Dentro de los detenidos se encuentran jueces, policías, funcionarios, exfuncionarios, contratistas y particulares.

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La captura de 57 personas que estarían involucradas en hechos que atentan contra la administración y la integridad de los recursos públicos fue reportada este miércoles por la Fiscalía al hacer un balance de operativos adelantados a nivel nacional dentro del Plan Bolsillos de Cristal.

A través de un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que la ofensiva contra la corrupción permitió los siguientes logros:

*Desfalco de Juegos Nacionales de Ibagué

En la segunda fase del proceso investigativo para descubrir y castigar a los responsables del robo en los Juegos Nacionales en la capital de Tolima, este miércoles se cumplieron siete capturas entre las que se encuentran:

1. Alias el Chatarrero, quien fuera el representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015.

Se le imputarán los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con el contrato de obra 074 del 11 de marzo de 2015 de la unidad deportiva de la calle 42.

En los 3 allanamientos efectuados a los bienes del Chatarrero, la Fiscalía General de la Nación encontró documentación de importancia, para el avance investigativo y la recuperación del dinero público comprometido, donde aparecen empresas radicadas en Panamá.

2. Exdirector técnico de Typsa: se le imputarán los delitos de interés indebido de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los hechos están relacionados con las irregularidades acaecidas en la etapa de trámite de los concursos de interventoría número 1 y 2 de 2015.

3. Exsecretario de Infraestructura de Ibagué: se le identificaron siete vehículos de carga (tractomulas) que serán objeto de extinción de dominio.

4. Dos abogados de jurídica y el exfinanciero de contratación: se les imputarán los cargos de concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos se relacionan con el contrato de consultoría 1354 de 2013 – estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro.

5. Asesor de Gerencia del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri): se le imputarán los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales como servidor público y en ocasión de  las irregularidades en la etapa de trámite y adjudicación del contrato de obra de la unidad deportiva de la calle 42 con quinta de la ciudad de Ibagué.

La legalización de la captura se realiza en la ciudad de Ibagué desde este mismo miércoles.

Con estas aprehensiones, entre la primera y segunda fase, la Fiscalía ha logrado 14 judicializaciones y se han obtenido cuatro condenas a la fecha.

“La fase III de los Juegos Nacionales de Ibagué concluirá en las próximas semanas, en el propósito de asegurar que la responsabilidad se extiende a todos los responsables de este desafiante caso de corrupción”, aseguró el fiscal Néstor Humberto Martínez.

*Comercialización de vehículos inmovilizados en Bogotá

La Fiscalía adelantó en las últimas horas un operativo contra una organización criminal dedicada a comercializar vehículos que habían sido inmovilizados y puestos a disposición de diferentes juzgados civiles.

De acuerdo con la investigación los automotores vendidos de manera ilegal se encontraban embargados en parqueaderos autorizados por la Dirección Ejecutiva del Consejo Seccional de la Judicatura, en diferentes sectores de Bogotá.

Asimismo se logró establecer que estos vehículos eran retirados sin que mediara decisión alguna al respecto, para cederlos a terceros no autorizados o enajenarlos.

En el desarrollo de esta actividad delincuencial, participaban entre otros los dueños de los parqueaderos y agentes de la Policía Nacional que al parecer alteraban la base de datos Sioper (Sistema de Información Operativo) o inmovilizaban los vehículos de manera irregular.

Se agruparon para esta primera fase 300 denuncias, por hechos que vienen ocurriendo desde el año 2008 a la fecha.

Se solicitaron 23 órdenes de captura que fueron concedidas por los delitos de: concierto para delinquir, fraude a resolución judicial, abuso de confianza calificado y agravado, y usurpación de funciones públicas.

La judicialización de los capturados se adelantará mañana ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá.

*Fraude en adjudicación de predios en Cali

La Fiscalía, con apoyo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía -Dijín-, capturó a 10 personas investigadas por la supuesta adjudicación y aprovechamiento irregular de terrenos.

