Mañana se realizan en Brasil las elecciones federales y estatales, en las que se vota, entre otros cargos, por gobernadores y vicegobernadores así como por diputados nacionales y regionales. Igualmente se escogerán 5.568 alcaldes y se renovarán los concejos municipales.

Esos comicios cobran gran importancia puesto que, según los analistas, producirán un relevo político tras la estruendosa caída del poder del Partido de los Trabajadores (PT) y sus dos figuran emblemáticas, la recién destituida presidenta Dilma Rousseff y el encausado penalmente expresidente Inacio Lula Da Silva.  Es claro, entonces, que el mapa de poder que reflejen las urnas fortalecerán o debilitarán el gobierno del presidente Michel Temer.

Sin embargo la campaña ha estado salpicada por varios asesinatos e incidentes violentos como consecuencia de la polarización interna. Entre esos hechos lamentables tres personas murieron, varias más fueron heridas, en tanto que los guardaespaldas del vicegobernador estatal José Eliton abatieron a su agresor, durante un confuso incidente en Itumbiaria, en el centro del país.

Las autoridades reportan que otros dirigentes políticos y candidatos han sido asesinados durante la contienda por concejos y alcaldías, al parecer por la lucha originada en las redes de corrupción en torno a los jugosos presupuestos municipales.

En el entre tanto, el escenario político nacional está más que caldeado. Los jerarcas del PT temen la confesión del magnate de la construcción Marcelo Odebrecht, quien busca una rebaja de pena denunciando a sus cómplices en los  gobiernos de izquierda. La campaña se enrareció aún más por la detención de Antonio Palocci, unos de los más destacados y poderosos funcionarios del gobierno Lula, al punto que fue su ministro de Hacienda  y luego exjefe de gabinete en los primeros meses del gobierno Rousseff, tras ser uno de los coordinadores de su campaña presidencial.

Al respecto, la Policía Federal y la Fiscalía dicen que tienen serios indicios de la participación de Palocci en una presunta trama de lavado de dinero en la que estaría implicada la constructora Odebrecht, asunto sobre el que el preso y condenado magnate había guardado silencio. La hipótesis apunta a que por sus negocios el dueño de la primera constructora de Brasil y de la región, señalado de ganar las licitaciones oficiales engordando las alforjas de los altos funcionarios, lo llevó a comprar un banco con la finalidad de mover a sus anchas los dineros para comprar conciencias y contratos. Y como si fuera poco, la justicia detuvo también al exministro de Economía, Guido Mantega,  el jueves pasado en el marco de las pesquisas por los saqueos y sobornos en Petrobras, acusándolo de ser intermediario en el pago de coimas.

Pese a esa crisis política y la judicialización de esas casos de corrupción, que involucran mayoritariamente a los políticos del PT y su coalición, Lula da Silva no se amilana y vuelve a ser un gran agitador de masas con la clara pretensión de buscar que con el apoyo popular en las urnas sea absuelto por sus seguidores y se genera presión sobre los fiscales y jueces que lo investigan.

Los sectores independientes del electorado intentan apoyar candidatos que tengan las manos limpias y se comprometan a combatir la corrupción, pero enfrentan la dificultad de quedar atrapados en medio de la lucha de los más poderosos partidos del país que tienen fuertes maquinarias enquistadas en el poder y las altas finanzas.

En esta recta final el presidente Temer se ha mostrado cauteloso. En lugar de meterse en la caldera electoral, se ha dedicado a gestionar todas sus promesas en materia económica, en especial para conseguir que el capital extranjero retorne a Brasil. Sin embargo, es claro que el fantasma de la operación “Lava Jato” se abate sobre los políticos de todas las tendencias y amenaza la estabilidad del mismo gobierno de Temer, que busca un acuerdo político que garantice la estabilidad política indispensable para reorientar el país.

En medio de un escenario tan móvil, el estamento militar se mantiene neutral en sus cuarteles y apoya el restablecimiento pleno de la justicia y la democracia, lo mismo que las investigaciones de los jueces que se afanan por limpiar los establos de la corrupción en las dependencias oficiales y hombres de empresa. Esa es la principal garantía para que el gigante suramericano vuelva por sus fueros, los mismos que años atrás lo tenían como una de las potencias mundiales emergentes.