El país no puede estacionarse en rechazo a corrupción estatal y particular, limitándose a afirmar que no cree en nada, como si la tormenta, no se pudiera derrotar, con acción unida de la ciudadanía, desde todos los ángulos de la vida nacional.
Tampoco es para hacer tremendismo, con cada denuncia, contra magistrados, jueces y abogados en el sector estatal, o por los delitos cometidos en contratación oficial con particulares.
La sociedad está herida, pero no hundida, para no hacer nada de manera integral, contra toda la corrupción que tiende a continuar su destape, por la excesiva acumulación de delitos de tiempo atrás.
Hay argumentos para sopesar la propuesta del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien planteó un -Pacto Anticorrupción- entre Gobierno, Estado y ciudadanía como camino para encontrar aguas limpias.
Carrillo sugiere un compromiso con metas claras que comprometan a sus integrantes, en una verdadera lucha contra lo corrupto, en todo el país, sin excluir instituciones, entidades y asociaciones del orden particular.
La iniciativa tiene rutas para aportar estrategias de reglamentación legal y educativa.
Esta unión ciudadana exigirá contenido práctico en decisiones de Gobierno, en cuanto a contratación con particulares y designación de funcionarios en dependencias de distinto orden oficial.
Otro tanto corresponderá a Cortes, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, por donde corre el aire, sobre áreas calientes, como contratos, inversiones y empréstitos, despertadores de apetito por dinero.
Es un pacto que necesita Unidad Nacional Anticorrupción, con estructura robusta, para cubrir y controlar departamentos, asambleas, alcaldías y concejos municipales, donde también se anida el delito.
Sin inflar el estamento estatal, ni abrir grietas al presupuesto, la convocatoria tendrá que llegar al sector privado, sin métodos impositivos; se requerirá confrontar origen y funcionamiento de empresas privadas.
Y los gobiernos de turno, no hacer de sus ejecuciones, mensajes de televisión, que son parte de la llamada, “mermelada”. En su lugar informar abiertamente y punto.
De manera paralela, insistir en divulgación pública, no como pauta comercial, sino como servicio para interés ciudadano.
No es fácil, un proyecto de esta naturaleza, que debe contar con aval de la Justicia, ceñido a carta constitucional.
Imaginar sociedad unida contra lo corrupto llevará a pasar de la ficción a la realidad, para ver, por ejemplo, nuevos métodos en la selección de funcionarios para labores gubernamentales, al igual que en integración del Congreso Nacional.
Son razones válidas para no descartar un Pacto Anticorrupción, serio, sin convertirlo en foco fiestero, con marchas, hojas volantes o conciertos rumberos, para luego terminar en nada.