la justicia por la vía del Congreso. Un cuerpo constituyente se situaría por encima del Congreso y de las Cortes y permitiría remover los obstáculos que no han permitido sacar adelante las propuestas de reforma últimas. Pero en Colombia algunos sectores, en forma incomprensible, no son partidarios de este mecanismo con el manido argumento de que una Constituyente se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Eso es leyenda. La de 1991 no aprobó nada que no estuviera en los distintos proyectos presentados; lo único no previsto fue la revocatoria del Congreso.

Creemos que una Constituyente que se convoque para ocuparse de unos temas específicos no puede declararse soberana para tratar todos los temas. Si esos temores subsisten, tocará entonces apelar de nuevo a la vía del Congreso.

Por otro lado, también creemos necesario que la Corte Constitucional flexibilice su teoría sobre la “sustitución de la Constitución”. De otra manera será muy difícil hacerle adecuaciones y reformas al texto constitucional por la vía ordinaria. Se debe tener en cuenta la complejidad y gravedad de la crisis que estamos viviendo y la ineficacia de distintas instituciones. Con esta jurisprudencia no se hubieran podido adoptar las reformas constitucionales de 1910, 1936, 1945 y 1968 frente a la Constitución de 1886.