- No comparecer sería riesgoso
- Los delirios nicaragüenses
El próximo 27 de septiembre el Estado colombiano debe comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, con el fin de presentar su defensa ante una segunda demanda de Nicaragua que pretende que se le amplié su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Se trata, a todas luces, de una solicitud delirante, ya que ello implicaría, entonces, que la plataforma marítima de la nación centroamericana terminaría cerca de Cartagena. Sin embargo, por más contraria al derecho público internacional que pueda resultar la intención de Managua, es claro que Colombia no puede descuidar ningún aspecto del pleito y menos aun existiendo el antecedente sobre el lesivo fallo de 2012, en donde ese alto tribunal si bien ratificó la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con los islotes adyacentes, terminó por cercenar una porción importante de mar territorial colombiano circundante, en una extensión que no sería inferior a los 80 mil kilómetros cuadrados.
Según la definición de las convenciones y tratados internacionales, la “plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”.
Desde el mismo momento en que Nicaragua, en 2013, presentó esta segunda demanda contra Colombia, obviamente haciendo una interpretación sesgada del fallo de 2012, el Estado colombiano desestimó las pretensiones del gobierno Ortega, señalando que no tenían piso jurídico alguno. A ello se sumó que pocos días después de haber sido anunciada la sentencia sobre San Andrés en La Haya, la administración Santos decidió denunciar el Pacto de Bogotá mediante el cual Colombia se sometía a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Ello implicó, en la práctica, que nuestro país no volvería a comparecer ante esa instancia ni reconocía su competencia en materia de resolución de pleitos limítrofes entre estados.
Desde estas páginas, en su momento, consideramos esa decisión de no comparecencia como una maniobra riesgosa, ya que Colombia, incluso denunciando el Pacto de Bogotá, podría continuar un año más sometida a la jurisdicción de la Corte, plazo que, precisamente, aprovechó Nicaragua no sólo para interponer la segunda demanda delirante sobre ampliación de su plataforma continental, sino una tercera por un presunto incumplimiento del fallo de 2012.
Sin embargo, según lo indicó un informe publicado esta semana por este Diario, Colombia sí comparecerá el próximo 27 de septiembre ante La Haya para replicar las pretensiones nicaragüenses sobre más plataforma continental y para ello ya tiene listo un expediente muy sólido que debe llevar a la Corte a desestimar los propósitos expansionistas de Managua. Aceptar su solicitud no sólo sería un grave atentado contra la soberanía e integridad territorial del Estado colombiano, sino que sentaría un peligroso y desestabilizador precedente en materia de derecho público internacional, al punto que generaría imprevisibles pleitos limítrofes entre muchas naciones que hoy se disputan extensiones marítimas. Además de lo anterior, muchas de los argumentos nicaragüenses se basan en una interpretación errónea y acomodaticia de los mandatos de la Convención del Mar, de la cual Colombia no es signataria.
Lo importante, como se dijo, es que nuestro Estado se defienda. Era lo procedente después de que la Corte admitiera la segunda demanda bajo el argumento de que ese asunto no fue resuelto en el fallo de 2012. La tesis colombiana en torno a que se trataba de una cosa juzgada tampoco prosperó, una razón más para activar una estrategia eficiente de defensa, antes que optar por la riesgosa táctica de la no comparecencia. Hay tesis sólidas y maduradas sobre el uso soberano de esas 200 millas náuticas de la plataforma continental así como de la Zona Económica Exclusiva. Tesis que nos permiten defendernos con la seguridad de que, esta vez, no habrá un fallo lesivo a nuestros intereses. Es claro que este tardará algunos años, pero si la Corte se atiene a su propia jurisprudencia y al acumulado del derecho público internacional, los intereses de nuestro país sobre el Caribe no deben sufrir ningún otro menoscabo adicional al polémico fallo de 2012.
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