• Referendo contra unidad ibérica
• Gobierno y el Estado de Derecho  

La pregunta en las últimas semanas en España y otras latitudes es una sola: ¿qué va pasar mañana, 1 de octubre, con el referendo separatista en Cataluña? Una convocatoria a todas luces ilegal y casi que subversiva que pretende dar apariencia de legitimidad a una determinación política de unos pocos que atenta contra la unidad nacional. Los promotores de esta intentona separatista pretenden romper el país, modificar la historia y proclamar una república en contra del parecer de la mayoría de los españoles.

Aunque los impulsores de esta causa espuria recalcan que se trata de un ejercicio de democracia y soberanía locales, lo cierto es que sólo un ministerio  de los catalanes está en esa línea. Es más, se ha denunciado que cuentan con el apoyo abierto o camuflado de los dirigentes chavistas de Podemos, quienes ven en la anarquía y la polarización divisionista una oportunidad para crecer política y electoralmente.

A los agitadores separatistas no les importa que la mayoría de sus coterráneos estén por la unidad de España. Como no han podido ganar ninguna consulta separatista pretenden ahora hacerla obligatoria, que bajo presión se vote por la división e incluso avanzar hacia la proclamación de una gaseosa república. Como no tienen suficientes mesas físicas de votación, es probable que mañana digan que vía internet consiguieron las supuestas mayorías. El clima de tensión es ya de por sí muy alto y preocupante. En vista de que la convocatoria y la votación fueron ilegalizadas por la justicia ibérica, los separatistas podrán alegar los resultados que quieran, pues no habrá pruebas exigibles ni autoridad electoral certificadora.

Este referendo es, claramente, una burla a la Constitución hispánica, a los principios que consagran la unidad de las naciones soberanas y el orden institucional en las sociedades civilizadas. Los separatistas de Cataluña apelan a los mismos métodos que los chavistas han empleado para adueñarse del poder en Venezuela: la presión de un sector de las masas y las amenazas a los que están por la unidad del país y el estado de derecho.

Las sediciosas autoridades locales desconocen la Constitución española y ponen por encima de la misma los acuerdos políticos regionales en el Parlamento local, algo absurdo e ilegal.  Se aprobaron allí dos leyes en contra de la Carta Política ibérica que son, precisamente, las que pretender dar apariencia de legalidad al separatismo.

No hay que olvidar que el 6 de septiembre, cuando el presidente de la llamada Generalitat, Carles Puigdemont, convocó al referendo el gobierno de Mariano Rajoy procedió a denunciar ese despropósito ante los tribunales, que constataron la ilegalidad de esa causa, incluso por decisión del propio Tribunal Constitucional. Algunos analistas han dicho que ese era el momento para que el gobierno nacional hubiera intervenido de forma más contundente, según el artículo de la Carta que lo faculta para mantener la integridad nacional. La razón es elemental: en España no existe el derecho de secesión y dichas consultas solamente las puede convocar el Rey, y cuando el presidente del gobierno lo reclama, previa autorización del Legislativo. Ninguno de esos presupuestos se cumple ahora.

Como el Gobierno nacional no tomó la iniciativa e intervino de forma contundente a las autoridades de Cataluña, los separatistas se envalentonaron y tratan ahora de poner a Madrid ante hechos cumplidos. Es claro que se confunde la anarquía con la democracia, y los excesos separatistas con el respeto al regionalismo y la ley. Ni siquiera cuando la Unión Europea pidió respeto a la integridad del país, se hizo eco a ese llamado.

Lo elemental y lógico era que el gobierno nacional hubiera intervenido en Cataluña desde el primer momento en que se constituyó el foco revoltoso en el gobierno regional. Sin embargo, por respeto a los cánones de la democracia y para evitar confrontaciones callejeras, Madrid se abstuvo de hacerlo. Olvidó la sentencia de Maquiavelo, según la cual los arreglos se hacen antes y no después de los hechos.

A partir de ese momento la iniciativa la han tenido los sediciosos y separatistas, cuyos líderes están siendo investigados por malos manejos, una razón más por la que apresuran la ruptura con Madrid.

Mañana habrá, entonces, una prueba de fuego en España. El gobierno central deberá conjurar la intentona secesionista y hacer valor el Estado de Derecho.

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