El acuerdo de justicia celebrado entre el Gobierno Santos y las Farc fue denunciado por el Centro Democrático ante la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, con el propósito, según los uribistas, de proteger los derechos de los colombianos víctimas de crímenes atroces y de la población en general. Esta acción jurídica fue hecha por el Partido, respaldado en 1’315.000 firmas de colombianos que piden paz con justicia.

En la denuncia se da a conocer la manera como el acuerdo de Justicia Especial se caracteriza por implementar una justicia transicional con vocación de impedir o anular de forma efectiva, que los responsables de crímenes atroces reciban una sanción penal efectiva, adecuada y proporcional con la naturaleza de sus acciones; acciones que se adecuan en los crímenes de trascendencia internacional.

Se expresa en la denuncia que “tal anulación y aniquilación de una pena real y efectiva de cárcel o prisión o medida de aseguramiento, es constitutivo de una justicia no auténtica respecto a crímenes atroces generando impunidad y violando la garantía de no repetición, al dilucidarse una artificiosa y elucubrada amnistía material o indulto de facto o una ley de los arrepentidos, para las personas responsables de crímenes atroces”.

“Este acuerdo desconoce que el Estatuto de Roma, norma internacional vinculante para Colombia, la jurisprudencia internacional y el derecho internacional penal, establecen que los autores de crímenes atroces deben cumplir penas de pérdida efectiva de la libertad en una prisión o cárcel”, dice el texto de la denuncia.

Según la acción, “el acuerdo transgrede principios esenciales del Derecho Internacional Penal, como lo son: (1) Responsabilidad de mando; (2) Responsabilidad penal individual; (3) Complementariedad, por cuanto en diferentes apartes del acuerdo busca sustraer al individuo de su responsabilidad; (4) Cooperación internacional en el castigo de los culpables, el acuerdo presenta barreras suficientes para que otros países no puedan juzgar a los penalmente responsables de conductas bajo su jurisdicción”.

“El acuerdo les imposibilita a las víctimas de crímenes atroces acceder a un recurso efectivo para invalidar o dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Especial para la Paz”, se expresa en la denuncia.

Se señala también que por la situación presentada, se configuran los presupuestos para que se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad, la Oficina de la Fiscal debe actuar de conformidad al Estatuto de Roma.

Argumentos 

Para los voceros de esta colectividad, el hecho de que se haya decidido "elevar a la categoría de 'acuerdo especial' acuerdos que tratan múltiples materias es usar indebidamente las normas del Derecho Internacional Humanitario" y añadieron que "incorporar al bloque de constitucionalidad esos acuerdos es una violación de la Constitución Nacional y una imposición indebida e inaceptable".

El Centro Democrático aseguró que con la iniciativa que busca la modificación de la Constitución para blindar los acuerdos, "el Congreso se convierte en un actor pasivo y de carácter notarial para aprobar las concesiones del Gobierno a las Farc".

"Reiteramos el llamado a la resistencia civil a esa imposición que desconoce el derecho de los colombianos a decidir si aprueban o rechazan que no haya cárcel para los culpables de los más graves delitos y que tengan elegibilidad política inmediata", agregó.