El 3 de febrero de 1993 la Corte Suprema de Justicia de Venezuela rechazó por falta de elementos de prueba una solicitud de juicio presentada contra Carlos Andrés Pérez por el partido Causa R, pero el 11 de enero del mismo año José Vicente Rangel denunció ante la Fiscalía General al presidente Pérez; al ministro de la Secretaria, Reinaldo Figueredo, y al ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, por el presunto manejo de 250 millones de bolívares de la partida secreta.

Luego, el 11 de marzo de 1993, cuando estos hechos presuntos habían hecho mella en la opinión pública y terminado de desprestigiar al gobierno de Pérez, el Fiscal General, Ramón Escovar Salom, “fundamentado exclusivamente en la denuncia de Rangel, solicita a la CSJ que apruebe un ante juicio de mérito para procesar al presidente y dos de sus ministros por el delito de malversación genérica.  A los 5 días siguientes la CSJ aceptó la solicitud de juicio, y el presidente de esa Corte solo se tomó 4 días para presentar el proyecto en el que recomendaba el antejuicio de mérito,” dice Ramón Hernández.

En ese momento se había creado un clima de opinión tan hostil al Gobierno que todos pedían la renuncia del Presidente. Así se lo solicitaban lo empresarios, los medios de comunicación, los partidos políticos encabezados por Acción Democrática y dirigentes como Rafael Caldera y Teodoro Petkoff. Por ello Pérez no alcanzó a conocer la denuncia que le formuló Escovar Salom y tampoco a recibir la decisión de la CSJ. Con una simple comunicación y sin oír los alegatos de Pérez, “el Congreso, en sesión extraordinaria, lo suspendió provisionalmente del cargo; 90 días después declaró la vacancia absoluta y luego lo destituyó con el argumento de que se le estaba siguiendo un proceso judicial, cuando la Constitución de 1961 no consideraba como vacancia absoluta ser sometido a juicio.”

De esa manera lo condenaron a 28 meses de pena privativa de la libertad. Lo recluyeron en el retén policial de El Junguito y 3 meses después, en razón de la edad, le dieron casa por cárcel. Finalmente fue absuelto del delito de peculado, pero lo condenaron a 2 años y 4 meses por malversación genérica, no por los 250 millones de bolívares convertidos en 17.2 millones de dólares de la partida secreta. Lo condenaron por haber dispuesto una misión a Nicaragua de integrantes de la Policía Metropolitana y del Grupo Ceta para la protección y custodia de doña Violeta Chamorro en 1990, que se tasó en forma inexplicable en 600 mil dólares.

Pérez resistió al “caracazo” y a dos intentos fallidos de golpe de Estado, “pero sucumbió ante un golpe civil que tenía un objetivo muy claro: sacarlo del gobierno y destruir los partidos políticos”. Como sostiene uno de sus biógrafos, “el gobierno fracasó pero con él fracasó una generación y una sociedad dirigida por elites políticas, mediáticas y académicas, miopes” que contribuyeron al derrumbe de su sistema democrático. A partir de ahí comenzó la desinstitucionalización de Venezuela que propició el fenómeno del chavismo