- Un año de desgaste del acuerdo
- Del no al plebiscito al ajuste de la JEP
Hace un año, en el atardecer cartagenero y bajo las notas de Beethoven, se firmó el acuerdo de paz entre el presidente Santos y ‘Timochenko’. Entonces se hizo memorable el balígrafo ante la concurrida asistencia internacional. Hasta el momento todo parecía ir viento en popa para el acuerdo. El plebiscito se había citado para una semana después y los firmantes daban por descontada una gigantesca mayoría popular en favor de lo pactado.
Llegaban entonces a su fin casi cinco años de negociaciones secretas y públicas, en medio de gruesas polémicas y con un cese de fuegos que había morigerado notablemente el accionar guerrillero, ya de por sí bastante periférico, después de los golpes contundentes que habían recibido las Farc en la época previa. Para mayor aseguramiento la coalición gubernamental había logrado adoptar la figura del plebiscito recortando enormemente el umbral legal. La Corte Constitucional, por su parte, en la sentencia respectiva había determinado el resultado del plebiscito como vinculante solo para el Ejecutivo. Incluso en el muy remoto caso de que se perdiera permitió la alternativa de que se presentara un segundo evento plebiscitario, una vez readecuado el texto correspondiente.
Ese 26 de septiembre de 2016 todas las encuestas, por lo demás, daban una victoria abrumadora o, en el peor de los casos, holgada al Sí en el plebiscito. La sorpresa fue gigantesca cuando, a la semana siguiente, el dictamen popular fue por el No. La democracia colombiana había dado su veredicto. Con ello el Gobierno decidió recomponer el acuerdo, pero se impidió que las fuerzas opositoras gananciosas hablaran directamente con las Farc. Se hicieron un par de reuniones entre los voceros del No y del Sí, y se llevaron unas primeras conclusiones a La Habana, donde permanecía la guerrilla desconcertada. Intempestivamente se informó que no se daría curso a nuevas reuniones, dejando de lado los elementos sustanciales que se habían suscitado en la pugna democrática, entre ellos el tratamiento de la justicia especial y las condiciones de participación política de la guerrilla desarmada. En el interregno, asimismo, el presidente Santos ganó el Premio Nobel de Paz, cuyo fundamento, ante la negativa plebiscitaria popular, era el de aglutinar la mayor cantidad de voluntad nacional posible para llegar a una paz colombiana de consenso, de acuerdo con el fallo del jurado noruego. No fue así.
De improviso se quiso equiparar refrendación popular con la refrendación parlamentaria, a través de una proposición que muchos calificaron de espuria. La idea se sacó del cubilete, cuando nunca se había hecho uso del artículo aducido, cuyo propósito exclusivo era el de citaciones a altos funcionarios para la explicación de políticas públicas, de modo general y sin más implicación. Al final de la sesión se aprobó el texto del llamado Acuerdo del Colón, con pequeños cambios, en una proposición secundaria dentro de la andamiaje institucional.
En realidad, lo que se había firmado era una serie de protocolos, incluida la expedición de leyes y decretos. Vino entonces una confusa sentencia de la Corte Constitucional para quitar el carácter imperativo del resultado del plebiscito del 2 de octubre y permitir lo que se denominó el ‘fast track’, incluido el carácter intangible e inmodificable de las leyes presentadas y los decretos correspondientes. No obstante, más tarde el mismo alto tribunal permitió las modificaciones a esos proyectos, a iniciativa del Congreso, como se puede hacer hoy.
Al mismo tiempo la polarización creció y la falta de credibilidad en el proceso se hizo todavía más patente. Las Farc entregaron en un lapso de seis meses unas siete mil armas de diversa índole a la ONU, nunca vistas en público, lo mismo que centenares de caletas, que tampoco se vieron en su gran mayoría. Todo quedó a recaudo del ente multilateral. En tanto las tropas guerrilleras se concentraron en distintas zonas veredales, hoy convertidas en las “terrepaz” a las que habían aspirado, es decir sitios de localización permanente, con la infraestructura del Estado.
Las polémicas fueron aún mayores en varios hitos desde ese 26 de septiembre de 2016 hasta hoy. Aparte de constatarse serias disidencias en las Farc, los cultivos ilícitos entraron en auge, hasta el punto de cuadruplicarse en los últimos tiempos. Los listados presentados por las Farc para tratamiento especial en la justicia transicional han tenido, al menos, 258 ‘colados’, provenientes de otros actores de violencia y del narcotráfico. Por los anteriores motivos no solo el Presidente de Estados Unidos pensó en descertificar a Colombia en su lucha antidroga, sino que el embajador estadounidense en Bogotá puso en duda la eficacia del propio proceso de paz.
De otro lado, el listado de los bienes entregados suscitó una gigantesca controversia, no solo por estar allí la monetización de las armas entregadas, sino porque la Fiscalía General lo consideró una burla a la Nación. Solo hasta este momento se ha iniciado el debate sobre la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), con polémicas por doquier, inclusive en el nombramiento de magistrados.
Así las cosas, lo que pensó, hace un año, como una pronta salida del túnel, ahora sólo parece el ingreso al mismo.
Síganos en nuestras redes sociales:
Periódico El Nuevo Siglo en Linkedin