Entre los capturados hay una juez civil del circuito de Cali, un abogado y varios particulares, quienes serán presentados ante juez de garantías el día de hoy para que respondan por varias actuaciones judiciales ocurridas desde el año 2007.

Al parecer, el reparto estaba manipulado de modo que los abogados sabían de antemano a qué juez correspondería el proceso que radicaban.

Las evidencias recopiladas dan cuenta de la presunta adjudicación fraudulenta de predios en Yumbo (Valle del Cauca), a través de sentencias en las que usó la figura de prescripción agraria sobre inmuebles que no cumplían los requisitos.

Actualmente hay cinco casos asociados a este engranaje de corrupción detectado que, de acuerdo a los indicios, superaría los 40.000 millones de pesos.

Adicional a las 10 personas capturadas, dos exjueces civiles del circuito de Cali serán citados a imputación de cargos.

*Grave corrupción en Buenaventura

Ante un juez de control de garantías y con ocasión de la audiencia pública del pasado 31 de agosto en Cali (Valle del Cauca), la Fiscalía formuló cargos contra nueve personas señaladas de supuestas irregularidades en los procesos de contratación y manejo de los dineros del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura.

Los hechos materia de investigación son de 2016, año desde el cual se habrían presentado anomalías en los procesos contractuales de más de 10.000 millones de pesos que, aparentemente, fueron direccionados a fundaciones sin ánimo de lucro que no contaban con la experiencia necesaria para asumir temas ambientales.

Asimismo, se pudo establecer que la contratación registraría sobrecostos, objetos contractuales ambiguos y a medias, pero puntualmente fue pagado el 100 por ciento de los valores pactados. Según la Fiscalía, en seis de los 70 contratos revisados, que suman 1.225 millones de pesos, se detectó un detrimento de 1.030 millones de pesos. Al parecer, las pérdidas totales de toda la contratación ascenderían al 80 por ciento de los contratos.

Igualmente, la Fiscalía estableció que varios de los integrantes del EPA se habrían beneficiado ilegalmente y serían propietarios de las fundaciones a las que se les entregaron los contratos.

Los procesados son: Jorge Humberto Anizares, exdirector del EPA; Karen Yohana Sinisterra, exsubdirectora Administrativa y Financiera de EPA; Bárbara Rentería, exsubdirectora de Gestión Ambiental de la entidad; Alexander Ocoró, subdirector de Educación Ambiental; y los contratistas Laura Nelly Victoria, Sugey Liliana González, Albeiro Sinisterra, Fernando Páez y Ana Bibiana Amú. Esta última es la representante legal de la Fundación Agroesop.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en contratos y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

*Contrato del Eje Lúdico de Neiva

La Seccional Huila de la Fiscalía logró, en desarrollo del Plan Bolsillos de Cristal, la captura de ocho personas, entre ellas, el alcalde de Neiva (Huila) para el periodo 2008-2011, Héctor Aníbal Ramírez, por incurrir presuntamente en actos de corrupción durante la contratación del Eje Lúdico (parque infantil y ciclovía), cuya primera fase se realizaría en la carrera 16 entre calles 27 y 41 de esa ciudad.

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, peculado por apropiación, deberán responder —además del exmandatario— cuatro exfuncionarios de esa administración.

Se trata de María Amelia Monroy, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal; Alex Fernando Osorio,  exabogado externo; Andrés Felipe Tamayo; y Elica Ximena Gómez. Los tres últimos eran los encargados de revisar, evaluar y conceptuar sobre las ofertas recibidas dentro del proceso licitatorio No.009 de 2011.

Igualmente fueron capturados y judicializados los contratistas Alexánder Herrera, representante legal de la Unión Temporal Eje Lúdico Carrera 1; Camilo Andrés Pérez, representante legal de la empresa Ingearky S.A.S., empresa que hizo parte de la Unión Temporal Eje Lúdico Carrea 16; y Víctor Julio Agudelo, contratista Consorcio Eje Lúdico.

Según la investigación el monto de la defraudación asciende a los 823 millones de pesos.

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