- Modorra de la Comisión de Acusaciones
- Salvar de inmediato majestad de la justicia
La reforma a la justicia es, desde luego, una necesidad ingente del país. Pero como tal debe tomarse con tino y sindéresis y producir la mayor cantidad de insumos posibles a fin de no equivocarse otra vez y que ella sea verdaderamente estable y duradera.
El tema de los fueros a los más altos funcionarios públicos y a los magistrados tiene por razón el hecho de que, con estos, se quería impedir la persecución política. En el caso de los magistrados se ordenó su indagación por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a fin de adelantar en primer lugar el juicio por indignidad y luego pasar el resultado al Senado de la República. Sólo después, confirmada la separación del cargo, así como la indignidad, se traslada el tema a la Corte Suprema de Justicia para los efectos penales pertinentes.
En la actualidad son varios los proyectos de acto legislativo en trámite para estructurar un Tribunal de Aforados, en reemplazo de la Comisión de Acusaciones. Del mismo modo el Gobierno ha anunciado que estudia la posibilidad de impulsar un referendo sobre la reforma a la justicia, a votarse el próximo 10 marzo, un día antes de las elecciones parlamentarias.
Pero en Colombia se necesita actuar mucho más rápido frente a la crisis que se denota en la Rama Judicial del poder público, con algunos magistrados señalados por la compraventa de fallos y sentencias. Lo ideal, frente a este último caso, sería, por supuesto, que se votara el juicio político lo más pronto posible, dentro del debido proceso, y para ello debería existir un acuerdo inmediato entre las bancadas parlamentarias a fin de dedicarse particularmente a sacar el tema adelante. Inclusive, una crisis de tales características es evidentemente atentatoria del orden público y, por tanto, la pronta recomposición institucional podría tener que ver con razones de un estado de excepción. De hecho, tampoco sobraría una declaratoria de emergencia judicial por cuanto está en vilo la majestad de la justicia y los fallos ordinarios. Libertar a la justicia de la sospecha es, en todo caso, la labor política principal y en ello deberían actuar de inmediato y de consuno las tres ramas del poder público.
La reforma integral a la justicia es, en tanto, una cuestión de mayor envergadura que necesita la mayor cantidad de voluntad política y de consenso posibles. Para ello es ciertamente menester que en el próximo Congreso, a elegirse en seis meses, existan unas mayorías determinantes, dirigidas a hacer los cambios que exige un acto legislativo de alto calado estructural. Pero, desde luego, no es suficiente con tener las mayorías parlamentarias a los efectos, sino que igualmente hay que concitar a las mentes y juristas más brillantes del país para generar un articulado que saque definitivamente a Colombia de la atonía actual y que recupere la justicia de una vez por todas.
Actuar sobre lo urgente es, claro está, una necesidad impostergable. Sobre las bases actuales es evidente que, aun logrando sacar avante por cualquier vía el Tribunal de Aforados, de todas maneras los implicados, por el principio de juez natural, tendrán que ser juzgados con los instrumentos de hoy y no los futuros. Si esto es así, de lo que se trata es, precisamente, de que esos instrumentos vigentes se activen con la premura del caso. Circunstancia que, evidentemente, no se otea en lontananza y se mantiene la herida abierta sin que se practique la cura inmediata, que es la pronta y debida justicia. No puede durar el país meses y meses, incluso años, así. El estado de postración actual es un riesgo alto e inusitado y es por ello que se exige de la Comisión de Acusación de la Cámara rapidez en sus acciones. Muy posiblemente los debates en torno del Tribunal de Aforados y la idea del referendo, sabidas de antemano las dificultades para cumplir el umbral electoral con un articulado de semejantes características, sirvan más de distractores de la crisis que de otra cosa. De suyo, se sabe que un referendo de estas características tendría que conseguir al menos 25 por ciento del censo electoral en las urnas y exige una amplia pedagogía al respecto, luego de un texto concertado y autorizado por el Congreso.
Lo que se necesita, ante todo, es actuar aquí y ahora. Eso es lo que se espera de la Comisión de Acusación y de la Cámara de Representantes, con toda la colaboración correspondiente de la Fiscalía y la Procuraduría, tal cual lo autoriza la Constitución y el Reglamento del Congreso. Nada de ello está ocurriendo, pese a que es la única vía inmediata y a la mano para salir del hueco.
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