“Cartel de la toga” y Odebrecht | El Nuevo Siglo
Foto archivo Agence France Press
Jueves, 21 de Septiembre de 2017
  • Urge resultado en ambos frentes
  • El enemigo es la dilación

Pocas veces, como en esta oportunidad, la justicia colombiana se encuentra entre dos escándalos de tal magnitud en los casos de Odebrecht y el llamado “cartel de la toga”. La estupefacción de la opinión pública ha llegado al umbral y se requiere, por tanto, una acción determinante y definitiva en ambos frentes.

Luego de la visita papal, que concitó la alegría de millones de colombianos, las últimas encuestas señalan claramente que el país va por mal camino. Ese grado de pesimismo tiene que ver, desde luego, con las graves sospechas que se ciernen en estos dos flancos, aparte de la decadencia económica y la ambivalencia en el proceso de paz. Uno de esos flancos es el caso de Odebrecht, sobre las campañas presidenciales de 2014; el otro, la paulatina comprobación de los escándalos en la Corte Suprema, en los que habría magistrados que cobraban cifras multimillonarias por torcer los expedientes y las actuaciones judiciales.

La captura ayer del expresidente del alto tribunal, Francisco Ricaurte, demuestra que la Fiscalía tiene un acervo probatorio lo suficientemente razonable como para imputar los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. Pero de la misma manera, las declaraciones conocidas, por una primicia de La W radio, de uno de los principales testigos de cargo (Gabriel Dumar) contra las campañas presidenciales de 2014, en las que se feriaron miles y miles de millones de pesos en torno a la Ruta del Sol II y sus adiciones, a través de la corrupción igualmente proterva y escandalosa, demuestran que el curso de las investigaciones está listo para proceder en consecuencia sobre personajes reiterativamente citados  como claves en la correa de transmisión de las coimas de Odebrecht y sus derivaciones.

El problema, en ambos casos, consiste en que se llega al más alto nivel posible en la estructura del Estado. Ello ha hecho, por supuesto, que se esté dando una dramática erosión de las instituciones. La única manera de remediarla, como se ha dicho repetidamente, es actuar de modo decidido y categórico, para que así pueda subsanarse el inmenso daño institucional al menor plazo posible.

En el caso de Odebrecht que reposa tanto en la Fiscalía como en el Consejo Nacional Electoral, el ciclo probatorio tiene que cerrarse en el término de la distancia. Gracias a la Corte Suprema de Justicia en la citación a Dumar, ya la Fiscalía tiene elementos para proceder. Todo ello, a su vez, si fuera necesaria una mayor sustentación, corroborado en la próxima declaración del senador José Bernardo Elías, quien ha solicitado un principio de oportunidad ante el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

En el mismo sentido de lo anterior, le haría un beneficio al país, dentro de las anómalas y pútridas circunstancias que se viven, que el capturado expresidente de la Corte Suprema, implicado gravemente, dijera todo lo atinente al llamado “cartel de la toga”, dentro del proceso que cursa la Fiscalía.

Del mismo modo, el Consejo Nacional Electoral pareciera, en el caso de Odebrecht, hacer mutis por el foro y dejar que el asunto llegue hasta la caducidad. Teniendo una ponencia, hace un tiempo suspendida, resulta indispensable retomar con premura el caso. Si bien ello puede tratarse de sanciones administrativas, basta con el acervo que se tiene para producir la acción judicial respectiva. Mal se haría camuflar la omisión de funciones con nuevos procedimientos que pueden tramitarse después de producidos los fallos con las pruebas ya conocidas.

Los actuales escándalos que tienen anonadada a la opinión pública y están haciendo estragos en la imagen internacional de Colombia, no pueden servir para taparse unos con otros. Ambos deben guardar el mismo ritmo. No vale tampoco la competencia entre ellos. Está claro, en juntos casos, que se puede avanzar razona y definitivamente, enviándole al país un mensaje claro de que hay pronta y debida justicia, más allá de los intereses por abrir caminos a la rémora y la prescripción.

 

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