¿Hasta cuándo podrían seguir delinquiendo las Farc sin correr el riesgo de que pierdan los beneficios jurídicos que establece el acuerdo de paz firmado con el gobierno Santos?

Esa fue la pregunta que ayer generó múltiples reacciones luego de que un vocero de las Farc replicara en términos bastante destemplados un pronunciamiento del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien el martes dijo que todos los delitos que cometan los guerrilleros a partir del próximo lunes, 3 de octubre, es decir un día después de votado el plebiscito, deben ser conocidos por la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Martínez dijo que la Fiscalía entregará oportunamente al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado y “velará celosamente porque sea efectivo el derecho de las víctimas a la no repetición”.

Agregó que “en tal sentido, la Fiscalía ha dispuesto lo pertinente para actuar en el territorio… y judicializará con todo rigor cualquier conducta penal que escape a la palabra empeñada por las partes, en defensa de la integridad de los ciudadanos y de los propios colombianos reincorporados a la vida civil”.

En ese orden de ideas recalcó que “los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final quedan sometidos al régimen ordinario de la ley penal y serán del conocimiento exclusivo de la Fiscalía”.

Puntualizó que “todo delito que se consume con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas y de procedimiento ordinario”.

Según Martínez “frente a delitos que por su naturaleza son de ejecución continuada (reclutamiento de menores, conservación de plantaciones ilícitas, entre otros) iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, serán de competencia de la Fiscalía si se prolongan en el tiempo con posterioridad a dicha vigencia”.

Por último indicó que “el patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado. Sin perjuicio del deber de las autoridades y particularmente de la Fiscalía, de extinguir a favor de la Nación el dominio de tales bienes, debe tenerse presente que cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos de que trata el artículo 323 del Código Penal, además de otras conductas punibles que se puedan configurar”.

Dura réplica de Farc

A la advertencia de Martínez reaccionó duramente las Farc ayer, por intermedio de Jesús Santrich, quien en su cuenta de twitter indicó que el “Fiscal debería ponerse plazo para contarnos sobre sus vínculos con empresas que apoyaron el paramilitarismo”, al tiempo que lo acusó de haber defendido, como abogado, a empresarios que colaboraron con las autodefensas.

Interrogado sobre estos señalamientos, el jefe del ente acusador sólo atinó a replicar que no conocía esos trinos del vocero subversivo pero “si hay algún ataque sería a los acuerdos que ellos celebraron”.

Agregó en otras declaraciones que su pronunciamiento del martes “es justamente el contenido de los acuerdos convenidos entre las Farc y el Gobierno (...) el punto 9 del capítulo de Jurisdicción Especial para la Paz dice que esa jurisdicción solamente conocerá de delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del acuerdo final, lo que quiere significar que con posterioridad a dicha vigencia se recupera la competencia plena de la jurisdicción ordinaria", dijo.

Y acto seguido precisó que no sabía si los guerrilleros tenían reservas con los acuerdos que se firmaron hace dos días.

Sin embargo, hubo varias voces que apoyaron lo afirmado por Martínez en torno a que los delitos que cometan las Farc después de firmado el acuerdo de paz el lunes pasado y votado el plebiscito el domingo próximo, no pueden ser cobijados por la JEP ni recibir las penas laxas que esta contempla para quienes confiesen todos sus crímenes y ayuden a reparar a las víctimas.

Por ejemplo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Margarita Cabello, dijo que “una vez firmado el acuerdo y cumplido el plebiscito, a nuestra manera de ver todo lo que ocurra a partir de allí entra a la justicia ordinaria”.

Apoyo gubernamental

Dentro del Gobierno también hubo apoyos al pronunciamiento del Fiscal General. Por ejemplo, el ex vicepresidente y jefe del equipo negociador en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que le parecía bien que la Fiscalía siguiera persiguiendo los bienes de las Farc.

“Clarísimo, me parece magnífico, es que eso es lo correcto. Nadie puede poseer bienes obtenidos ilegalmente… Farc, paramilitares, corruptos… Estoy completamente de acuerdo”.

Entretanto el senador Roy Barreras, quien también hizo parte de la mesa de negociación gubernamental, indicó que el Fiscal General dijo “lo correcto” y nada distinto a “lo que está en los acuerdos y estos son para cumplirlos”.

Explicó que el cese de fuegos bilateral no sólo es de fuegos sino de hostilidades “lo que significa que termina en serio la extorsión, el secuestro, la comisión de cualquier tipo de delitos para siempre… Ha dicho el Fiscal que si algunos siguen delinquiendo por supuesto la Fiscalía es competente para perseguir esos nuevos delitos”.

En cuanto a la advertencia del Fiscal para que las Farc informen antes de votarse el plebiscito sobre sus bienes, Barreras dijo que “… los acuerdos dejan absolutamente en firme los mecanismos de extinción de dominio… Cualquier bien, antes o después del plebiscito, que sea identificado va a ser objeto de extinción de dominio… Además está previsto como una de las fuentes del Fondo de Tierras”.

Otros juristas y penalistas también indicaron que con la firma del acuerdo de paz y la declaratoria de las partes, hace varias semanas, de un cese el fuego y de hostilidades, era claro que si los guerrilleros siguen delinquiendo, entonces no podrán acceder a los beneficios de la JEP.

“… Si se firmó un acuerdo de paz y las Farc dijeron que se acababa la guerra, es claro que ya no hacen parte del conflicto armado y, por lo tanto, cualquier nuevo delito que cometan no puede ser cobijado por la justicia transicional”, explicó un exministro.

Por último el expresidente y senador Álvaro Uribe se refirió al “cabecilla Santrich y el abogado (Enrique) Santiago, de Farc, con semejante altanería para esconder el dinero ilícito ante el anuncio de la Fiscalía”.