CUANDO  se propone un proyecto de desarrollo parece ser que la garantía de éxito está en el lobby del legislativo hacia el ejecutivo o viceversa. La región verá la realidad de la obra cuando su representante, como suele decirse, sea un “buen gestor”. Y la misión de haber sido elegido con el objeto de hacer las leyes y llevar un control político comienza a confundirse con la de ejecutar ciertos “compromisos”.

Ese lobby interinstitucional es un hilo delgado dónde muchos se aprovechan para llegar con propuestas indecentes y abrir el espacio a contrataciones indebidas y a preferencias regionales, aunque pueda considerarse como una acción propia de la democracia representativa.

La diciente canción de Celia Cruz “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga…” se queda corta para describir la formación de roscas, en dicho popular, cuando no se involucra al ciudadano. La corrupción gana cuando se rompe el principio de separación de poderes públicos y más cuando no se fortalece a la sociedad civil con una voz continua en los proyectos de su territorio.

El problema radica en la debilidad de los ciudadanos para actuar en conjunto, en sus ganas de involucrarse, de no ser ajenos a los asuntos públicos y en ser parte de un diálogo propositivo como también en la verdadera intención desde arriba de abrir estos espacios. 

Esa ausencia de deliberación entre región, nación y gente, que comprenda la planificación no sólo como una técnica sino como un proceso de negociación y construcción social que implique la mejor toma colectiva de decisiones, demuestra lo lejos que se está de una planificación regional como “intervención deliberada” que  implica una participación de la comunidad desde el inicio de los  procesos, de abajo hacia arriba, en palabras de Bosier (2005).

Si se tiene en cuenta que la presentación de una iniciativa regional se ha vuelto de alta especialidad, incluso para los mismos alcaldes, es indispensable enseñar y dar estas herramientas desde la educación superior. Se trata de crear una ciudadanía activa. Es un modelo que implica aprender el oficio con sentido de responsabilidad y generar una política clara de los gobiernos para entrelazar el tejido político con el productivo y el social. Pero ¿qué tan posible es contar con las  “manos de la gente”? (Bosier, 2004).

Estos procesos de formación no pueden ser contratos temporales. La falta de continuidad y seguimiento no da sostenibilidad. La única manera de apropiarse del territorio y de generar un proyecto político de cambio radica en que su formación y participación se conviertan en un hábito. Es posible que a mayor comunidad involucrada, existan mayores posibilidades de poner obstáculo a la corrupción, con algunas excepciones a la regla.

La sanción social -anterior columna- así como la planificación de proyectos con participación ciudadana pueden ser elementos claves para romper con la corrupción. El ojo ciudadano puede evitar que en río revuelto haya ganancias de pescadores.

*Miembro Corporación Pensamiento Siglo XXI,

uribemariaelisa@gmail.com