La JEP está cruda

*Marco normativo sigue en vilo
*Polémica selección de magistrados

El sistema de justicia transicional que se aplicará en Colombia para implementar el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC está, como todo lo referente al pacto, en obra gris. La base de todo este sistema es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que no ha podido arrancar debido a que el marco normativo que la sustenta todavía está en el aire. Como se sabe, la Corte Constitucional no ha emitido el fallo sobre la respectiva exequibilidad  o no del acto legislativo que la creó. A comienzos de julio se llevó a cabo en el alto tribunal una audiencia pública en la que fue evidente la gran división de criterios que existe alrededor de este sistema que debe juzgar a los guerrilleros, militares, policías y civiles que hayan cometido delitos graves y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno. No se trata de un fallo constitucional sencillo, toda vez que la Corte tiene que definir si da vía libre a una jurisdicción excepcional que, entre otras cosas, permite que a quienes confiesen delitos atroces y colaboren con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición del daño producido a las víctimas, se les podrá aplicar una pena alternativa que, incluso, implicaría que no paguen un solo día de cárcel y, para el caso de los subversivos desmovilizados, pueden quedar habilitados para participar en cargos de elección popular.

No menos preocupante resulta el hecho de que la ley reglamentaria de la JEP se encuentra trabada en el trámite parlamentario, debido no solo a que el proyecto inicialmente radicado tuvo que ser retirado del Congreso, sino a que el nuevo articulado ha recibido muchas propuestas de ajuste por parte de partidos políticos que consideran que se debe ‘apretar’ esa normatividad para que se limite el margen de impunidad tolerable en la aplicación de este sistema de justicia transicional.

A lo anterior hay que sumar el hecho de que entidades como la Corte Penal Internacional mantiene su alerta temprana respecto a la viabilidad de la JEP. Precisamente días atrás la fiscal del alto tribunal, Fatou Bensouda, estuvo en Colombia y si bien respaldó el acuerdo de paz, dejó en claro que la CPI estaba esperando la primera sentencia de la JEP para emitir un concepto en torno a si se cumplían los presupuestos de castigo a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos.

Como si todo lo anterior fuera poco, mañana el Comité de Escogencia de los magistrados del Tribunal de Paz y de las tres salas que constituyen la JEP debe dar a conocer los nombres de los 38 magistrados titulares y los 13 suplentes. Este proceso de selección, como se sabe, ha estado bajo constante polémica debido a que muchos sectores tienen dudas sobre su imparcialidad para designar  a estos 51 jueces, más aún teniendo en cuenta que las FARC han exigido que haya “pluralidad ideológica y jurídica” en la composición de dicho tribunal.

Como se ve, el sistema de justicia transicional a aplicarse se encuentra bastante crudo. Incluso tanto en el Congreso como en el propio Gobierno han tratado de encontrar algunas vías jurídicas para acelerar la entrada en funcionamiento de la JEP, ya que aun con la controvertida selección de los magistrados mañana, al no existir el fallo de exequibilidad de la Corte, ni estar aprobada la ley estatutaria y reglamentaria, y también estando pendiente que la propia jurisdicción estudie y apruebe su reglamento interno, difícilmente los procesos judiciales a guerrilleros, militares, policías y civiles, que se calculan en más de 15.000, podrían arrancar en los próximos meses. Sin embargo estas vías jurídicas que se están estudiando son muy arriesgadas desde el punto de vista jurisdiccional y podrían caerse fácilmente.

Así las cosas, la JEP está en obra gris, el mismo estado en que se encuentra todo este proceso de implementación del acuerdo de paz, que hoy no solo tiene alto grado de desconfianza ciudadana, sino que cada vez más se evidencia como peligrosamente improvisado.