- La descertificación de EU
- Prendidas todas las alarmas
Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicando la desconfianza con el gobierno colombiano, al respecto de la lucha contra los cultivos ilícitos y la comercialización de cocaína es, tal vez, de las noticias más importantes que se ha producido en los últimos tiempos en el terreno internacional sobre el país.
Como siempre, las estadísticas nunca mienten y lo que se demuestra, desde 2013, es el auge de los cultivos ilícitos hasta una cifra de 188 mil hectáreas, con el medio ambiente de víctima principalísima, cuando ciertamente el fenómeno venía en regresión contundente y absoluta. Durante la administración Santos, hasta ese año 2013, la estrategia iba tan en viento en popa que privadamente -para luego hacerlo en público- los Estados Unidos solían felicitar los esfuerzos de los diferentes ministerios como de la Fuerza Pública. Era evidente que de haber continuado por ese camino, a estas alturas, luego de cuatro años, ya no se estarían sembrando 47 mil hectáreas de cultivos ilícitos, como entonces, sino una cifra mucho menor, completamente controlable.
Del mismo modo, no habría hoy el volumen de producción que disparó dramáticamente la exportación de toneladas de cocaína. Ni mucho menos estaríamos en la lupa del mundo, de nuevo como el país más narcotraficante del orbe.
La suspensión intempestiva de la fumigación aérea, a cambio de la terrestre y manual, determinó un viraje de 180 grados. Los resultados están a la vista. Haber dejado el campo abierto, sin una política efectiva o cambiando el fungicida acorde con el dictamen de la Corte Constitucional, en procura de salvaguardar la salud y el medio ambiente, determinó la debacle actual. Una y otra vez la Policía Nacional insistió en químicos de distinta índole. No obstante, como parte evidente de las negociaciones que se llevaban a cabo con las Farc en La Habana, se suspendió el ejercicio y se pasó a la idea de hacer todo manual, incluso fomentando el cultivo de coca, no sólo por efectos de la devaluación del peso, sino por los emolumentos anunciados por el Gobierno para los erradicadores. Con lo cual se llegó al círculo diabólico, para los interesados, de que entre mayores cultivos hubiera, habría mayor cantidad de empleos y salarios.
Desde finales de la administración Obama, el propio presidente de los Estados Unidos advirtió que Colombia estaba cambiando el eje de la lucha contra el narcotráfico. Posteriormente, en su posesión, el nuevo mandatario Donald Trump dejó en claro que uno de los propósitos centrales de su administración, sería el ataque a las drogas ilícitas, tanto nacional como internacionalmente. Hoy la nación norteamericana tiene un problema mayúsculo, como casi nunca, en el consumo de alcaloides y estupefacientes. No va a ser, desde luego, un gobierno republicano el que ceda ante semejante reto social, que fomenta la enfermedad y la anarquía.
Entendida que esa era la política de Trump, enunciada desde su posesión, no sorprende en modo alguno que en estos días hubiera pensado descertificar a Colombia en su lucha antinarcóticos. Hoy es, en ese sentido, totalmente obvio que el Congreso de los Estados Unidos quiera regresar al Plan Colombia a su carácter original, luego de las abrumadoras cifras descritas en el hemiciclo parlamentario, inclusive traídas a cuenta por senadores del partido Demócrata. Es decir que las bases bipartidistas de la política antidroga norteamericana se realinderan en ese propósito de colaborar con el país en el combate contra todo el espectro del narcotráfico, comenzando por ganar de nuevo el terreno perdido en la proscripción de los cultivos ilícitos, base del auge en la exportación colombiana de cocaína.
El mismo zar antinarcóticos estadounidense, William Brownfield, conocedor como pocos de las realidades colombianas tras haber sido embajador aquí, advirtió claramente en el seno parlamentario que, por andar única y exclusivamente dedicado al proceso de paz con las Farc, el gobierno Santos perdió todo el terreno ganado en la lucha contra las drogas. En ello parecería haber unanimidad entre Republicanos y Demócratas, salvo por voces extremadamente aisladas sin ninguna repercusión efectiva.
Pero lo más sorprendente es que el gobierno colombiano hubiera contestado los reproches norteamericanos, claramente afincados en las estadísticas, como si fueran una “amenaza” en vez de la solicitud para retornar a la exitosa estrategia que se tenía. Para los sectores oficialistas de la opinión pública local la cosa no pasa de ser un “jalón de orejas”, pero desde luego ello va mucho más allá y tiene que ver, ciertamente, con el núcleo de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, como aliados irrestrictos y corresponsables en el combate a las drogas ilícitas.
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Precisamente, las millonarias cifras que dona Estados Unidos a Colombia al respecto, hacen parte de la corresponsabilidad. El país debe tener todo el cuidado en la materia, ajeno a los populismos y las formulaciones teóricas sin piso. No es el momento de abstracciones ni variables de “power point”, sino de volver a afianzar las relaciones y retomar la práctica de lo que se había mostrado tan exitoso.